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Sant Josep: el juez imputa a Antonio Huerta por la urbanización de Cala Molí |
(Diario de Ibiza, 19/05/2006)
Recriminaciones del juez a la forma en que la acusación lleva el caso y confusión general en la instrucción
Eivissa | J. Ll. Ferrer
El titular del juzgado número 3 de Eivissa, Pablo Mendoza, ha emitido un auto en el que cita a declarar en calidad de imputados al arquitecto municipal de Sant Josep, Antonio Huerta Briz; a su hijo, Antonio Huerta Chamorro, y a su nuera, Pilar Fernández Pérez, en relación, al parecer, con la urbanización de Cala Molí que fue finalmente paralizada por el Ayuntamiento tras las denuncias realizadas por los ecologistas del GEN por invadir un Área Natural de Especial Interés (ANEI), de la Ley de Espacios Naturales (LEN).
El auto imputa a los tres, dependiendo del caso, presuntos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, y de encubrimiento, incluidos en los artículos 441 y 451 del vigente Código Penal.
El escrito del juez contiene además un severo correctivo contra el letrado que representa al Colegio de Arquitectos, que ejerce la acusación particular, por «el modo en que se está llevando a cabo» el procedimiento por parte de la acusación. Por ello, le conmina a respetar el secreto del sumario.
Situación confusa
El auto, por su parte, contiene también algunos aspectos confusos, ya que aparecen incorrectamente escritos el nombre del arquitecto municipal y el de su hijo. Asimismo, de este auto se desprende que el principal imputado no sería el propio arquitecto municipal -contra el que se dirigen las denuncias del Colegio y de los ecologistas del GEN-, sino su hijo.
Asimismo, el escrito judicial pone de manifiesto que el Colegio de Arquitectos se ha personado en el caso de Cala Molí, cuando las denuncias iniciales y las más severas del Colegio de Arquitectos y del GEN iban dirigidas contra una obra de Cala Carbó proyectada por la nuera del arquitecto municipal y que éste último dictaminó favorablemente.
El juez afirma en su escrito: «No sabemos ya cómo explicar que una cosa es la posible incompatibilidad del señor Huerta a la hora de gestionar proyectos relativos a licencias previamente informadas por él y otra la concesión ilegal de las mismas, que no otorga él. Si a raíz de la pericial pendiente se acaba por concluir que la concesión de la licencia inicialmente investigada es ilegal, podrían surgir imputaciones para otras personas sobre las que se ve que el Colegio de Arquitectos no tiene el más mínimo interés, pero este juzgado sí».
Recriminaciones del juez a la forma en que la acusación lleva el caso y confusión general en la instrucción
Eivissa | J. Ll. Ferrer
El titular del juzgado número 3 de Eivissa, Pablo Mendoza, ha emitido un auto en el que cita a declarar en calidad de imputados al arquitecto municipal de Sant Josep, Antonio Huerta Briz; a su hijo, Antonio Huerta Chamorro, y a su nuera, Pilar Fernández Pérez, en relación, al parecer, con la urbanización de Cala Molí que fue finalmente paralizada por el Ayuntamiento tras las denuncias realizadas por los ecologistas del GEN por invadir un Área Natural de Especial Interés (ANEI), de la Ley de Espacios Naturales (LEN).
El auto imputa a los tres, dependiendo del caso, presuntos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, y de encubrimiento, incluidos en los artículos 441 y 451 del vigente Código Penal.
El escrito del juez contiene además un severo correctivo contra el letrado que representa al Colegio de Arquitectos, que ejerce la acusación particular, por «el modo en que se está llevando a cabo» el procedimiento por parte de la acusación. Por ello, le conmina a respetar el secreto del sumario.
Situación confusa
El auto, por su parte, contiene también algunos aspectos confusos, ya que aparecen incorrectamente escritos el nombre del arquitecto municipal y el de su hijo. Asimismo, de este auto se desprende que el principal imputado no sería el propio arquitecto municipal -contra el que se dirigen las denuncias del Colegio y de los ecologistas del GEN-, sino su hijo.
Asimismo, el escrito judicial pone de manifiesto que el Colegio de Arquitectos se ha personado en el caso de Cala Molí, cuando las denuncias iniciales y las más severas del Colegio de Arquitectos y del GEN iban dirigidas contra una obra de Cala Carbó proyectada por la nuera del arquitecto municipal y que éste último dictaminó favorablemente.
El juez afirma en su escrito: «No sabemos ya cómo explicar que una cosa es la posible incompatibilidad del señor Huerta a la hora de gestionar proyectos relativos a licencias previamente informadas por él y otra la concesión ilegal de las mismas, que no otorga él. Si a raíz de la pericial pendiente se acaba por concluir que la concesión de la licencia inicialmente investigada es ilegal, podrían surgir imputaciones para otras personas sobre las que se ve que el Colegio de Arquitectos no tiene el más mínimo interés, pero este juzgado sí».