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Sant Lluís recibe 88 sentencias contrarias en tres años y medio |
(Menorca, 24/05/2006)
La portavoz popular, Maruja Baíllo, dice que la mayoría de los procedimientos judiciales están relacionados con urbanismo, el área que gestiona Carretero
Toni Seguí.Maó
el Ayuntamiento de Sant Lluís se ha visto involucrado en casi un centenar de sentencias judiciales en los últimos tres años y medio, de las que 88 han sido contrarias a los intereses defendidos por el equipo de gobierno PSOE-UCM y sólo seis han sido favorables, según informaron ayer la portavoz del PP, Maruja Baíllo, y el concejal de dicha formación Cristóbal Coll. Ambos criticaron duramente la gestión llevada a cabo por el alcalde Llorenç Carretero y pidieron su dimisión como responsable de los conflictos judiciales en los que se ha visto inmerso el Ayuntamiento, que han ocasionado el pago de miles de euros en concepto de gastos jurídicos desde 2003.
La concejala del PP Maruja Baíllo subrayó que la mayoría del centenar de sentencias judiciales que ha protagonizado el Ayuntamiento de Sant Lluís tuvo su origen en la gestión urbanística de la que es responsable el alcalde Llorenç Carretero. En este sentido, Baíllo criticó el talante de Carretero por no haber alcanzado acuerdos antes de acudir a las instancias judiciales, "el alcalde debería hacerse más con los ciudadanos y solucionar los problemas a través del diálogo y no querer que éstos le rindan pleitesía", aseguró.
Sobre la última resolución judicial que anula por segunda vez en menos de un año la adjudicación definitiva de 10 parcelas municipales en el Polígono Industrial de Sant Lluís, la concejala Maruja Baíllo recordó que se trataba de un conflicto que se remontaba a finales de 2003, que se originó por unas deficientes bases del concurso de venta. Dijo que un grupo de empresarios se había sentido directamente perjudicado y que, ante la falta de diálogo por parte del alcalde, presentaron un contencioso que les ha dado la razón. Por su parte, el concejal Cristóbal Coll matizó que si este conflicto tenía un carácter político, por la afinidad de varios empresarios con el PP, se debía a que "el alcalde fue el primero el politizar el tema. Desde un principio, no quiso alcanzar ningún tipo de acuerdo con las empresas que se habían sentido perjudicadas. Día a día demuestra su prepotencia y origina problemas, en vez de solucionarlos".
Maruja Baíllo recordó que los conflictos judiciales, cuya resolución ha sido contraria a los intereses municipales en la mayoría de ellos, había originado un dispendio innecesario para las arcas municipales, puesto que dicho dinero podría haberse destinado a mejoras en el municipio. "Todos estos procesos judiciales suponen un gasto enorme para los ciudadanos de Sant Lluís, cantidad que podría haberse utilizado, por ejemplo, para la mejora de las aceras del casco urbano, que presentan un deplorable aspecto", aseguró.
Tanto Baíllo como Coll abogaron por la necesidad de que el alcalde reconsidere su manera de gobernar, para evitar una mayor sangría en las cuentas municipales, "no se puede ser tan alegre con el dinero de los ciudadanos. Si prosigue con su forma de trabajar llevará al Ayuntamiento a la ruina. Para el bien de Sant Lluís, el alcalde debería dimitir", concluyeron.
La portavoz popular, Maruja Baíllo, dice que la mayoría de los procedimientos judiciales están relacionados con urbanismo, el área que gestiona Carretero
Toni Seguí.Maó
el Ayuntamiento de Sant Lluís se ha visto involucrado en casi un centenar de sentencias judiciales en los últimos tres años y medio, de las que 88 han sido contrarias a los intereses defendidos por el equipo de gobierno PSOE-UCM y sólo seis han sido favorables, según informaron ayer la portavoz del PP, Maruja Baíllo, y el concejal de dicha formación Cristóbal Coll. Ambos criticaron duramente la gestión llevada a cabo por el alcalde Llorenç Carretero y pidieron su dimisión como responsable de los conflictos judiciales en los que se ha visto inmerso el Ayuntamiento, que han ocasionado el pago de miles de euros en concepto de gastos jurídicos desde 2003.
La concejala del PP Maruja Baíllo subrayó que la mayoría del centenar de sentencias judiciales que ha protagonizado el Ayuntamiento de Sant Lluís tuvo su origen en la gestión urbanística de la que es responsable el alcalde Llorenç Carretero. En este sentido, Baíllo criticó el talante de Carretero por no haber alcanzado acuerdos antes de acudir a las instancias judiciales, "el alcalde debería hacerse más con los ciudadanos y solucionar los problemas a través del diálogo y no querer que éstos le rindan pleitesía", aseguró.
Sobre la última resolución judicial que anula por segunda vez en menos de un año la adjudicación definitiva de 10 parcelas municipales en el Polígono Industrial de Sant Lluís, la concejala Maruja Baíllo recordó que se trataba de un conflicto que se remontaba a finales de 2003, que se originó por unas deficientes bases del concurso de venta. Dijo que un grupo de empresarios se había sentido directamente perjudicado y que, ante la falta de diálogo por parte del alcalde, presentaron un contencioso que les ha dado la razón. Por su parte, el concejal Cristóbal Coll matizó que si este conflicto tenía un carácter político, por la afinidad de varios empresarios con el PP, se debía a que "el alcalde fue el primero el politizar el tema. Desde un principio, no quiso alcanzar ningún tipo de acuerdo con las empresas que se habían sentido perjudicadas. Día a día demuestra su prepotencia y origina problemas, en vez de solucionarlos".
Maruja Baíllo recordó que los conflictos judiciales, cuya resolución ha sido contraria a los intereses municipales en la mayoría de ellos, había originado un dispendio innecesario para las arcas municipales, puesto que dicho dinero podría haberse destinado a mejoras en el municipio. "Todos estos procesos judiciales suponen un gasto enorme para los ciudadanos de Sant Lluís, cantidad que podría haberse utilizado, por ejemplo, para la mejora de las aceras del casco urbano, que presentan un deplorable aspecto", aseguró.
Tanto Baíllo como Coll abogaron por la necesidad de que el alcalde reconsidere su manera de gobernar, para evitar una mayor sangría en las cuentas municipales, "no se puede ser tan alegre con el dinero de los ciudadanos. Si prosigue con su forma de trabajar llevará al Ayuntamiento a la ruina. Para el bien de Sant Lluís, el alcalde debería dimitir", concluyeron.
Una sentencia judicial cada 11 días desde 2003
La portavoz del PP, Maruja Baíllo, criticó la proliferación de resoluciones judiciales que, en su gran mayoría, han sido contrarias a las tesis defendidas por el equipo de gobierno PSOE-UCM. Aseguró que en 2003 fueron nueve, en 2004 ascendieron a 43, el año pasado se contabilizaron 22 y, finalmente, en los cinco primeros meses del presente año ya se han alcanzado 20 sentencias. Por ello, Baíllo aseguró ayer que "la media de sentencias judiciales es de una cada 11 días, algo escandaloso". Por otra parte, la portavoz popular recordó el incesante aumento de la partida de gastos jurídicos, que en 2003 ascendieron a 54.000 euros y en 2004 a 63.500 euros. A falta de la liquidación presupuestaria, en 2005 se habían consignado 36.000 euros, mientras que en el presupuesto de 2006 la previsión es de 70.000 euros.