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Sant Lluís: las "licencias veloces" suponen un gasto de casi 60.000 euros |
(Menorca, 2/03/2006)
Las arcas municipales han asumido los costes de abogado y procurador por casi 40 recursos contenciosos y apelaciones, además de las costas procesales
Toni Seguí.Sant Lluís
El Ayuntamiento de Sant Lluís ha desembolsado más de 58.000 euros (más de 9,6 millones de pesetas) en concepto de gastos por los veinte procedimientos judiciales relativos a otras tantas "licencias veloces" que fueron concedidas en 2002. Los acuerdos de la Comisión de Gobierno formada por PSOE y UCM, por los que se concedieron las licencias de obras para la construcción de un total de 35 viviendas unifamiliares en la costa de Sant Lluís, fueron posteriormente recurridos -la mayoría de ellos con éxito- ante los tribunales por el Consell insular.
La interposición de los 20 recursos contenciosos administrativos por parte del Consell insular ha supuesto para las arcas municipales el desembolso de 25.132,73 euros, cantidad que incluye la tramitación ante el Colegio de Procuradores, los derechos del procurador hasta la sentencia judicial según la cuantía de cada procedimiento, fotocopias de documentos, la tramitación de oficios tanto al Consell insular como al propio Ayuntamiento, y otros gastos diversos. De los 20 recursos examinados por los dos Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Palma, 18 de ellos fueron favorables a las tesis defendidas por el Consell insular, mientras que sólo uno fue favorable al Ayuntamiento de Sant Lluís. El otro contencioso se refiere a la licencia concedida para la construcción de 15 viviendas unifamiliares en Binibèquer Vell, que fue anulada por el Ayuntamiento el 17 de febrero de 2005. Entonces, el Consell insular presentó un escrito por el que desistía en el procedimiento y, por ello, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJIB acordó concluido el procedimiento con archivo de los autos y sin la imposición de costas. No obstante, el Ayuntamiento ha tenido que abonar 5.309 euros por personarse en la causa.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Sant Lluís interpuso 18 recursos de apelación contra las sentencias que dieron la razón a las tesis defendidas por el Consell insular. En este caso, las apelaciones fueron desestimados en su totalidad por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears. El coste económico de esta actuación ha sido de 17.563 euros por los derechos del procurador. Las cantidades abonadas tanto por los contenciosos como por las apelaciones han sido extraídas de las minutas presentadas por el procurador de la causa e informadas en las diferentes sesiones plenarias.
Por otra parte, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJIB ha impuesto las costas procesales al Ayuntamiento de Sant Lluís de 10 de los 18 recursos de apelación, con un coste estimado de 16.000 euros. Esta cantidad incluye los gastos de abogado y de procurador de la parte recurrente, es decir, el Consell insular, y ha sido calculada a partir del criterio establecido por el Colegio de Abogados de las Balears, que contempla la aplicación de entre el 40 y el 60 por ciento de los honorarios del procedimiento ordinario.
Las arcas municipales han asumido los costes de abogado y procurador por casi 40 recursos contenciosos y apelaciones, además de las costas procesales
Toni Seguí.Sant Lluís
El Ayuntamiento de Sant Lluís ha desembolsado más de 58.000 euros (más de 9,6 millones de pesetas) en concepto de gastos por los veinte procedimientos judiciales relativos a otras tantas "licencias veloces" que fueron concedidas en 2002. Los acuerdos de la Comisión de Gobierno formada por PSOE y UCM, por los que se concedieron las licencias de obras para la construcción de un total de 35 viviendas unifamiliares en la costa de Sant Lluís, fueron posteriormente recurridos -la mayoría de ellos con éxito- ante los tribunales por el Consell insular.
La interposición de los 20 recursos contenciosos administrativos por parte del Consell insular ha supuesto para las arcas municipales el desembolso de 25.132,73 euros, cantidad que incluye la tramitación ante el Colegio de Procuradores, los derechos del procurador hasta la sentencia judicial según la cuantía de cada procedimiento, fotocopias de documentos, la tramitación de oficios tanto al Consell insular como al propio Ayuntamiento, y otros gastos diversos. De los 20 recursos examinados por los dos Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Palma, 18 de ellos fueron favorables a las tesis defendidas por el Consell insular, mientras que sólo uno fue favorable al Ayuntamiento de Sant Lluís. El otro contencioso se refiere a la licencia concedida para la construcción de 15 viviendas unifamiliares en Binibèquer Vell, que fue anulada por el Ayuntamiento el 17 de febrero de 2005. Entonces, el Consell insular presentó un escrito por el que desistía en el procedimiento y, por ello, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJIB acordó concluido el procedimiento con archivo de los autos y sin la imposición de costas. No obstante, el Ayuntamiento ha tenido que abonar 5.309 euros por personarse en la causa.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Sant Lluís interpuso 18 recursos de apelación contra las sentencias que dieron la razón a las tesis defendidas por el Consell insular. En este caso, las apelaciones fueron desestimados en su totalidad por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears. El coste económico de esta actuación ha sido de 17.563 euros por los derechos del procurador. Las cantidades abonadas tanto por los contenciosos como por las apelaciones han sido extraídas de las minutas presentadas por el procurador de la causa e informadas en las diferentes sesiones plenarias.
Por otra parte, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJIB ha impuesto las costas procesales al Ayuntamiento de Sant Lluís de 10 de los 18 recursos de apelación, con un coste estimado de 16.000 euros. Esta cantidad incluye los gastos de abogado y de procurador de la parte recurrente, es decir, el Consell insular, y ha sido calculada a partir del criterio establecido por el Colegio de Abogados de las Balears, que contempla la aplicación de entre el 40 y el 60 por ciento de los honorarios del procedimiento ordinario.
El imparable aumento de los gastos judiciales en una década
El Ayuntamiento de Sant Lluís ha pasado de abonar 180,30 euros en gastos jurídicos en 1995 a los 63.499 euros que por el mismo concepto se abonaron en 2004, según la liquidación presupuestaria del citado año. No obstante, el gran salto cuantitativo en el desembolso económico tuvo lugar en 2003, cuando las arcas municipales sufragaron gastos judiciales por importe de 54.230 euros. El equipo de gobierno sólo había consignado una partida presupuestaria de 18.030 euros para este año, aunque la proliferación de recursos contenciosos-administrativos presentados contra diferentes acuerdos municipales pulverizó las previsiones de PSOE y UCM. Los gastos jurídicos de 2004 ascendieron a 63.499 euros, un 350 por ciento más de la cantidad consignada en el presupuesto de dicho año, que también fue de 18.030 euros. Esta partida fue duplicada en 2005, al pasar a los 36.000 euros, aunque la liquidación presupuestaria que deberá aprobarse este mes fijará el gasto realizado el año pasado. Finalmente, el presupuesto de 2006 ya contempla la cantidad de 70.000 euros. .
Los procedimientos judiciales se han referido a las "licencias veloces", que fueron concedidas en 2002, entre la fecha del anuncio de la Norma Cautelar Territorial y la entrada en vigor de la citada moratoria urbanística para la redacción del PTI; la construcción de la piscina privada en suelo público de Binibeca Club, con sentencia firme de demolición del Tribunal Superior de Justicia de Balears; recursos relacionados con diferentes acuerdos en materia urbanística en Son Orfila y Biniancollet; recursos presentados por empresas que participaron en el primer proceso de enajenación de suelo municipal del Polígono Industrial; y la solicitud de la sociedad promotora de unos terrenos en Son Ganxo de una indemnización de 12 millones de euros por el incumplimiento de un convenio urbanístico suscrito con el Ayuntamiento en 1997, entre otros.