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Santa Eulària: IU pide al juez dos años de cárcel para Vicente Guasch por el caso ses Torres |
(Diario de Ibiza, 6/06/2006)
La acusación presenta su solicitud de pena para el alcalde de Santa Eulària, su asesor, el concejal de Urbanismo, la ex arquitecta, el aparejador y el promotor. Solicita 500.000 euros de fianza para la restitución del terreno
EIVISSA | J. Ll. Ferrer
La acusación popular del caso de ses Torres de Talamanca -la urbanización que el Ayuntamiento de Santa Eulària aprobó en suelo rústico-, que ejerce Izquierda Unida (IU), ha presentado ante el juzgado que lleva el caso su solicitud formal de convocatoria de juicio, en el que se piden penas de cárcel para todos y cada uno de los principales implicados, en concreto, el alcalde, Vicente Guasch; el dueño de la promotora, Germán Vázquez; la ex arquitecta municipal, Raquel García; el concejal de Urbanismo, Vicente Riera Noguera; el aparejador municipal, Vicente Marí, y el asesor jurídico del Ayuntamiento, José María Roig Vich.
A todos ellos Izquierda Unida los considera «responsables en concepto de autores» de un delito de prevaricación urbanística y pide para cada uno dos años de prisión, así como diez de inhabilitación especial, salvo en el caso de Germán Vázquez, al que se piden dos años de inhabilitación, además de otros tantos de prisión.
El coordinador general de IU en Balears y diputado autonómico ibicenco por esta formación, Miquel Ramón, anunció que «se está llegando ya al final de la instrucción». A partir de ahora, sólo falta que la Fiscalía presente su respectiva petición para los imputados y que la juez convoque juicio oral, si antes no archiva las diligencias, eventualidad que IU considera «extremadamente improbable a estas alturas».
Izquierda Unida señala en su escrito que «los acusados conocían que los referidos terrenos no podían ser urbanizados, como si de suelo urbano se tratara, ya que en el vigente Plan General de Ordenación urbana del municipio aprobado el 23 de octubre de 1981, estaban clasificados como suelo de reserva urbana y rústico».
La decisión de urbanizar esos terrenos «fue fruto de un llamado "pacto de caballeros" en una reunión celebrada en el año 2000 entre los acusados Vicente Guasch y Germán Vázquez. En la citada reunión también se hallaba presente, entre otros, el acusado José María Roig Vich».
En dicha reunión, prosigue el escrito de acusación, «se llegó al ilícito acuerdo por el cual el alcalde permitiría a Lloma Talamanca SL urbanizar los terrenos (...) a cambio de que la entidad promotora entregara a la Corporación municipal unos terrenos cercanos».
«Concebido el plan, sólo les quedaba a los acusados su ejecución. Y para ello montaron el siguiente andamiaje jurídico con clara y patente vulneración de la legalidad urbanística», añade. Ese «andamiaje jurídico», que se basó en el Plan de Delimitación de Suelos Urbanos (PDSU) declarado ilegal, consistió en la sucesiva aprobación por el Ayuntamiento de un estudio de detalle, del proyecto de urbanización y de la licencia de parcelación. «Los acusados actuaron a sabiendas de que dichos instrumentos contradecían de forma flagrante y grosera la legalidad urbanística», añade.
Por otra parte, la acusación pide al juez que exija a los acusados el pago de 500.000 euros para devolver el terreno a su anterior estado natural. Esta cantidad «deberá ser depositada en la forma establecida por la ley ante este juzgado y en el plazo que determine, advirtiéndoles que de no hacerlo, se procederá por la vía de apremio al embargo de sus bienes hasta cubrir dicha suma».
La acusación presenta su solicitud de pena para el alcalde de Santa Eulària, su asesor, el concejal de Urbanismo, la ex arquitecta, el aparejador y el promotor. Solicita 500.000 euros de fianza para la restitución del terreno
EIVISSA | J. Ll. Ferrer
La acusación popular del caso de ses Torres de Talamanca -la urbanización que el Ayuntamiento de Santa Eulària aprobó en suelo rústico-, que ejerce Izquierda Unida (IU), ha presentado ante el juzgado que lleva el caso su solicitud formal de convocatoria de juicio, en el que se piden penas de cárcel para todos y cada uno de los principales implicados, en concreto, el alcalde, Vicente Guasch; el dueño de la promotora, Germán Vázquez; la ex arquitecta municipal, Raquel García; el concejal de Urbanismo, Vicente Riera Noguera; el aparejador municipal, Vicente Marí, y el asesor jurídico del Ayuntamiento, José María Roig Vich.
A todos ellos Izquierda Unida los considera «responsables en concepto de autores» de un delito de prevaricación urbanística y pide para cada uno dos años de prisión, así como diez de inhabilitación especial, salvo en el caso de Germán Vázquez, al que se piden dos años de inhabilitación, además de otros tantos de prisión.
El coordinador general de IU en Balears y diputado autonómico ibicenco por esta formación, Miquel Ramón, anunció que «se está llegando ya al final de la instrucción». A partir de ahora, sólo falta que la Fiscalía presente su respectiva petición para los imputados y que la juez convoque juicio oral, si antes no archiva las diligencias, eventualidad que IU considera «extremadamente improbable a estas alturas».
Izquierda Unida señala en su escrito que «los acusados conocían que los referidos terrenos no podían ser urbanizados, como si de suelo urbano se tratara, ya que en el vigente Plan General de Ordenación urbana del municipio aprobado el 23 de octubre de 1981, estaban clasificados como suelo de reserva urbana y rústico».
La decisión de urbanizar esos terrenos «fue fruto de un llamado "pacto de caballeros" en una reunión celebrada en el año 2000 entre los acusados Vicente Guasch y Germán Vázquez. En la citada reunión también se hallaba presente, entre otros, el acusado José María Roig Vich».
En dicha reunión, prosigue el escrito de acusación, «se llegó al ilícito acuerdo por el cual el alcalde permitiría a Lloma Talamanca SL urbanizar los terrenos (...) a cambio de que la entidad promotora entregara a la Corporación municipal unos terrenos cercanos».
«Concebido el plan, sólo les quedaba a los acusados su ejecución. Y para ello montaron el siguiente andamiaje jurídico con clara y patente vulneración de la legalidad urbanística», añade. Ese «andamiaje jurídico», que se basó en el Plan de Delimitación de Suelos Urbanos (PDSU) declarado ilegal, consistió en la sucesiva aprobación por el Ayuntamiento de un estudio de detalle, del proyecto de urbanización y de la licencia de parcelación. «Los acusados actuaron a sabiendas de que dichos instrumentos contradecían de forma flagrante y grosera la legalidad urbanística», añade.
Por otra parte, la acusación pide al juez que exija a los acusados el pago de 500.000 euros para devolver el terreno a su anterior estado natural. Esta cantidad «deberá ser depositada en la forma establecida por la ley ante este juzgado y en el plazo que determine, advirtiéndoles que de no hacerlo, se procederá por la vía de apremio al embargo de sus bienes hasta cubrir dicha suma».
Advertencias desoídas por el alcalde
Eivissa | J. Ll. F.
El motivo por el cual la acusación popular sostiene que Vicente Guasch y el resto de acusados tenían perfecto conocimiento de la ilegalidad de la urbanización aprobada en ses Torres radica en varios hechos que se detallan en el escrito elevado al juzgado de instrucción número 4 de Eivissa.
En primer lugar, «conocían que, según la sentencia de 1997 dictada por la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), los referidos terrenos debían ser excluidos del suelo clasificado como urbano y que, en consecuencia, no podían ser urbanizados mediante un proyecto de urbanización, estudio de detalle y licencias de parcelación y segregación, al estar clasificados en el PGOU como suelo de reserva urbana y rústico».
También tenía conocimiento de la ilegalidad «por los requerimientos y acuerdos del Consell Insular dirigidos al alcalde de Santa Eulària en 2001, instando al Ayuntamiento a que revisara de oficio y declarara nulos los acuerdos municipales» de aprobación de esta urbanización.
«Dichos requerimientos y acuerdos fueron desoídos por los acusados, quienes en sus respectivos cometidos, continuaron sus torticeros planes hasta completar una auténtica urbanización, dotada de todas las infraestructuras y servicios propios del suelo urbano e incluso con apertura de viales en suelo rústico», añade el escrito de acusación.