![]() |
Son Servera: el Consell dice que la piscina de Pedro J. fomentará la indisciplina urbanística |
(Diario de Mallorca, 15/07/2006)
Para Vicens la legalización del recinto que ocupa un área pública es una decisión "poco seria"
MIQUEL BARCELÓ. MANACOR.
"Urbanismo a la carta". Esta es la definición que para el conseller de Ordenación del Territorio del Consell de Mallorca, Bartomeu Vicens, expresa mejor la decisión del ministerio de Medio Ambiente de regularizar la piscina del editor del diario El Mundo, Pedro J. Ramírez, construida sobre una zona de dominio público y que forma parte del chalet del periodista en Costa dels Pins (Son Servera). Para Vicens, la resolución dictada sobre el caso por el Gobierno central "fomentará la indisciplina urbanística" en una isla "ya muy castigada" por el cemento.
Como se recordará, el ministerio de Medio Ambiente ha aceptado el proyecto de uso público del recinto acuático de Ramírez, porque podrá ser visitado por grupos de menos de 10 escolares de Son Servera los meses de mayo, junio, septiembre y octubre, y dispondrá de carteles didácticos sobre sostenibilidad, además de escudarse en un tema de seguridad por estar el promotor amenazado por ETA.
En declaraciones a DIARIO de MALLORCA, Vicens opina que "la polémica abierta es tercermundista porque hablamos de una propiedad privada que se convierte en pública durante cuatro meses" y con ello cree que "se quiebra el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, y dificulta el trabajo a quienes tenemos la responsabilidad y obligación de aplicar la disciplina urbanística".
Problema iniciado por Matas
Según Vicens, "es cierto que el problema arranca con una decisión totalmente equivocada de Jaume Matas -que cuando fue ministro de Medio Ambiente otorgó la concesión de la piscina a Ramírez-, pero es que la solución del partido socialista es de risa y por supuesto poco seria". En su opinión "las excepcionalidades de la ley sólo deben aplicarse en defensa del interés general de los ciudadanos, nunca en interés de un particular".
La legalización de la piscina de Ramírez supone, para Vicens, un duro golpe "a quienes trabajamos con el máximo esfuerzo por proteger el litoral, ya excesivamente castigado por numerosas ilegalidades". Desde la jefatura del departamento de Ordenación del Territorio del Consell se insiste en que "Mallorca soporta ya demasiada presión urbanística y la solución que desde el Gobierno central han aplicado al problema de la piscina -de Pedro J. Ramírez- no resulta nada ejemplar".
"Es muy difícil instar a un ciudadano, después de multarlo, a derribar un porche o un edificio que no puede legalizar y en cambio a un señor que tiene una edificación en zona de dominio público se le aplica una ley especial y logra legalizarla", añade el principal responsable de ordenación territorial de Mallorca.
Insensibilidad de Madrid
Para Bartomeu Vicens, la polémica abierta por la reciente regularización de la piscina de Pedro J. Ramírez "es un claro exponente de la poca sensibilidad que muestra Madrid ante los problemas de una isla con un litoral sometido a una presión excesiva".
Para Vicens la legalización del recinto que ocupa un área pública es una decisión "poco seria"
MIQUEL BARCELÓ. MANACOR.
"Urbanismo a la carta". Esta es la definición que para el conseller de Ordenación del Territorio del Consell de Mallorca, Bartomeu Vicens, expresa mejor la decisión del ministerio de Medio Ambiente de regularizar la piscina del editor del diario El Mundo, Pedro J. Ramírez, construida sobre una zona de dominio público y que forma parte del chalet del periodista en Costa dels Pins (Son Servera). Para Vicens, la resolución dictada sobre el caso por el Gobierno central "fomentará la indisciplina urbanística" en una isla "ya muy castigada" por el cemento.
Como se recordará, el ministerio de Medio Ambiente ha aceptado el proyecto de uso público del recinto acuático de Ramírez, porque podrá ser visitado por grupos de menos de 10 escolares de Son Servera los meses de mayo, junio, septiembre y octubre, y dispondrá de carteles didácticos sobre sostenibilidad, además de escudarse en un tema de seguridad por estar el promotor amenazado por ETA.
En declaraciones a DIARIO de MALLORCA, Vicens opina que "la polémica abierta es tercermundista porque hablamos de una propiedad privada que se convierte en pública durante cuatro meses" y con ello cree que "se quiebra el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, y dificulta el trabajo a quienes tenemos la responsabilidad y obligación de aplicar la disciplina urbanística".
Problema iniciado por Matas
Según Vicens, "es cierto que el problema arranca con una decisión totalmente equivocada de Jaume Matas -que cuando fue ministro de Medio Ambiente otorgó la concesión de la piscina a Ramírez-, pero es que la solución del partido socialista es de risa y por supuesto poco seria". En su opinión "las excepcionalidades de la ley sólo deben aplicarse en defensa del interés general de los ciudadanos, nunca en interés de un particular".
La legalización de la piscina de Ramírez supone, para Vicens, un duro golpe "a quienes trabajamos con el máximo esfuerzo por proteger el litoral, ya excesivamente castigado por numerosas ilegalidades". Desde la jefatura del departamento de Ordenación del Territorio del Consell se insiste en que "Mallorca soporta ya demasiada presión urbanística y la solución que desde el Gobierno central han aplicado al problema de la piscina -de Pedro J. Ramírez- no resulta nada ejemplar".
"Es muy difícil instar a un ciudadano, después de multarlo, a derribar un porche o un edificio que no puede legalizar y en cambio a un señor que tiene una edificación en zona de dominio público se le aplica una ley especial y logra legalizarla", añade el principal responsable de ordenación territorial de Mallorca.
Insensibilidad de Madrid
Para Bartomeu Vicens, la polémica abierta por la reciente regularización de la piscina de Pedro J. Ramírez "es un claro exponente de la poca sensibilidad que muestra Madrid ante los problemas de una isla con un litoral sometido a una presión excesiva".
Algunos partidos recurrirán la resolución
La orden ministerial que regula el uso privado y público de la piscina de Pedro J. Ramírez en Costa dels Pins será recurrida por algunos de los partidos con representación en el Congreso como ERC y EU-ICV. Este será, en principio, uno de los anuncios que se efectuarán en la rueda de prensa convocada para este mediodía (12 horas) en Costa dels Pins frente a la casa del editor de El Mundo. Se espera la asistencia de Joan Puig, diputado en el Congreso por ERC, y que ha sido imputado por la justicia por participar en el asalto a la piscina el pasado verano (13 de agosto). La convocatoria informativa puede ir acompañada de algún tipo de protesta desde los grupos que han expresado su total disconformidad con la legalización de la piscina. No faltaban ayer los rumores sobre una posible acción de la organización ecologista Greenpeace.
El Lobby per a la Independència, una de las organizaciones afines a ERC, remarcaba que estamos un problema que se va a "internacionalizar". "Si no lo ponen a raya -en referencia a Pedro J. Ramírez- no quedará más remedio que pedir auxilio a Europa", declaró Jaume Sastre. Desde ERC se va a intentar llevar la cuestión al Parlamento Europeo. A nivel insular el malestar es patente en todos los grupos de la izquierda política. En el PSOE de Son Servera no se descarta la dimisión de algunos ediles en señal de protesta. El propio portavoz municipal, Josep Barrientos, ha criticado duramente al PSOE de Madrid y está dispuesto a dimitir.