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El alcalde de Petra deja caducar una multa de 119.000 euros del marido de una edil |
(El Mundo, 1/02/2006)
Hace 13 meses el alcalde Joan Font Massot impuso a Ferreteria Bonany una multa de 119.000 euros / El primer edil tiene ahora que reanudar el expediente y fijar una nueva sanción / Mientras la nave sigue funcionando
JOAN ESTRANY
PETRA.- Un año y 30 días hábiles exactos tras la incoación del expediente sancionador de infracción urbanística de la Ferretería Bonany -el 17 de diciembre de 2004-, el alcalde de Petra, Joan Font Massot, firmaba ayer la caducidad del dossier. Un retraso más que sumar a la larga serie de obstáculos que se han cruzado de por medio los malogrados intentos de aplicar la multa de 119.000 euros -154.399 según el arquitecto municipal- y que obligará de nuevo a iniciar de cero los trámites disciplinarios lastrando si cabe más el culebrón urbanístico.
Mientras la burocracia local se prepara para repetir los pasos pertinentes que rigen en toda apertura de expediente: notificación, alegaciones, valoración de obras, etc., la actividad comercial e industrial de la polémica nave, regentada por el marido de la teniente de alcalde, Catalina Mas (PSM), sigue funcionando con toda normalidad.
En opinión del secretario municipal de Petra, Francisco González, la prescripción provisional del expediente sancionador, en lo que a responsabilidades respecta, no es del todo ajena al Ayuntamiento. González no cree desproporcionado atribuir dejadez y negligencia al equipo del alcalde, Joan Font Massot, por no actuar en los 12 meses y 30 días que marca la ley autonómica para hacer efectiva la multa impuesta.
Al margen de la caducidad del expediente abierto el 17 de diciembre de 2004, en virtud de la Ley de Disciplina Urbanística que establece «el archivo de las actuaciones 30 días después de transcurrir un año en la apertura del expediente», colea todavía el importe de la cantidad a pagar. La última tasación de la porción de obra construida ilegalmente, efectuada ésta por parte del arquitecto municipal, fijaba una sanción de 154.339 euros, una cantidad sensiblemente inferior a la propuesta por el instructor del expediente, el concejal del PSM Sebastià Reichach.
Rebaja de la multa
Ante el evidente baile de cifras, el Ayuntamiento de Petra optó por la vía rápida y tras trazar la media aritmética de las dos propuestas, estableció la sanción definitiva en 119.000 euros. Una sanción que se quedó en 59.500 euros -a partir de 60.000 euros el Consell de Mallorca tiene competencia para intervenir directamente- tras aplicarle un concepto de reducción del 50% a petición de Rechach por entender que parte de la obra se había realizado en suelo urbano.
Con el borrón y cuenta nueva se abre un nuevo período para evaluar de nuevo la obra ilegal de la nave. Una valoración que de actualizarse al IPC anual superaría ya los 60.000 euros de margen -los 120.000 si se obvia la reducción del 50%- que da la legislación para permitir la subrogación de la multa al Consell.
En espera de que se plantee una nueva valoración, el alcalde Joan Font Massot, ayer se limitó a incoar un nuevo expediente de infracción urbanística. Antes de asistir a un nuevo ejercicio de cómo presupuestar la multa, el expediente deberá ser notificado y abrir un plazo de alegaciones. Unos trámites que no harán sino dilatar, aún más, el cumplimiento de la normativa.
Hace 13 meses el alcalde Joan Font Massot impuso a Ferreteria Bonany una multa de 119.000 euros / El primer edil tiene ahora que reanudar el expediente y fijar una nueva sanción / Mientras la nave sigue funcionando
JOAN ESTRANY
PETRA.- Un año y 30 días hábiles exactos tras la incoación del expediente sancionador de infracción urbanística de la Ferretería Bonany -el 17 de diciembre de 2004-, el alcalde de Petra, Joan Font Massot, firmaba ayer la caducidad del dossier. Un retraso más que sumar a la larga serie de obstáculos que se han cruzado de por medio los malogrados intentos de aplicar la multa de 119.000 euros -154.399 según el arquitecto municipal- y que obligará de nuevo a iniciar de cero los trámites disciplinarios lastrando si cabe más el culebrón urbanístico.
Mientras la burocracia local se prepara para repetir los pasos pertinentes que rigen en toda apertura de expediente: notificación, alegaciones, valoración de obras, etc., la actividad comercial e industrial de la polémica nave, regentada por el marido de la teniente de alcalde, Catalina Mas (PSM), sigue funcionando con toda normalidad.
En opinión del secretario municipal de Petra, Francisco González, la prescripción provisional del expediente sancionador, en lo que a responsabilidades respecta, no es del todo ajena al Ayuntamiento. González no cree desproporcionado atribuir dejadez y negligencia al equipo del alcalde, Joan Font Massot, por no actuar en los 12 meses y 30 días que marca la ley autonómica para hacer efectiva la multa impuesta.
Al margen de la caducidad del expediente abierto el 17 de diciembre de 2004, en virtud de la Ley de Disciplina Urbanística que establece «el archivo de las actuaciones 30 días después de transcurrir un año en la apertura del expediente», colea todavía el importe de la cantidad a pagar. La última tasación de la porción de obra construida ilegalmente, efectuada ésta por parte del arquitecto municipal, fijaba una sanción de 154.339 euros, una cantidad sensiblemente inferior a la propuesta por el instructor del expediente, el concejal del PSM Sebastià Reichach.
Rebaja de la multa
Ante el evidente baile de cifras, el Ayuntamiento de Petra optó por la vía rápida y tras trazar la media aritmética de las dos propuestas, estableció la sanción definitiva en 119.000 euros. Una sanción que se quedó en 59.500 euros -a partir de 60.000 euros el Consell de Mallorca tiene competencia para intervenir directamente- tras aplicarle un concepto de reducción del 50% a petición de Rechach por entender que parte de la obra se había realizado en suelo urbano.
Con el borrón y cuenta nueva se abre un nuevo período para evaluar de nuevo la obra ilegal de la nave. Una valoración que de actualizarse al IPC anual superaría ya los 60.000 euros de margen -los 120.000 si se obvia la reducción del 50%- que da la legislación para permitir la subrogación de la multa al Consell.
En espera de que se plantee una nueva valoración, el alcalde Joan Font Massot, ayer se limitó a incoar un nuevo expediente de infracción urbanística. Antes de asistir a un nuevo ejercicio de cómo presupuestar la multa, el expediente deberá ser notificado y abrir un plazo de alegaciones. Unos trámites que no harán sino dilatar, aún más, el cumplimiento de la normativa.
Una ampliación de 775 m2 todavía sin licencias
La ampliación ilegal de 774,82 metros cuadrados de la Ferretería Bonany de Petra vuelve a estar en el centro de la polémica un año después de que el Ayuntamiento decretará su paralización el 25 de agosto de 2004 al no contar con los permisos preceptivos. El incumplimiento de esta orden motivó que a finales de ese año el secretario, Francisco González, encargara un segundo informe al arquitecto municipal, César González, para evaluar los añadidos ilegales realizados desde el 27 de agosto, fecha en que data la primera cuantificación de la obra ilegal.
Esta segunda tasación efectuada por César González, en el que se obvian las nueva actuaciones, y en la que se limita a actualizar las valoraciones ya recogidas en 2004 -129.823 euros por la ejecución de la nave y 19.355 en material de pavimentación- al IPC anual -3,5%-. De ahí resultan los 154.339 euros que hasta ahora ha manejado una de las partes frente a los 119.000 que son los que constan oficialmente en el expediente. Cifra que presumiblemente variará si la obra se someta a una nueva valoración.