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Santa Margalida: el alcalde pide dictamen al Consell sobre la legalidad de segregar Son Real |
(Diario de Mallorca, 22/03/2006)
El conseller Vicens adelanta que según los técnicos era necesario disponer de licencia
MATEU FERRER. STA. MARGALIDA.
El alcalde, Antoni del Olmo (PP), ha solicitado formalmente al Consell de Mallorca que sus servicios técnicos y jurídicos emitan un dictamen sobre la legalidad del certificado expedido por el ex secretario Nicolau Conti para la segregación en 43 fincas de Son Real, donde está proyectado un controvertido campo de golf.
Como se recordará, Conti eximió a los Hermanos Morell Magraner, propietarios de la possessió, de obtener licencia municipal para la segregación, aduciendo que era innecesaria. Esta actuación ha sido puesta en tela de juicio por PSOE y PSM, que han presentado una denuncia ante los juzgados, y ahora el alcalde ha pedido al Consell "conocimiento sobre la conformidad en derecho" del certificado en cuestión. Del Olmo justifica su petición habida cuenta del cuestionamiento jurídico que ha suscitado la medida municipal.
Escritura ante notario
Alega el alcalde que los Morell Magraner escrituraron ante notario las 43 segregaciones el 7 de marzo de 1997, por lo que el secretario consideró que esta división de terrenos "no estaba sujeta a licencia, contemplada en la ley autonómica de suelo rústico 6/1997 del 8 de julio", pues ésta no había entrado aún en vigor.
También argumenta Del Olmo que en esta cuestión hay disparidad de criterios jurídicos por parte de sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Balears, por todo lo cual demanda el pronunciamiento de los técnicos del Consell.
Por su parte, el Colegio Oficial de Secretarios ha mostrado su apoyo a Conti, así como que considera ajustada a la legalidad la expedición del polémico certificado.
Sin embargo, el conseller insular de Ordenación del Territorio, Bartomeu Vicens, ha declarado a este periódico que la parcelación de Son Real "a partir de la vigencia de la ley de suelo rústico tenía necesidad de licencia municipal de segregación", pues así se lo han confirmado "los técnicos de la casa", los mismos a los que el alcalde ha solicitado ahora su dictamen.
Además, Vicens añade que, independientemente de la legalidad de la división de las fincas, "estas serían inedificables, puesto que así lo prohíbe el Plan Territorial de Mallorca". Precisamente éste es el principal temor de PSOE y PSM, que pueda llevarse a cabo una "urbanización encubierta" en los aledaños del campo de golf que está actualmente en tramitación.
8,39 millones de metros
Según los cálculos de Miquel Cifre (PSOE), la parcelación afecta a un montante de 8.390.000 metros cuadrados de Son Real, e incluye desde los terrenos para construir el golf, de 825.000 metros cuadrados, a fincas de 110.000 metros -la más pequeña-, todas ellas limítrofes con el futuro green. El PSM ha cuantificado en 81 los chalés que podrían levantarse colindantes con el golf, unos derechos de edificación que podrían no ser reales a tenor de lo declarado por el conseller Vicens. Con todo, este se muestra precavido, pues "estamos opinando sólo sobre lo publicado, en el Consell no hay constancia oficial".
El conseller Vicens adelanta que según los técnicos era necesario disponer de licencia
MATEU FERRER. STA. MARGALIDA.
El alcalde, Antoni del Olmo (PP), ha solicitado formalmente al Consell de Mallorca que sus servicios técnicos y jurídicos emitan un dictamen sobre la legalidad del certificado expedido por el ex secretario Nicolau Conti para la segregación en 43 fincas de Son Real, donde está proyectado un controvertido campo de golf.
Como se recordará, Conti eximió a los Hermanos Morell Magraner, propietarios de la possessió, de obtener licencia municipal para la segregación, aduciendo que era innecesaria. Esta actuación ha sido puesta en tela de juicio por PSOE y PSM, que han presentado una denuncia ante los juzgados, y ahora el alcalde ha pedido al Consell "conocimiento sobre la conformidad en derecho" del certificado en cuestión. Del Olmo justifica su petición habida cuenta del cuestionamiento jurídico que ha suscitado la medida municipal.
Escritura ante notario
Alega el alcalde que los Morell Magraner escrituraron ante notario las 43 segregaciones el 7 de marzo de 1997, por lo que el secretario consideró que esta división de terrenos "no estaba sujeta a licencia, contemplada en la ley autonómica de suelo rústico 6/1997 del 8 de julio", pues ésta no había entrado aún en vigor.
También argumenta Del Olmo que en esta cuestión hay disparidad de criterios jurídicos por parte de sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Balears, por todo lo cual demanda el pronunciamiento de los técnicos del Consell.
Por su parte, el Colegio Oficial de Secretarios ha mostrado su apoyo a Conti, así como que considera ajustada a la legalidad la expedición del polémico certificado.
Sin embargo, el conseller insular de Ordenación del Territorio, Bartomeu Vicens, ha declarado a este periódico que la parcelación de Son Real "a partir de la vigencia de la ley de suelo rústico tenía necesidad de licencia municipal de segregación", pues así se lo han confirmado "los técnicos de la casa", los mismos a los que el alcalde ha solicitado ahora su dictamen.
Además, Vicens añade que, independientemente de la legalidad de la división de las fincas, "estas serían inedificables, puesto que así lo prohíbe el Plan Territorial de Mallorca". Precisamente éste es el principal temor de PSOE y PSM, que pueda llevarse a cabo una "urbanización encubierta" en los aledaños del campo de golf que está actualmente en tramitación.
8,39 millones de metros
Según los cálculos de Miquel Cifre (PSOE), la parcelación afecta a un montante de 8.390.000 metros cuadrados de Son Real, e incluye desde los terrenos para construir el golf, de 825.000 metros cuadrados, a fincas de 110.000 metros -la más pequeña-, todas ellas limítrofes con el futuro green. El PSM ha cuantificado en 81 los chalés que podrían levantarse colindantes con el golf, unos derechos de edificación que podrían no ser reales a tenor de lo declarado por el conseller Vicens. Con todo, este se muestra precavido, pues "estamos opinando sólo sobre lo publicado, en el Consell no hay constancia oficial".