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Campos: el GOB denuncia que mantener las casas de ses Covetes ha costado 500.000 euros |
(Diario de Mallorca, 22/03/2006)
El ayuntamiento admite que el gasto para defender los apartamentos es considerablemente elevado
T. OBRADOR. CAMPOS.
El GOB denunció ayer que "sin saber con exactitud la cifra final, el ayuntamiento de Campos lleva gastado más de medio millón de euros para defender los 67 apartamentos ilegales de ses Covetes y, por tanto, a favor de los intereses de unos promotores inmobiliarios". El grupo ecologista advierte que a lo largo de doce años el consistorio ha tenido que pagar a distintos abogados y procuradores de Palma y de Madrid, ha encargado numerosos informes, peritajes... para poder impugnar acuerdos tanto del Ministerio como del consejo y de sentencias y autos del TSJB como de la Audiencia Nacional.
Según el GOB, "es incomprensible que un Ayuntamiento que se queja frecuentemente de falta de recursos económicos para invertir en su municipio se gaste más de medio millón de euros en recursos jurídicos únicamente para defender los intereses de unos promotores".
En este sentido, los ecologistas señalan que a lo largo de estos años el consistorio "ha tenido hasta 9 oportunidades de paralizar las obras o no obstaculizar su protección, y las ha desperdiciado".
Fuentes del Ayuntamiento consultadas también ayer por este periódico no pudieron confirmar la cantidad exacta que se lleva gastada en la defensa de los apartamentos, aunque sí reconocieron que la cuantía económica es considerablemente elevada.
En 1995 los tribunales decretaron la suspensión de las obras y a partir de aquí comienza una batalla jurídica que dura prácticamente ocho años.
El ayuntamiento admite que el gasto para defender los apartamentos es considerablemente elevado
T. OBRADOR. CAMPOS.
El GOB denunció ayer que "sin saber con exactitud la cifra final, el ayuntamiento de Campos lleva gastado más de medio millón de euros para defender los 67 apartamentos ilegales de ses Covetes y, por tanto, a favor de los intereses de unos promotores inmobiliarios". El grupo ecologista advierte que a lo largo de doce años el consistorio ha tenido que pagar a distintos abogados y procuradores de Palma y de Madrid, ha encargado numerosos informes, peritajes... para poder impugnar acuerdos tanto del Ministerio como del consejo y de sentencias y autos del TSJB como de la Audiencia Nacional.
Según el GOB, "es incomprensible que un Ayuntamiento que se queja frecuentemente de falta de recursos económicos para invertir en su municipio se gaste más de medio millón de euros en recursos jurídicos únicamente para defender los intereses de unos promotores".
En este sentido, los ecologistas señalan que a lo largo de estos años el consistorio "ha tenido hasta 9 oportunidades de paralizar las obras o no obstaculizar su protección, y las ha desperdiciado".
Fuentes del Ayuntamiento consultadas también ayer por este periódico no pudieron confirmar la cantidad exacta que se lleva gastada en la defensa de los apartamentos, aunque sí reconocieron que la cuantía económica es considerablemente elevada.
En 1995 los tribunales decretaron la suspensión de las obras y a partir de aquí comienza una batalla jurídica que dura prácticamente ocho años.
Resoluciones judiciales siempre en la misma dirección
El GOB recuerda que ya ha habido más de una docena de resoluciones judiciales, entre 1995 y 2006. "Todas las sentencias y todos los autos han ido siempre en la misma dirección: el carácter protegido de la zona, su condición no urbana y la ilegalidad de los apartamentos". Los ecologistas lamentan que 13 bloques para 67 apartamentos cerca de la playa de es Trenc "han desfigurado una de las postales emblemáticas de Mallorca".