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Deià: el PSM exige cumplir las sentencias de demolición de los 4 chalés de Llucalcari |
(El Mundo, 7/07/2006)
P. N.
DEIÀ.- El PSM y la Agrupación Deià exigieron ayer al Ayuntamiento a que cumpla con las reiteradas sentencias desde 1992 -tanto del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares como del Tribunal Supremo- que obligan a la demolición de los cuatro chalés construidos en una zona protegida del llogaret de Llucalcari.
El último auto, en marzo de 2005, ratificaba la orden de derribo de las casas desestimando el recurso interpuesto por el Consistorio y la sociedad mercantil Bancals S.A, que defendían su legalidad. Finalmente, en febrero de este año, la Administración local aceptó en un Pleno acatar la setencia y anuló las licencias. Se aprobó por unanimidad un requerimiento que se remitió al Govern, al Consell de Mallorca y al Tribunal. Aunque todavía no hay pronunciamiento alguno por parte de las administraciones públicas, dijo el alcalde popular Jaume Crespí, recordando que se solicitaba al Ejecutivo balear, entre otros aspectos, «que se hiciera cargo de su responsabilidad». Crespí señaló que cuando se concedieron los permisos de obras (entre 1985-1987) se contaba con los «informes favorables vinculantes» de la Comisión Provincial de Urbanismo, entonces dependiente del Govern y hoy competencia del Consell.
Así pues, el primer edil manifestó que se está a la espera de la respuesta del Govern.
No obstante, Antoni Alorda (PSM) y la regidora de Deià, Maria Ignacia Pérez, insistieron en que las sentencias «no pueden quedarse sin cumplir» criticando que el Ayuntamiento «ha hecho todo lo posible para retrasar la ejecución de la sentencia y legalizar las contrucciones». El portavoz del PSM, quien subrayó que es un tema que lleva coleando 20 años, anunció la intención de su partido de interpelar al conseller de Medio Ambiente, Jaume Font, acerca de qué hará el Govern al respecto e instarán a la institución insular a implicarse a través de una moción. Pese a que «hasta ahora el conseller insular Tomeu Vicens se ha negado», aseguró Alorda.
Ambos políticos explicaron que las obras tienen licencia municipal y el responsable es el Consistorio, así como el Ejecutivo autonómico. Además añadieron que esta situación «puede dar lugar a indemnizaciones por parte de los propietarios, tal y como ya lo ha solicitado uno de ellos».
P. N.
DEIÀ.- El PSM y la Agrupación Deià exigieron ayer al Ayuntamiento a que cumpla con las reiteradas sentencias desde 1992 -tanto del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares como del Tribunal Supremo- que obligan a la demolición de los cuatro chalés construidos en una zona protegida del llogaret de Llucalcari.
El último auto, en marzo de 2005, ratificaba la orden de derribo de las casas desestimando el recurso interpuesto por el Consistorio y la sociedad mercantil Bancals S.A, que defendían su legalidad. Finalmente, en febrero de este año, la Administración local aceptó en un Pleno acatar la setencia y anuló las licencias. Se aprobó por unanimidad un requerimiento que se remitió al Govern, al Consell de Mallorca y al Tribunal. Aunque todavía no hay pronunciamiento alguno por parte de las administraciones públicas, dijo el alcalde popular Jaume Crespí, recordando que se solicitaba al Ejecutivo balear, entre otros aspectos, «que se hiciera cargo de su responsabilidad». Crespí señaló que cuando se concedieron los permisos de obras (entre 1985-1987) se contaba con los «informes favorables vinculantes» de la Comisión Provincial de Urbanismo, entonces dependiente del Govern y hoy competencia del Consell.
Así pues, el primer edil manifestó que se está a la espera de la respuesta del Govern.
No obstante, Antoni Alorda (PSM) y la regidora de Deià, Maria Ignacia Pérez, insistieron en que las sentencias «no pueden quedarse sin cumplir» criticando que el Ayuntamiento «ha hecho todo lo posible para retrasar la ejecución de la sentencia y legalizar las contrucciones». El portavoz del PSM, quien subrayó que es un tema que lleva coleando 20 años, anunció la intención de su partido de interpelar al conseller de Medio Ambiente, Jaume Font, acerca de qué hará el Govern al respecto e instarán a la institución insular a implicarse a través de una moción. Pese a que «hasta ahora el conseller insular Tomeu Vicens se ha negado», aseguró Alorda.
Ambos políticos explicaron que las obras tienen licencia municipal y el responsable es el Consistorio, así como el Ejecutivo autonómico. Además añadieron que esta situación «puede dar lugar a indemnizaciones por parte de los propietarios, tal y como ya lo ha solicitado uno de ellos».