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Sant Josep dice que los tribunales avalan la obra de Cala Tarida denunciada por el GEN |
(Diario de Ibiza, 20/03/2006)
El concejal de Urbanismo señala que la licencia se concedió tras una sentencia que así lo requería
EIVISSA | M. MARÍ. El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sant Josep, José Marí Ribas, Reganes, defendió ayer la legalidad de las obras de construcción de una urbanización en Cala Tarida denunciada por el Grup d´Estudis de sa Naturalesa.
Marí Ribas explicó que la concesión de la correspondiente licencia viene avalada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears que daba la razón a un recurso presentado por la promotora.
El concejal de Urbanismo explicó que más de un 75% de la zona ya estaba consolidada urbanísticamente por lo que, según José Marí Ribas, «el tribunal debió de considerar que se trataba de un suelo urbano» y reiteró que la licencia se otorgó «después de que una sentencia judicial así lo requería».
Marí Ribas señaló que la resolución judicial se conoció «hace meses». El concejal explicó que «en un primer momento no se concedió la conformidad porque consideramos que no era un espacio adecuado para construir la urbanización, pero ellos llevaron el caso a un contencioso y lo han ganado».
Reganes remarcó que el proyecto presentado por la promotora «incumplía los parámetros urbanísticos de la zona, «por lo que se les pidió que lo corrigieran y así lo hicieron». En este sentido, insistió en la legalidad de las obras denunciadas y señaló que el Ayuntamiento no prevé ordenar la paralización de los trabajos, tal y como piden los ecologistas.
El Grup d´Estudis de sa Naturalesa denunció el sábado la construcción de una urbanización en un área de Cala Tarida ubicada dentro de la zona de protección de la costa. El GEN reclama que se devuelva el terreno a su estado inicial.
Los ecologistas advierten de que uno de los edificios actualmente en construcción está afectado por la Ley de Costas, dado que está en un ámbito considerado inedificable. Por otra parte, señalan que si se comprueba la ilegalidad denunciada, podrían ser duramente castigados tanto los funcionarios como los políticos que hayan participado en la concesión de la licencia.
El concejal de Urbanismo señala que la licencia se concedió tras una sentencia que así lo requería
EIVISSA | M. MARÍ. El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sant Josep, José Marí Ribas, Reganes, defendió ayer la legalidad de las obras de construcción de una urbanización en Cala Tarida denunciada por el Grup d´Estudis de sa Naturalesa.
Marí Ribas explicó que la concesión de la correspondiente licencia viene avalada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears que daba la razón a un recurso presentado por la promotora.
El concejal de Urbanismo explicó que más de un 75% de la zona ya estaba consolidada urbanísticamente por lo que, según José Marí Ribas, «el tribunal debió de considerar que se trataba de un suelo urbano» y reiteró que la licencia se otorgó «después de que una sentencia judicial así lo requería».
Marí Ribas señaló que la resolución judicial se conoció «hace meses». El concejal explicó que «en un primer momento no se concedió la conformidad porque consideramos que no era un espacio adecuado para construir la urbanización, pero ellos llevaron el caso a un contencioso y lo han ganado».
Reganes remarcó que el proyecto presentado por la promotora «incumplía los parámetros urbanísticos de la zona, «por lo que se les pidió que lo corrigieran y así lo hicieron». En este sentido, insistió en la legalidad de las obras denunciadas y señaló que el Ayuntamiento no prevé ordenar la paralización de los trabajos, tal y como piden los ecologistas.
El Grup d´Estudis de sa Naturalesa denunció el sábado la construcción de una urbanización en un área de Cala Tarida ubicada dentro de la zona de protección de la costa. El GEN reclama que se devuelva el terreno a su estado inicial.
Los ecologistas advierten de que uno de los edificios actualmente en construcción está afectado por la Ley de Costas, dado que está en un ámbito considerado inedificable. Por otra parte, señalan que si se comprueba la ilegalidad denunciada, podrían ser duramente castigados tanto los funcionarios como los políticos que hayan participado en la concesión de la licencia.