(Diario de Ibiza, 5/07/2006)

El juez Juan Carlos Torres tomó ayer declaración en calidad de imputados a los cuatro concejales que votaron a favor de la licencia de obras para la mansión de Michael Cretu, en la cima de un monte protegido de Santa Agnès. Este permiso fue declarado ilegal por los tribunales y la Fiscalía considera que pudo haber, además, una actuación delictiva por parte de los ediles que aprobaron la licencia, ya que habían sido previamente advertidos de su ilegalidad. El ex alcalde declarará en los próximos días, si el juez no cambia antes de opinión, ya que anunció que estudiará «si se revisa o no» su imputación.

Eivissa | Joan Lluís Ferrer
Los cuatro concejales que, junto al alcalde Antonio Marí Tur, formaban en 1996 la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Sant Antoni que votó favorablemente la concesión de la licencia de obras para la mansión de Michel Cretu, defendieron en todo momento la plena legalidad de su actuación ante el juez Juan Carlos Torres. Esta comparecencia se inscribe dentro de las diligencias penales abiertas por la Fiscalía de Eivissa y la de Balears por un presunto delito urbanístico en el otorgamiento de este permiso en una zona donde ello estaba prohibido, dentro de un área de estricta protección medioambiental por sus valores ecológicos, y cuya ilegalidad había sido advertida reiteradamente por los ecologistas del GEN y por los vecinos con antelación.

La ex concejala de Urbanismo, Blanca Castiella, y los también concejales José Ramón Serra, Pilot; José Prats Cardona y José Cardona Cardona, Parentona, acudieron sin la compañía de su entonces alcalde, Antonio Marí Tur, cuya comparecencia quedó suspendida por coincidirle la jornada de ayer con sesión plenaria en el Parlament balear, donde es diputado.

Castiella dijo a la salida del juzgado que votaron a favor de esta licencia -declarada ilegal por los tribunales en sentencia firme- «en base a los informes favorables que teníamos, y si son favorables, tengo la obligación de dar la licencia». «Todos eran favorables e incluso teníamos muchos más de los que eran preceptivos», añadió.

Al ser preguntada sobre si tales informes incluían el dato de que la casa proyectada iba a situarse en la cima de la montaña -declarada inedificable por la ley-, la ex concejala respondió: «No sé, no recuerdo si se aludía a este aspecto, pero eran favorables en toda su extensión».

Tampoco aclaró este aspecto ante los periodistas el abogado que los representa, Eduardo Valdivia, quien contestó: «No lo puede decir ahora, porque no tengo delante el proyecto, pero se remitió íntegramente al Consell y a la Comisión Insular de Urbanismo y se dieron informes favorables a la integridad del proyecto».

El juez no descarta revisar la imputación de Marí Tur

Eivissa | J. LL. F.
La ausencia de la Fiscalía en el interrogatorio de ayer a cuatro concejales imputados por el caso Cretu fue acogida con evidente malestar tanto por los abogados que representaban a los ediles y con extrañeza por parte del propio juez, Juan Carlos Torres.

Comentando este hecho con los periodistas, el magistrado admitió que «tal vez haya habido preguntas que no se han hecho en este interrogatorio», en probable alusión a la ausencia del fiscal.

Añadió que «a la vista del resultado del interrogatorio habrá que plantearse la revisión o no de la toma de declaración como imputado a Antonio Marí Tur», y recordó que la defensa ha anunciado que pedirá el archivo de las diligencias.

Eduardo Valdivia, a la salida de la comparecencia, afirmó que es «absolutamente inexplicable que el fiscal pida la imputación de una comisión de gobierno y no comparezca en su interrogatorio; no sé qué explicación coherente puede dar».

También alguno de los concejales hizo comentarios alusivos a esta ausencia.

El fiscal Antonio Torres afirmó que otras ocupaciones profesionales le impidieron ayer acudir a la toma de declaración. «Supongo que el juez hará bien su trabajo. Confío en que habrá hecho el interrogatorio como corresponde», explicó.

«Confundir una ilegalidad administrativa con un delito penal es una barbaridad»

Eivissa | J. LL. F.
El abogado que representa a los imputados por el caso Cretu, el mallorquín Eduardo Valdivia -que también lo es del alcalde de Sant Josep, José Serra Escandell, en sus asuntos penales-, resaltó que «el interrogatorio ha servido para constatar que efectivamente la licencia se dio con todo tipo de informes técnicos favorables».

Valdivia recalcó que «desde el punto de vista administrativo, puede ser» que se haya cometido una ilegalidad, «pero no desde el punto de vista penal». «Confundir una ilegalidad administrativa con una ilegalidad penal es una barbaridad jurídica», agregó.

En un interrogatorio en el que no estuvo presente el fiscal -pero sí en cambio el abogado que representa a Michael Cretu, Jaume Roig-, Valdivia añadió que «si cada vez que se anula algo desde el punto de vista administrativo hemos de cerrar a quien ha dictado esta resolución, no habría ningún alcalde, ningún ministro, ningún presidente de gobierno de ninguna entidad pública que estuviera en libertad. Todos estarían en la prisión».

El abogado fue más lejos en su comparación cuando señaló: «Si hemos de llevar a la cárcel por prevaricación a todos los jueces que han visto revocadas sus sentencias por un tribunal superior, no habría ningún juez en libertad, y si tuviéramos que encerrar a los fiscales cada vez que han perdido una postulación acusatoria, no habría ningún fiscal en libertad, ni ningún abogado».

Archivo de las diligencias

Eduardo Valdivia explicó que el ex alcalde, Antonio Marí Tur, no había podido acudir a declarar ayer por tener sesión en el Parlament «y espero que no tenga que venir, porque entre mañana [hoy para el lector] y pasado mañana [por mañana] pediremos el archivo del procedimiento».

El letrado Jaume Roig, por su parte, se sumó a esta petición y abogó por «el archivo inmediato de este caso. Es lo único que procede. Es lamentable que se criminalicen tanto unas cuestiones que no tienen más alcance».

El otro de los integrantes de la comisión de gobierno de 1996, José Juan Ferrer, Blai, no ha sido citado a declarar como imputado porque el día en que se celebró esa reunión él no se encontraba presente en la misma por estar de viaje.