 |
Ses Salines: saltos para sortear la legalidad |
(Diario de Mallorca, 25/05/2006)
El intento del ex alcalde de ses Salines de reconvertir dos edificios particulares implica a once ayuntamientos del PP
Desde el pasado 7 de abril y hasta el 31 de este mes los juzgados de Palma, Inca y Manacor toman declaración a un total de 13 imputados, 11 alcaldes y ediles del PP y dos funcionarios, para esclarecer el caso Caballistas, el intento del ex alcalde de ses Salines, Sebastián Vidal, de legalizar su vivienda con certificados municipales supuestamente falsos emitidos por compañeros de cargo y partido en otros ayuntamientos.
MIQUEL BARCELÓ. MANACOR.
El caso Caballistas, destapado por DIARIO de MALLORCA el 12 de julio de 2005, empieza a galopar por la vía judicial. La causa abierta se sustenta en la expedición de certificados supuestamente falsos -con la firma de once alcaldes y ediles del PP-, utilizados para intentar legalizar como club hípico la casa y cuadras en terreno rústico del alcalde de ses Salines, Sebastián Vidal (PP), dimitido del cargo dos meses después de estallar el escándalo. En los citados documentos, los firmantes aseguran que la Agrupació Cavallista de ses Salines actúa en sus respectivos municipios "de forma habitual" desde 1994 y 1995, cuando resulta que la entidad deportiva se constituyó en 2001. La denuncia de los hechos a cargo de un vecino de Manacor y del PSOE de Felanitx ha supuesto la intervención del fiscal anticorrupción, Juan Carrau, y la posterior imputación por un presunto delito de falsedad documental de trece personas: los once políticos del PP signatarios de los certificados, el celador de obras de ses Salines, Sebastián Escalas, y el secretario municipal de Campos, Sebastià Portell.
El caso urbanístico arranca en la solicitud que el ayuntamiento de ses Salines presentó ante el Consell (22 de febrero de 2005) con el fin de que se declarara de interés general el proyecto de club social en la parcela 21 del polígono 9 (finca conocida como na Fonda), tramitado por la Agrupació Cavallista. En este solar rústico se ubica una casa (322 metros cuadrados) y unas cuadras ilegales (208 metros cuadrados) propiedad del ahora ex alcalde saliner, quien con anterioridad fracasó en su intento de legalizar como naves agrícolas estas construcciones.
En su tramitación, el proyecto de sede hípica contó con informes favorables de hasta cuatro conselleries: Agricultura, Presidencia y Deportes, Turismo, y Medio Ambiente. Los documentos de estos departamentos fueron evacuados con una celeridad sorprendente, entre el 9 de marzo (fecha de solicitud) y el 15 de abril de 2005. La conselleria de Turismo avaló el interés general del club caballista porque su proyecto "contribuye a la reactivación económica y social de las zonas y núcleos del interior".
Mayor agilidad y diligencia administrativa demostró el celador municipal de obras de ses Salines que en menos de cuatro horas a partir de su solicitud emitió, el 4 de enero de 2005, un certificado de antigüedad de la casa de Vidal. Curiosamente, en su informe técnico no se refirió a la existencia de las cuadras, que ocupan 208 metros cuadrados. En su reciente declaración ante el juez dijo que no vio la nave.
El proyecto de club hípico fue redactado por Juan Serra, hermano del teniente de alcalde Rafel Serra (PP). Los planos y la memoria descriptiva de los mismos se acompañan del informe del celador, el del Ayuntamiento -rubricado por Rafel Serra-, y once certificados municipales.
Con todos los documentos preceptivos, el Consell concedió el interés general al proyecto de club hípico. El acuerdo fue publicado en el BOIB de 30 de junio de 2005, observando que "la planta baja destinada a club social no podrá destinarse a usos que comporten vivienda".
El 11 de julio un agente de la Policía Local indicó a este rotativo que el primer edil residía en la casa de na Fonda. Ese mismo día Vidal aseguró:"Yo vivo en la plaza de Sant Bartomeu, todos los saliners lo saben". El 18 de julio, a las 6,50 de la mañana, este periódico pudo comprobar como Sebastián Vidal salía del interior de la vivienda de na Fonda, con la vestimenta y el aspecto de haber pasado la noche en esta posada.
El 3 de agosto todos los alcaldes firmantes de los certificados consultados por DIARIO de MALLORCA dijeron no recordar quién solicitó el documento. Poco a poco, en días sucesivos, varios de los aludidos empezaron a reconocer que había sido el propio Vidal quien de forma verbal les había solicitado el certificado, pero que en ningún caso había especificado el objeto del mismo. Ese mismo día, el servicio de inspección del Consell visitó la finca de na Fonda, pero le fue denegado el acceso. Tres días más tarde los inspectores pudieron acceder a las instalaciones de la supuesta sede hípica y verificar que se trataba de una vivienda a pesar de la falta de las tapas de enchufes e interruptores de luz y grifos. Para entonces, Vidal ya se había mudado a la casa de un familiar en Campos.
Presionado por su partido y por algunos alcaldes involucrados directamente en el escándalo, Sebastián Vidal dimitía del cargo el 16 de septiembre de 2005 "por cuestiones personales", según su escrito de cese. En cambio, el pasado día 7, ante el juez motivó su marcha en "toda la trama que salía continuamente en la prensa".
El alcalde de sa Pobla, Antoni Serra, ha sido el primer edil popular en reconocer el "error de firmar un documento sin examinar antes su contenido y finalidad". En su caso, el certificado se lo despachó un edil de su propio partido. Serra se autorreprobó espetando: "Vaja en quin merder m´ha ficat" Sebastián Vidal.
En paralelo a la vía judicial, que deberá delimitar las responsabilidades de los alcaldes que certificaron actividades de un club hípico inexistente, el Consell ha dado curso a la declaración de nulidad del acuerdo que concedía el interés general al proyecto de la Agrupació Cavallista y que habría legalizado dos edificios rústicos del primer mandatario de ses Salines.
Las repercusiones políticas pueden tener un elevado alcance si los encausados fueran condenados e inhabilitados por falsificación documental. La cascada de declaraciones de alcaldes y ediles del PP ante los jueces que se inicia hoy en Inca y continuará en Manacor pretende desenredar un caso que ya lleva casi un año pisoteando el buen nombre de ses Salines.
El intento del ex alcalde de ses Salines de reconvertir dos edificios particulares implica a once ayuntamientos del PP
Desde el pasado 7 de abril y hasta el 31 de este mes los juzgados de Palma, Inca y Manacor toman declaración a un total de 13 imputados, 11 alcaldes y ediles del PP y dos funcionarios, para esclarecer el caso Caballistas, el intento del ex alcalde de ses Salines, Sebastián Vidal, de legalizar su vivienda con certificados municipales supuestamente falsos emitidos por compañeros de cargo y partido en otros ayuntamientos.
MIQUEL BARCELÓ. MANACOR.
El caso Caballistas, destapado por DIARIO de MALLORCA el 12 de julio de 2005, empieza a galopar por la vía judicial. La causa abierta se sustenta en la expedición de certificados supuestamente falsos -con la firma de once alcaldes y ediles del PP-, utilizados para intentar legalizar como club hípico la casa y cuadras en terreno rústico del alcalde de ses Salines, Sebastián Vidal (PP), dimitido del cargo dos meses después de estallar el escándalo. En los citados documentos, los firmantes aseguran que la Agrupació Cavallista de ses Salines actúa en sus respectivos municipios "de forma habitual" desde 1994 y 1995, cuando resulta que la entidad deportiva se constituyó en 2001. La denuncia de los hechos a cargo de un vecino de Manacor y del PSOE de Felanitx ha supuesto la intervención del fiscal anticorrupción, Juan Carrau, y la posterior imputación por un presunto delito de falsedad documental de trece personas: los once políticos del PP signatarios de los certificados, el celador de obras de ses Salines, Sebastián Escalas, y el secretario municipal de Campos, Sebastià Portell.
El caso urbanístico arranca en la solicitud que el ayuntamiento de ses Salines presentó ante el Consell (22 de febrero de 2005) con el fin de que se declarara de interés general el proyecto de club social en la parcela 21 del polígono 9 (finca conocida como na Fonda), tramitado por la Agrupació Cavallista. En este solar rústico se ubica una casa (322 metros cuadrados) y unas cuadras ilegales (208 metros cuadrados) propiedad del ahora ex alcalde saliner, quien con anterioridad fracasó en su intento de legalizar como naves agrícolas estas construcciones.
En su tramitación, el proyecto de sede hípica contó con informes favorables de hasta cuatro conselleries: Agricultura, Presidencia y Deportes, Turismo, y Medio Ambiente. Los documentos de estos departamentos fueron evacuados con una celeridad sorprendente, entre el 9 de marzo (fecha de solicitud) y el 15 de abril de 2005. La conselleria de Turismo avaló el interés general del club caballista porque su proyecto "contribuye a la reactivación económica y social de las zonas y núcleos del interior".
Mayor agilidad y diligencia administrativa demostró el celador municipal de obras de ses Salines que en menos de cuatro horas a partir de su solicitud emitió, el 4 de enero de 2005, un certificado de antigüedad de la casa de Vidal. Curiosamente, en su informe técnico no se refirió a la existencia de las cuadras, que ocupan 208 metros cuadrados. En su reciente declaración ante el juez dijo que no vio la nave.
El proyecto de club hípico fue redactado por Juan Serra, hermano del teniente de alcalde Rafel Serra (PP). Los planos y la memoria descriptiva de los mismos se acompañan del informe del celador, el del Ayuntamiento -rubricado por Rafel Serra-, y once certificados municipales.
Con todos los documentos preceptivos, el Consell concedió el interés general al proyecto de club hípico. El acuerdo fue publicado en el BOIB de 30 de junio de 2005, observando que "la planta baja destinada a club social no podrá destinarse a usos que comporten vivienda".
El 11 de julio un agente de la Policía Local indicó a este rotativo que el primer edil residía en la casa de na Fonda. Ese mismo día Vidal aseguró:"Yo vivo en la plaza de Sant Bartomeu, todos los saliners lo saben". El 18 de julio, a las 6,50 de la mañana, este periódico pudo comprobar como Sebastián Vidal salía del interior de la vivienda de na Fonda, con la vestimenta y el aspecto de haber pasado la noche en esta posada.
El 3 de agosto todos los alcaldes firmantes de los certificados consultados por DIARIO de MALLORCA dijeron no recordar quién solicitó el documento. Poco a poco, en días sucesivos, varios de los aludidos empezaron a reconocer que había sido el propio Vidal quien de forma verbal les había solicitado el certificado, pero que en ningún caso había especificado el objeto del mismo. Ese mismo día, el servicio de inspección del Consell visitó la finca de na Fonda, pero le fue denegado el acceso. Tres días más tarde los inspectores pudieron acceder a las instalaciones de la supuesta sede hípica y verificar que se trataba de una vivienda a pesar de la falta de las tapas de enchufes e interruptores de luz y grifos. Para entonces, Vidal ya se había mudado a la casa de un familiar en Campos.
Presionado por su partido y por algunos alcaldes involucrados directamente en el escándalo, Sebastián Vidal dimitía del cargo el 16 de septiembre de 2005 "por cuestiones personales", según su escrito de cese. En cambio, el pasado día 7, ante el juez motivó su marcha en "toda la trama que salía continuamente en la prensa".
El alcalde de sa Pobla, Antoni Serra, ha sido el primer edil popular en reconocer el "error de firmar un documento sin examinar antes su contenido y finalidad". En su caso, el certificado se lo despachó un edil de su propio partido. Serra se autorreprobó espetando: "Vaja en quin merder m´ha ficat" Sebastián Vidal.
En paralelo a la vía judicial, que deberá delimitar las responsabilidades de los alcaldes que certificaron actividades de un club hípico inexistente, el Consell ha dado curso a la declaración de nulidad del acuerdo que concedía el interés general al proyecto de la Agrupació Cavallista y que habría legalizado dos edificios rústicos del primer mandatario de ses Salines.
Las repercusiones políticas pueden tener un elevado alcance si los encausados fueran condenados e inhabilitados por falsificación documental. La cascada de declaraciones de alcaldes y ediles del PP ante los jueces que se inicia hoy en Inca y continuará en Manacor pretende desenredar un caso que ya lleva casi un año pisoteando el buen nombre de ses Salines.
Diez imputados declaran a partir de hoy en Inca y Manacor
M. BARCELÓ. MANACOR.
El primer edil de Lloret, Joan Jaume Ramis, fedatario de uno de los certificados, declara esta mañana sobre el caso en los juzgados de Inca. En las próximas semanas lo harán en Inca y Manacor hasta nueve mandatarios conservadores y el secretario de Campos, Sebastià Portell, quien junto al celador de ses Salines, Sebastiàn Escalas, son, de momento, los dos únicos funcionarios que aparecen imputados en el sumario.
La ronda de declaraciones se inició el pasado 7 de abril, en el juzgado número 8 de Palma que instruye el procedimiento penal, con la comparecencia del principal encartado, Sebastián Vidal; el celador, Sebastián Escalas, y el teniente de alcalde de Llucmajor Joan C. Jaume Mulet. En Inca, aparte de Joan Jaume, de Lloret, declararán: Antoni Serra, alcalde de sa Pobla (1 de junio); Juan Rubert, teniente de alcalde de Inca (15 de junio); Antoni del Olmo, alcalde de Santa Margalida (22 de junio), y Joan Rotger, alcalde de Selva (29 de junio).
El día 31 de mayo, en Manacor, deberán personarse ante el juez para ser interrogados en calidad de imputados: Catalina Soler, alcaldesa de Felanitx; Andreu Prohens, alcalde de Campos; Sebastià Portell, secretario del ayuntamiento de Campos, y Miquel Vidal, alcalde de Santanyí.
El letrado Rafel Parera defiende a los políticos del PP. La acusación particular, en representación del vecino de Manacor que denunció la supuesta trama, es ejercida por el abogado Josep de Luis y la pública por el fiscal anticorrupción Juan Carrau.