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Adrián Salazar: «Algunos ayuntamientos de Eivissa rozan la complicidad en delitos ambientales» |
(Diario de Ibiza, 23/04/2006)
Palma | Joan Lluís Ferrer
-¿Cuál es la situación de Eivissa en lo que respecta a los delitos urbanísticos y ambientales?
-Es más preocupante la situación de Eivissa que la de Mallorca y Menorca. Eivissa, en algunos problemas ambientales que existen, puede estar a cinco años de diferencia de Mallorca. Y en Menorca, por razones yo creo que culturales, la situación está más regulada. Ahora mismo, los problemas más graves se están produciendo en Eivissa y con una diferencia bastante significativa frente a Mallorca y Menorca. Respecto a los problemas ambientales que más abundan (urbanismo, residuos, vertidos, daños a la fauna y flora...) se ha visto que la situación ha ido mejorando en Balears, porque las diferentes Administraciones han ido mejorando su actuación, pero la verdad es que en Eivissa hay un déficit bastante importante y los avances se producen más lentamente. Por ejemplo, si los vertidos de construcción se empezaron a regular en Mallorca en el año 2000, en Eivissa nos encontramos con que hay un problema evidente de vertederos.
-¿Qué papel están jugando los ayuntamientos y las instituciones pitiusas ante esta proliferación de delitos?
-No se puede generalizar, porque lo de Marbella ha creado una alarma especial, y es verdad que hay corrupción urbanística, pero no es tan grande como parece desprenderse. Tampoco hay que tener una visión catastrofista respecto de las autoridades. Pero sí es verdad que en Eivissa se observa una cierta complicidad y tolerancia -sobre todo en determinados ayuntamientos- con ciertos comportamientos que son verdaderamente graves. Podrían hacer más. No hay que olvidar que a quien compete la ordenación urbanística es a las instituciones, a la Administración. La Fiscalía y los juzgados no debemos suplantar a las autoridades democráticamente elegidas: ayuntamientos, Consell, el Govern o el Ministerio. En ese sentido, es evidente que si hubiera un mayor control por partre de las Administraciones no habría delito. En aquellos ayuntamientos en los que la disciplina urbanística se lleva a rajatabla no hay infracciones, pero en aquellos municipios como en los de Eivissa, donde hay una sensación de impunidad, es donde se favorece la aparición de delitos. Si controlaran más y fueran más diligentes, probablemente no tendríamos tantos delitos. Lo más grave de Eivissa es que en Mallorca y en Menorca no se produce esa sensación de impunidad que se da en Eivissa. Y eso es muy grave, porque la impunidad es lo que hace que las personas normales piensen: «si todo el mundo lo hace, ¿por qué no puedo hacerlo yo».
-Del total de casos abiertos por la Fiscalía de Medio Ambiente de Balears, ¿qué proporción corresponde a Eivissa y Formentera?
-Puede andar por el 30 o el 35 por ciento. Pero hay que entonar un mea culpa, porque la Justicia tampoco está haciendo todo lo posible; faltan medios. Ahora se ha creado en España un fiscal de Medio Ambiente, cosa que hay que alabar al Gobierno actual y al Fiscal General por haber creado esta fiscalía de Medio Ambiente. Se ha creado hace unas dos semanas y se espera que se traduzca en una mejora de los recursos materiales y personales. Para que se haga una idea, el que lleva ahora los temas de Medio Ambiente en Balears soy yo, y lo tengo que compaginar con otras actividades (tráfico de drogas, por ejemplos).
-¿Cómo valora que haya dos alcaldes en Eivissa que acumulen varias imputaciones por presuntos delitos urbanísticos?
-Ya he dicho que no hay que generalizar, y además todos estos alcaldes merecen la presunción de inocencia, pero sí es verdad que la percepción que tenemos todos es que en Eivissa el fenómeno es bastante más preocupante. Hay ayuntamientos que actúan con tolerancia y algunos rozan incluso la complicidad.
-¿Ha constatado esta Fiscalía algún tipo de ramificación de las redes delictivas de Marbella en las Pitiüses, como por ejemplo empresas promotoras de aquella localidad que estén implantadas también en Eivissa u otro tipo de vínculos?
-Pueden existir, pero creo que no. No lo hemos constatado. Puede haber alguna constructora implicada en lo de Marbella que esté aquí, pero es que prácticamente todas las constructoras de España están haciendo algo en Marbella... Como el desarrollo urbanístico allí ha sido tan grande...
-¿Han notado ustedes algún indicio de implantación de la Mafia internacional en Eivissa y Formentera vinculada a la especulación urbanística?
-Desconozco que exista aquí. En Marbella o en Torremolinos sí que se han detectado ya fenómenos preocupantes, a una escala mucho mayor de la que tenemos aquí. Esa visión de mafias internacionales que se implantan, aquí no se ha detectado, al menos con la virulencia que en la Costa del Sol.
-Decía usted antes que el Gobierno ha creado formalmente la Fiscalía de Medio Ambiente. ¿Cómo se traducirá esto en la práctica en Balears y en las Pitiüses?
-La idea que tenemos es que esto sirva para dotar de medios materiales y personales, que se traduciría en que yo llevara Mallorca y la coordinación de Balears, que alguno de los fiscales de Eivissa llevara el día a día de los procedimientos, igual que en Menorca. Todo ello con una mejor relación con el Seprona de la Guardia Civil, los agentes de Medio Ambiente... Al final se traduciría a una dedicación con mayor exclusividad a los asuntos de urbanismo y medio ambiente y se traduciría en una mayor dotación de medios. Durante mucho tiempo hemos reivindicado por ejemplo la existencia de personal técnico, como psicólogos, o que haya acuerdos con la Universidad u otros organismos para proporcionar técnicos para poder informar sobre los delitos ambientales. En muchos casos, para poder acreditar el grave riesgo para los recursos naturales o la salud pública se necesitan unas pruebas periciales hechas por unos técnicos con los que ahora no contamos.
-En Eivissa recientemente se ha producido la marcha del fiscal que llevaba los temas de Medio Ambiente, Manuel Campoy...
-Sí, él estaba trabajando con mucha dedicación... El gran problema es que llevar estos temas es una cuestión voluntaria y que son cuestiones muy complejas. En los juzgados, además, no están preparados para ello, con lo cual tienes que estar encima de los jueces, llevar el expediente un poco de la mano... Si no, los procedimientos se dilatan y se aparcan. El hecho de que Campoy haya pedido destino en la Fiscalía de Valencia exige que ahora debamos buscar a otra persona. Al tratarse de una tarea voluntaria, exige un perfil de alguien que tenga un compromiso y esté dispuesto a especializarse y a estudiar materias que son muy ajenas a la legislación tradicional. Nosotros hemos estudiado el delito común (las estafas, las drogas, el robo...) pero este tipo de delitos exige un conocimiento muy detallado de la normativa administrativa, saber lo que es un lixiviado, un espacio natural...
-Dado el gran impulso que dio Manuel Campoy a estos temas, con un gran número de procedimientos abiertos y algunos muy avanzados, ¿su marcha puede significar la paralización o abandono de dichas causas? ¿Cree usted que estos temas merecerán el mismo interés entre los fiscales que ahora quedan en Eivissa?
-Varios de los asuntos los llevaré directamente yo, y otros los deberán coger mis compañeros de Eivissa. Yo llevo las dos canteras de Formentera y llevaré el vertedero de Ca na Putxa. Pero lo que plantearé precisamente al fiscal general del Estado es la necesidad de una mayor organización del trabajo y que haya gente en Eivissa que se encargue en exclusividad a estos temas. Me consta que el GEN, organización ecologista extraordinariamente activa, se ha dirigido también a la Fiscalía General del Estado en dicho sentido. El problema es que hay otras materias también, porque también hay que perseguir las drogas, los robos, etcétera.
-¿Qué papel ha de jugar la sociedad, la gente de a pie, para combatir los delitos ambientales?
-Yo creo que es muy importante sobre todo la actuación de algunas organizaciones ecologistas, tanto el GOB como el GEN, que es extraordinariamente positiva. Realizan una labor de alarma muy positiva.
Palma | Joan Lluís Ferrer
-¿Cuál es la situación de Eivissa en lo que respecta a los delitos urbanísticos y ambientales?
-Es más preocupante la situación de Eivissa que la de Mallorca y Menorca. Eivissa, en algunos problemas ambientales que existen, puede estar a cinco años de diferencia de Mallorca. Y en Menorca, por razones yo creo que culturales, la situación está más regulada. Ahora mismo, los problemas más graves se están produciendo en Eivissa y con una diferencia bastante significativa frente a Mallorca y Menorca. Respecto a los problemas ambientales que más abundan (urbanismo, residuos, vertidos, daños a la fauna y flora...) se ha visto que la situación ha ido mejorando en Balears, porque las diferentes Administraciones han ido mejorando su actuación, pero la verdad es que en Eivissa hay un déficit bastante importante y los avances se producen más lentamente. Por ejemplo, si los vertidos de construcción se empezaron a regular en Mallorca en el año 2000, en Eivissa nos encontramos con que hay un problema evidente de vertederos.
-¿Qué papel están jugando los ayuntamientos y las instituciones pitiusas ante esta proliferación de delitos?
-No se puede generalizar, porque lo de Marbella ha creado una alarma especial, y es verdad que hay corrupción urbanística, pero no es tan grande como parece desprenderse. Tampoco hay que tener una visión catastrofista respecto de las autoridades. Pero sí es verdad que en Eivissa se observa una cierta complicidad y tolerancia -sobre todo en determinados ayuntamientos- con ciertos comportamientos que son verdaderamente graves. Podrían hacer más. No hay que olvidar que a quien compete la ordenación urbanística es a las instituciones, a la Administración. La Fiscalía y los juzgados no debemos suplantar a las autoridades democráticamente elegidas: ayuntamientos, Consell, el Govern o el Ministerio. En ese sentido, es evidente que si hubiera un mayor control por partre de las Administraciones no habría delito. En aquellos ayuntamientos en los que la disciplina urbanística se lleva a rajatabla no hay infracciones, pero en aquellos municipios como en los de Eivissa, donde hay una sensación de impunidad, es donde se favorece la aparición de delitos. Si controlaran más y fueran más diligentes, probablemente no tendríamos tantos delitos. Lo más grave de Eivissa es que en Mallorca y en Menorca no se produce esa sensación de impunidad que se da en Eivissa. Y eso es muy grave, porque la impunidad es lo que hace que las personas normales piensen: «si todo el mundo lo hace, ¿por qué no puedo hacerlo yo».
-Del total de casos abiertos por la Fiscalía de Medio Ambiente de Balears, ¿qué proporción corresponde a Eivissa y Formentera?
-Puede andar por el 30 o el 35 por ciento. Pero hay que entonar un mea culpa, porque la Justicia tampoco está haciendo todo lo posible; faltan medios. Ahora se ha creado en España un fiscal de Medio Ambiente, cosa que hay que alabar al Gobierno actual y al Fiscal General por haber creado esta fiscalía de Medio Ambiente. Se ha creado hace unas dos semanas y se espera que se traduzca en una mejora de los recursos materiales y personales. Para que se haga una idea, el que lleva ahora los temas de Medio Ambiente en Balears soy yo, y lo tengo que compaginar con otras actividades (tráfico de drogas, por ejemplos).
-¿Cómo valora que haya dos alcaldes en Eivissa que acumulen varias imputaciones por presuntos delitos urbanísticos?
-Ya he dicho que no hay que generalizar, y además todos estos alcaldes merecen la presunción de inocencia, pero sí es verdad que la percepción que tenemos todos es que en Eivissa el fenómeno es bastante más preocupante. Hay ayuntamientos que actúan con tolerancia y algunos rozan incluso la complicidad.
-¿Ha constatado esta Fiscalía algún tipo de ramificación de las redes delictivas de Marbella en las Pitiüses, como por ejemplo empresas promotoras de aquella localidad que estén implantadas también en Eivissa u otro tipo de vínculos?
-Pueden existir, pero creo que no. No lo hemos constatado. Puede haber alguna constructora implicada en lo de Marbella que esté aquí, pero es que prácticamente todas las constructoras de España están haciendo algo en Marbella... Como el desarrollo urbanístico allí ha sido tan grande...
-¿Han notado ustedes algún indicio de implantación de la Mafia internacional en Eivissa y Formentera vinculada a la especulación urbanística?
-Desconozco que exista aquí. En Marbella o en Torremolinos sí que se han detectado ya fenómenos preocupantes, a una escala mucho mayor de la que tenemos aquí. Esa visión de mafias internacionales que se implantan, aquí no se ha detectado, al menos con la virulencia que en la Costa del Sol.
-Decía usted antes que el Gobierno ha creado formalmente la Fiscalía de Medio Ambiente. ¿Cómo se traducirá esto en la práctica en Balears y en las Pitiüses?
-La idea que tenemos es que esto sirva para dotar de medios materiales y personales, que se traduciría en que yo llevara Mallorca y la coordinación de Balears, que alguno de los fiscales de Eivissa llevara el día a día de los procedimientos, igual que en Menorca. Todo ello con una mejor relación con el Seprona de la Guardia Civil, los agentes de Medio Ambiente... Al final se traduciría a una dedicación con mayor exclusividad a los asuntos de urbanismo y medio ambiente y se traduciría en una mayor dotación de medios. Durante mucho tiempo hemos reivindicado por ejemplo la existencia de personal técnico, como psicólogos, o que haya acuerdos con la Universidad u otros organismos para proporcionar técnicos para poder informar sobre los delitos ambientales. En muchos casos, para poder acreditar el grave riesgo para los recursos naturales o la salud pública se necesitan unas pruebas periciales hechas por unos técnicos con los que ahora no contamos.
-En Eivissa recientemente se ha producido la marcha del fiscal que llevaba los temas de Medio Ambiente, Manuel Campoy...
-Sí, él estaba trabajando con mucha dedicación... El gran problema es que llevar estos temas es una cuestión voluntaria y que son cuestiones muy complejas. En los juzgados, además, no están preparados para ello, con lo cual tienes que estar encima de los jueces, llevar el expediente un poco de la mano... Si no, los procedimientos se dilatan y se aparcan. El hecho de que Campoy haya pedido destino en la Fiscalía de Valencia exige que ahora debamos buscar a otra persona. Al tratarse de una tarea voluntaria, exige un perfil de alguien que tenga un compromiso y esté dispuesto a especializarse y a estudiar materias que son muy ajenas a la legislación tradicional. Nosotros hemos estudiado el delito común (las estafas, las drogas, el robo...) pero este tipo de delitos exige un conocimiento muy detallado de la normativa administrativa, saber lo que es un lixiviado, un espacio natural...
-Dado el gran impulso que dio Manuel Campoy a estos temas, con un gran número de procedimientos abiertos y algunos muy avanzados, ¿su marcha puede significar la paralización o abandono de dichas causas? ¿Cree usted que estos temas merecerán el mismo interés entre los fiscales que ahora quedan en Eivissa?
-Varios de los asuntos los llevaré directamente yo, y otros los deberán coger mis compañeros de Eivissa. Yo llevo las dos canteras de Formentera y llevaré el vertedero de Ca na Putxa. Pero lo que plantearé precisamente al fiscal general del Estado es la necesidad de una mayor organización del trabajo y que haya gente en Eivissa que se encargue en exclusividad a estos temas. Me consta que el GEN, organización ecologista extraordinariamente activa, se ha dirigido también a la Fiscalía General del Estado en dicho sentido. El problema es que hay otras materias también, porque también hay que perseguir las drogas, los robos, etcétera.
-¿Qué papel ha de jugar la sociedad, la gente de a pie, para combatir los delitos ambientales?
-Yo creo que es muy importante sobre todo la actuación de algunas organizaciones ecologistas, tanto el GOB como el GEN, que es extraordinariamente positiva. Realizan una labor de alarma muy positiva.