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«Baleares tendrá un fiscal especial contra la corrupción urbanística» |
(El Mundo, 1/07/2006)
Pumpido avisa que irán contra los promotores que arrasan el paisaje
M. A. RUIZ
PALMA.- Durante su participación en EL FORO de EL MUNDO de Baleares, Cándido Conde-Pumpido anunció que su departamento creará en Baleares una delegación de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, para perseguir los casos de corrupción urbanística como el que se ha saldado con la disolución del Ayuntamiento de Marbella.
Pero advirtió que la investigación de este tipo de delitos debe quedar al margen de las «contiendas partidistas», pues los ciudadanos, añadió, «no pagan el sueldo a los fiscales para mover sillas o escaños, ni para facilitar que otros los muevan. Los tribunales de Justicia y el Ministerio Fiscal», añadió, «no son terreno propio para hacer política, ni pueden ser agentes de los intereses partidistas».
En la conferencia, Conde-Pumpido reconoció que un lugar como Baleares es especialmente sensible a la corrupción urbanística. «El excepcional patrimonio natural y la riqueza histórica que atesoran las Islas», indicó al respecto, «merece sin duda alguna un atención extrema por parte del Ministerio Fiscal».
De hecho, añadió, la Fiscalía de Baleares ha sido «uno de los embriones fundamentales del desarrollo de la especialidad de medio ambiente». Conde-Pumpido confió que la creación de una delegación propia de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, con medios materiales y humanos adecuados, sirva para «erradicar en lo posible de la sociedad balear esa especie de cáncer de nuestra economía que es el lucro ilimitado de algunos delincuentes a costa del hábitat natural que deberían poder disfrutar nuestros hijos».
Un "cáncer" de la economía
El Ministerio Fiscal «no está dispuesto a tolerar, porque la Constitución así lo exige», añadió, «que la falsa moneda de una aparente prosperidad económica, basada en el mercadeo urbanístico hipertrófico y artificial y, lo que es peor, delictivo, compre, venda o hipoteque el bienestar de las generaciones futuras».
Pero para ello es preciso, tanto en los casos de corrupción como en los de terrorismo, el máximo respeto a la independencia de la Fiscalía, declaró durante su conferencia en el hotel Gran Meliá Victoria. Conde-Pumpido se lamentó de que el Ministerio Público tenga que soportar con frecuencia «la crítica [a sus decisiones], esté o no fundada -que a veces lo está y otras muchas no-, escuchar consejos carentes del más mínimo rigor jurídico, y padecer análisis aparentemente doctos».
«El juego de las críticas y los halagos no puede», dijo, «torcer la vara de la Justicia. Y que conste que, en mi opinión, para la independencia del juez o la imparcialidad del fiscal es infinitamente más peligroso el halago que la crítica».
El fiscal general del Estado efectuó estas reflexiones al hilo de la segunda fase de la Operación Malaya, que se ha saldado con la detención de una docena de ex concejales del Ayuntamiento de Marbella y otros tantos empresarios, buena parte de ellos del sector de la construcción.
Un Ayuntamiento, el de Marbella, señaló, que «estaba presuntamente parasitado por una auténtica organización criminal dedicada, entre otras cosas, a la expoliación de los recursos financieros municipales derivados de los usos urbanísticos».
Pumpido avisa que irán contra los promotores que arrasan el paisaje
M. A. RUIZ
PALMA.- Durante su participación en EL FORO de EL MUNDO de Baleares, Cándido Conde-Pumpido anunció que su departamento creará en Baleares una delegación de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, para perseguir los casos de corrupción urbanística como el que se ha saldado con la disolución del Ayuntamiento de Marbella.
Pero advirtió que la investigación de este tipo de delitos debe quedar al margen de las «contiendas partidistas», pues los ciudadanos, añadió, «no pagan el sueldo a los fiscales para mover sillas o escaños, ni para facilitar que otros los muevan. Los tribunales de Justicia y el Ministerio Fiscal», añadió, «no son terreno propio para hacer política, ni pueden ser agentes de los intereses partidistas».
En la conferencia, Conde-Pumpido reconoció que un lugar como Baleares es especialmente sensible a la corrupción urbanística. «El excepcional patrimonio natural y la riqueza histórica que atesoran las Islas», indicó al respecto, «merece sin duda alguna un atención extrema por parte del Ministerio Fiscal».
De hecho, añadió, la Fiscalía de Baleares ha sido «uno de los embriones fundamentales del desarrollo de la especialidad de medio ambiente». Conde-Pumpido confió que la creación de una delegación propia de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, con medios materiales y humanos adecuados, sirva para «erradicar en lo posible de la sociedad balear esa especie de cáncer de nuestra economía que es el lucro ilimitado de algunos delincuentes a costa del hábitat natural que deberían poder disfrutar nuestros hijos».
Un "cáncer" de la economía
El Ministerio Fiscal «no está dispuesto a tolerar, porque la Constitución así lo exige», añadió, «que la falsa moneda de una aparente prosperidad económica, basada en el mercadeo urbanístico hipertrófico y artificial y, lo que es peor, delictivo, compre, venda o hipoteque el bienestar de las generaciones futuras».
Pero para ello es preciso, tanto en los casos de corrupción como en los de terrorismo, el máximo respeto a la independencia de la Fiscalía, declaró durante su conferencia en el hotel Gran Meliá Victoria. Conde-Pumpido se lamentó de que el Ministerio Público tenga que soportar con frecuencia «la crítica [a sus decisiones], esté o no fundada -que a veces lo está y otras muchas no-, escuchar consejos carentes del más mínimo rigor jurídico, y padecer análisis aparentemente doctos».
«El juego de las críticas y los halagos no puede», dijo, «torcer la vara de la Justicia. Y que conste que, en mi opinión, para la independencia del juez o la imparcialidad del fiscal es infinitamente más peligroso el halago que la crítica».
El fiscal general del Estado efectuó estas reflexiones al hilo de la segunda fase de la Operación Malaya, que se ha saldado con la detención de una docena de ex concejales del Ayuntamiento de Marbella y otros tantos empresarios, buena parte de ellos del sector de la construcción.
Un Ayuntamiento, el de Marbella, señaló, que «estaba presuntamente parasitado por una auténtica organización criminal dedicada, entre otras cosas, a la expoliación de los recursos financieros municipales derivados de los usos urbanísticos».