Campos: otro fallo del Supremo eleva a 13 las resoluciones contra ses Covetes |
(Diario de Mallorca, 6/05/2006)
La sentencia rechaza la interpretación municipal y reafirma la ilegalidad de los 67 apartamentos
T. OBRADOR. CAMPOS.
El Tribunal Supremo ha desestimado de forma contundente la pretensión del ayuntamiento de Campos de anular una orden ministerial de 1996 que aprueba la protección de costas en la zona de ses Covetes. Esta nueva sentencia, que supone la resolución judicial número trece de este conflicto que se mantiene desde hace doce años, reafirma que la franja de protección es de 100 metros y que los 67 apartamentos paralizados de Torre Marina son ilegales. GOB y PSM expresaron ayer su satisfacción por dicha sentencia, que no es recurrible, y exigieron responsabilidades políticas traducidas en dimisiones, proponiendo en primer lugar la del alcalde de Campos, Andreu Prohens (PP), "que tendría que asumir de su bolsillo los costes procesales, por su tozudez", afirmó Antoni Alorda, conseller nacionalista.
Miquel Àngel March, portavoz del GOB, y Alorda, remarcaron que "se confirma, ya de forma definitiva y sin marcha atrás que la franja de protección en ses Covetes es de cien metros; que los terrenos objeto de litigio no eran urbanos en la entrada en vigor de la Ley de Costas y confirma los argumentos sobre la ilegalidad de las obras de construcción de los 67 apartamentos". En esta línea, reprocharon al Ayuntamiento el hecho de haber presentado "infinidad de recursos en contra de la protección y a favor de los apartamentos y por esto se ha gastado centenares de miles de euros en su defensa".
En opinión de March y Alorda, "esta sentencia, que hace referencia al conflicto sobre la delimitación de Costas, de hecho constituye un hito, ya que deja claro que en la entrada en vigor de la Ley de Costas, en el año 1988, estos terrenos no eran urbanos, por lo que las normas subsidiarias de Campos no pueden declarar nunca estos terrenos como urbanos ni tampoco es posible, lógicamente, que en 1992 se autorizaran 67 apartamentos". "El consistorio ya no tiene donde agarrarse; con un mínimo de honestidad se debe dejar esta defensa numantina de apoyo a los promotores y especuladores y proceder a la demolición de las edificaciones. La ilegalidad es clarísima".
Por su parte, el alcalde Prohens aseguró en la tarde de ayer a este periódico que aún desconocía el contenido de esta última sentencia. No obstante, el primer edil campaner consideró que el fallo "no guarda relación directa con las obras de ses Covetes, aunque sí con el deslinde tramitado en tiempos de Felipe González y podría ser un elemento determinante para resolver de una vez todo el caso". Prohens reiteró su "respeto" a los jueces, esperando más resoluciones, y abogó por una Torre Marina "virgen y pública, sin construcciones", reclamando la compra de la zona "ya sea al Govern, Consell, Madrid...".
La sentencia rechaza la interpretación municipal y reafirma la ilegalidad de los 67 apartamentos
T. OBRADOR. CAMPOS.
El Tribunal Supremo ha desestimado de forma contundente la pretensión del ayuntamiento de Campos de anular una orden ministerial de 1996 que aprueba la protección de costas en la zona de ses Covetes. Esta nueva sentencia, que supone la resolución judicial número trece de este conflicto que se mantiene desde hace doce años, reafirma que la franja de protección es de 100 metros y que los 67 apartamentos paralizados de Torre Marina son ilegales. GOB y PSM expresaron ayer su satisfacción por dicha sentencia, que no es recurrible, y exigieron responsabilidades políticas traducidas en dimisiones, proponiendo en primer lugar la del alcalde de Campos, Andreu Prohens (PP), "que tendría que asumir de su bolsillo los costes procesales, por su tozudez", afirmó Antoni Alorda, conseller nacionalista.
Miquel Àngel March, portavoz del GOB, y Alorda, remarcaron que "se confirma, ya de forma definitiva y sin marcha atrás que la franja de protección en ses Covetes es de cien metros; que los terrenos objeto de litigio no eran urbanos en la entrada en vigor de la Ley de Costas y confirma los argumentos sobre la ilegalidad de las obras de construcción de los 67 apartamentos". En esta línea, reprocharon al Ayuntamiento el hecho de haber presentado "infinidad de recursos en contra de la protección y a favor de los apartamentos y por esto se ha gastado centenares de miles de euros en su defensa".
En opinión de March y Alorda, "esta sentencia, que hace referencia al conflicto sobre la delimitación de Costas, de hecho constituye un hito, ya que deja claro que en la entrada en vigor de la Ley de Costas, en el año 1988, estos terrenos no eran urbanos, por lo que las normas subsidiarias de Campos no pueden declarar nunca estos terrenos como urbanos ni tampoco es posible, lógicamente, que en 1992 se autorizaran 67 apartamentos". "El consistorio ya no tiene donde agarrarse; con un mínimo de honestidad se debe dejar esta defensa numantina de apoyo a los promotores y especuladores y proceder a la demolición de las edificaciones. La ilegalidad es clarísima".
Por su parte, el alcalde Prohens aseguró en la tarde de ayer a este periódico que aún desconocía el contenido de esta última sentencia. No obstante, el primer edil campaner consideró que el fallo "no guarda relación directa con las obras de ses Covetes, aunque sí con el deslinde tramitado en tiempos de Felipe González y podría ser un elemento determinante para resolver de una vez todo el caso". Prohens reiteró su "respeto" a los jueces, esperando más resoluciones, y abogó por una Torre Marina "virgen y pública, sin construcciones", reclamando la compra de la zona "ya sea al Govern, Consell, Madrid...".
Análisis. Ni siquiera son supersticiosos
LLORENÇ RIERA
Los promotores y padrinos de los apartamentos que ofenden el diálogo del mar con la tierra en ses Covetes son altamente sospechosos. Hasta el extremo de llegar a confabularse con la superstición, esa ciencia tan poco exacta y difusa que crea miedo y confusión donde sólo debería haber claridad de sentido común y acatamiento legal presididos por la convivencia con el medio natural. Por eso han consentido en acumular trece resoluciones judiciales en contra en todas las instancias posibles. La novedad, por reiterativa, no es tal ni radica por tanto en el imperativo legal reincidente y plural por mucho que el alcalde de Campos diga ahora que el deslinde de Costas confirmado por el Supremo no es una cuestión exclusiva de ses Covetes. Cierto. Pero le afecta de lleno y subraya el desbarajuste de unas construcciones sietemesinas que claman por un derribo digno y para que el ayuntamiento de Campos asuma responsabilidades políticas y económicas antes de endosar el muerto con calzador al erario público y al patrimonio colectivo.