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Sant Josep: el Govern decide desmantelar la planta asfáltica de Sant Jordi por «la alarma social» |
(Diario de Ibiza, 2/02/2006)
La polémica por la planta asfáltica instalada a escasos metros de la parroquia de Sant Jordi dio ayer un giro inesperado cuando a primeras horas de la tarde el Govern balear comunicó que había «dictaminado su desmantelamiento», pese a que «no es perjudicial para nadie» y «todos los informes técnicos y medio ambientales» eran favorables. La decisión del Ejecutivo balear viene motivada, según aseguraba ayer en una nota de prensa, por la «alarma social» despertada por la proximidad a un núcleo urbano de una industria altamente contaminante.
EIVISSA | J. M. L. R.
La decisión fue acordada a mediodía, tras una reunión mantenida en Palma entre técnicos y políticos del Govern balear y del Consell Insular pitiuso en la que analizaron diversos informes sobre la planta asfáltica: «Todos ellos demostraban que se trata de una infraestructura que cumple con los máximos requisitos y parámetros medioambientales», aseguraba ayer la conselleria balear de Obras Públicas en un comunicado, en el que se reiteraba que «todos los informes jurídicos son favorables al procedimiento de ubicación» de esa industria.
El Govern también argüía que estaba fuera del ámbito de influencia del Parque Natural de ses Salines y que no requería de la aprobación de la Comisión balear de Medio Ambiente, tal como señaló a este periódico en su edición de ayer.
Otro de los argumentos esgrimidos desde Obras Públicas es que una auditoría de Eurocontrol afirma que «tras los análisis de los focos de emisión atmosférica y la medida exhaustiva de diferentes parámetros medioambientales, los resultados de la planta asfáltica son satisfactorios y totalmente de acuerdo con la legislación vigente». La nota no explica, sin embargo, cuándo efectuaron esos análisis, teniendo en cuenta que la planta no había sido aún instalada completamente en su nueva ubicación.
Aceptación de MAB
Pero ha sido la «alarma social creada por determinados grupos políticos con temas tan sensibles como la salud de los niños y la preocupación de sus padres», la que ha motivado que «el Consell Insular y el Govern balear hayan solicitado a [Matías Arrom Bibiloni, MAB] la empresa concesionaria de la obra el desmantelamiento de la planta asfáltica», lo cual «ha sido aceptado por la empresa», que ya había iniciado el proceso de desmontaje poco antes de que la nota de prensa apareciera en la web de la Comunitat Autònoma.
Según se asegura desde el Govern, «esta decisión se ha tomado únicamente pensando en devolver la tranquilidad a las familias afectadas, a pesar de que la totalidad de los estudios e informes han dejado bien claro que en ningún momento ha habido motivos de alarma». El Ejecutivo balear mantiene que «la planta es segura y medioambientalmente correcta e impecable».
Entusiasmo entre los padres
La noticia fue recibida con entusiasmo por el presidente de la Asociación de Padres de Alumnos (APA) del Colegio Sant Jordi, José Suñer, que considera que esa decisión les da la razón: «Si sólo hubiera sido por nuestra tranquilidad no hubieran ordenado el desmantelamiento», indicó. Ayer por la mañana los padres denunciaron el hecho ante el Defensor del Pueblo. Para hoy mantienen la conferencia sobre los peligros que entraña una fábrica de esas características, que ofrecerá una experta en química, y mañana celebrarán una nueva asamblea, en la que decidirán si asistirán a la reunión que el lunes habían acordado con Pere Palau.
Por su parte, la portavoz del grupo progresista, la consellera Pilar Costa, dio la enhorabuena a los habitantes de Sant Jordi y a «los colectivos que han logrado con su presión que el Consell y el Govern rectifiquen». «Pero no hay que olvidar -añadió- que existe un proyecto global. Insto al PP a que se siente a dialogar para rectificar también el modelo de carreteras... aunque eso lo veo más difícil».
La polémica por la planta asfáltica instalada a escasos metros de la parroquia de Sant Jordi dio ayer un giro inesperado cuando a primeras horas de la tarde el Govern balear comunicó que había «dictaminado su desmantelamiento», pese a que «no es perjudicial para nadie» y «todos los informes técnicos y medio ambientales» eran favorables. La decisión del Ejecutivo balear viene motivada, según aseguraba ayer en una nota de prensa, por la «alarma social» despertada por la proximidad a un núcleo urbano de una industria altamente contaminante.
EIVISSA | J. M. L. R.
La decisión fue acordada a mediodía, tras una reunión mantenida en Palma entre técnicos y políticos del Govern balear y del Consell Insular pitiuso en la que analizaron diversos informes sobre la planta asfáltica: «Todos ellos demostraban que se trata de una infraestructura que cumple con los máximos requisitos y parámetros medioambientales», aseguraba ayer la conselleria balear de Obras Públicas en un comunicado, en el que se reiteraba que «todos los informes jurídicos son favorables al procedimiento de ubicación» de esa industria.
El Govern también argüía que estaba fuera del ámbito de influencia del Parque Natural de ses Salines y que no requería de la aprobación de la Comisión balear de Medio Ambiente, tal como señaló a este periódico en su edición de ayer.
Otro de los argumentos esgrimidos desde Obras Públicas es que una auditoría de Eurocontrol afirma que «tras los análisis de los focos de emisión atmosférica y la medida exhaustiva de diferentes parámetros medioambientales, los resultados de la planta asfáltica son satisfactorios y totalmente de acuerdo con la legislación vigente». La nota no explica, sin embargo, cuándo efectuaron esos análisis, teniendo en cuenta que la planta no había sido aún instalada completamente en su nueva ubicación.
Aceptación de MAB
Pero ha sido la «alarma social creada por determinados grupos políticos con temas tan sensibles como la salud de los niños y la preocupación de sus padres», la que ha motivado que «el Consell Insular y el Govern balear hayan solicitado a [Matías Arrom Bibiloni, MAB] la empresa concesionaria de la obra el desmantelamiento de la planta asfáltica», lo cual «ha sido aceptado por la empresa», que ya había iniciado el proceso de desmontaje poco antes de que la nota de prensa apareciera en la web de la Comunitat Autònoma.
Según se asegura desde el Govern, «esta decisión se ha tomado únicamente pensando en devolver la tranquilidad a las familias afectadas, a pesar de que la totalidad de los estudios e informes han dejado bien claro que en ningún momento ha habido motivos de alarma». El Ejecutivo balear mantiene que «la planta es segura y medioambientalmente correcta e impecable».
Entusiasmo entre los padres
La noticia fue recibida con entusiasmo por el presidente de la Asociación de Padres de Alumnos (APA) del Colegio Sant Jordi, José Suñer, que considera que esa decisión les da la razón: «Si sólo hubiera sido por nuestra tranquilidad no hubieran ordenado el desmantelamiento», indicó. Ayer por la mañana los padres denunciaron el hecho ante el Defensor del Pueblo. Para hoy mantienen la conferencia sobre los peligros que entraña una fábrica de esas características, que ofrecerá una experta en química, y mañana celebrarán una nueva asamblea, en la que decidirán si asistirán a la reunión que el lunes habían acordado con Pere Palau.
Por su parte, la portavoz del grupo progresista, la consellera Pilar Costa, dio la enhorabuena a los habitantes de Sant Jordi y a «los colectivos que han logrado con su presión que el Consell y el Govern rectifiquen». «Pero no hay que olvidar -añadió- que existe un proyecto global. Insto al PP a que se siente a dialogar para rectificar también el modelo de carreteras... aunque eso lo veo más difícil».
La instalación necesitaba un informe de Aviación Civil
Eivissa | J. M. L. R.
La planta asfáltica que MAB estaba instalando en Sant Jordi precisaba un informe de la dirección general de Aviación Civil al hallarse ubicada dentro de la zona de servidumbre aeronáutica del aeropuerto de es Codolar, aseguraron ayer fuentes del Ministerio de Fomento. Precisamente, el Grup d´Estudis de sa Naturalesa (GEN), denunció esta situación el pasado 30 de enero ante Aviación Civil y ayer instó a la Delegación del Gobierno a que ordenara a los cuerpos de seguridad del Estado que paralizaran la construcción de esa industria y procedieran a su inmediato desmantelamiento «en defensa del interés público y de la seguridad aeronáutica».
Según ha podido saber este periódico, existía preocupación en Aviación Civil ante la existencia de una grúa de 30 metros de altura que llevaba a cabo los procesos de montaje de la planta y que estaba situada en las proximidades de la zona donde los aviones están a punto de tomar tierra. En la denuncia de los ecologistas se advertía del riesgo que comportaba una instalación de esas característcias por el humo y el polvo que genera y porque «conlleva una chimenea de altura indeterminada».
«Han visto que han metido la pata hasta el codo (sic) y por eso se han echado atrás», manifestó Neus Prats, portavoz del GEN.
Por su parte, el portavoz progresista en el Ayuntamiento de Sant Josep, Josep Marí Ribas Agustinet, se congratuló de lo sucedido y achacó a la «contundencia de las denuncias de los padres y de la oposición» que el Govern haya «recapacitado para no enfrentarse a un movimiento más duro de lo que se esperaba». A su juicio, «es una absluta mentira» decir que la planta estaba en el proyecto y dudó de que existan los informes favorables de los que habla el Ejecutivo balear: «Al menos no los hay en el Ayuntamiento de Sant Josep, que es donde se debían tramitar y ni siquiera se llegaron a solicitar», destacó.