(Diario de Ibiza, 22/01/2006)

José Sala Torres, nacido en Sant Antoni en 1952, no tiene dedicación exclusiva como alcalde de la localidad «pero es como si la tuviera», dice, porque desde que asumió la alcaldía no ha vuelto a ejercer como abogado en el despacho que comparte con otros socios. Cuando el "caso Cretu" está a punto de llegar a su fin, Sala asegura que el Ayuntamiento ya está preparando los pasos a seguir en caso de que se confirme el derribo de la mansión.

Sant Antoni | Pedro Prieto
El alcalde de Sant Antoni tiene varios frentes abiertos a poco más de un año del final de su primer mandato. La reforma del puerto, el nuevo Plan General, la regeneración del núcleo urbano, la mala imagen turística del municipio y, sobre todo, dos casos especialmente problemáticos: las órdenes judiciales de derribo del edificio Sol Bahía (actualmente en el Tribunal Supremo) y de la mansión de Michael Cretu en Santa Agnès por haber sido edificados con licencias concedidas ilegalmente. Sala, no obstante, señala que son los dos únicos («y puntuales») problemas urbanísticos del municipio que dirige.

- En pocos días se resolverá el recurso de queja que ha presentado el Ayuntamiento contra la decisión del TSJB de no permitirles recurrir al Tribunal Supremo la negativa a legalizar la casa de Cretu. Después de conocer los argumentos de la primera resolución, parece poco probable que la queja prospere. ¿Existe un "plan B" o se asumirá ya la demolición de la casa?

- Simultáneamente al último recurso se ha encargado a nuestros abogados un informe para que nos digan cómo tenemos que actuar de cara a la ejecución de la sentencia, porque no quiero incurrir en ningún tipo de desacato a la autoridad. Con independencia de si estamos de acuerdo o no, lo que está claro es que debemos acatarla y asumirla. La próxima semana sabremos los pasos que nuestros asesores jurídicos dicen que hay que dar. Supongo que requeriremos a la promotora para que efectúe un proyecto de demolición. Los responsables de hacerlo son ellos, aunque si lo incumplen, nosotros deberemos hacerlo subsidiariamente; redactaremos un proyecto y empezaremos los pasos hacia la ejecución. Eso traerá dificultades, ya que se trata de un domicilio privado. Para redactar un proyecto de demolición, deberemos tener permiso para entrar, ya que se está diciendo que las obras no se ajustan al proyecto por el que se concedió la licencia. Es decir, que si lo tenemos que hacer nosotros, hay varios problemas e interrogantes jurídicos. Todo esto son hipótesis, porque el informe aún se está redactando, pero pienso que será más o menos así.

- El hecho de que se haya cumplido o no la licencia por parte de la promotora de Cretu tiene mucha relevancia a la hora de dictaminar si el Ayuntamiento deberá pagar una indemnización y su cuantía.

- Lógicamente. Pero eso es algo a lo que deben instar ellos. No tengo ninguna duda de que podremos constatar la realidad, porque sino irá en su contra. Son ellos los que han de demostrar que todo se ajusta a la licencia para poder pedir la indemnización. En el expediente de responsabilidad patrimonial iremos hasta el fondo para saber lo que se ha hecho y si se ajusta o no, porque el Ayuntamiento defenderá sus intereses. La indemnización será la que corresponda, no la que pide el interesado.

- Ante una petición por parte de Cretu de 18 millones de euros, cuesta creer que el Ayuntamiento no ha mandado un técnico al lugar para comprobar si se han excedido.

- Es que todo está sujeto a un procedimiento que tiene sus fases. Se debe incoar un expediente, hay una fase para proponer pruebas y practicarlas, y luego una fase de conclusiones. Por ahora no tenemos ningún indicio de que se hayan excedido ni de lo contrario. Lo único que tenemos es el certificado de final de obra emitido por el técnico municipal, que dijo que ésta se ajustaba al proyecto presentado. ¿Y si finalmente no se ajusta? Lo veremos en su momento y no admitiremos ninguna indemnización extra.

- ¿18 millones de euros pueden estar justificados según lo que se autorizó?

- Así, de entrada, me parece excesivo, aunque eso está sujeto a un procedimiento contradictorio en fase administrativa y la resolución que se adopte está sujeta a ser revisada por los tribunales. De todas formas, lo más urgente no es eso, sino la demolición.

- Hasta el momento, la relación con la promotora ha sido buena.

- Ha sido coincidente. Yo no he tenido ninguna relación, ni buena ni mala. Creo que el Ayuntamiento, por principios, debe defender sus actos hasta el final, y su acto fue dar la licencia. Guste o no guste, tuvo todos los informes favorables. Además, puede suponer un quebranto económico muy importante. Eso es coincidente con el interés del promotor, que la quiere mantener. No nos hemos puesto de acuerdo en nada. Si esto no prospera, entramos en una fase en la que los intereses divergirán. Dejará de haber coincidencia porque habrá que hablar de indemnizaciones. Pero no ha habido hasta ahora ningún acuerdo ni ninguna reunión ni nada entre las partes. Por lo menos conmigo, ni con nadie del ayuntamiento actual, ni creo que con el anterior.

- Si hay que pagar, ¿se personará el Ayuntamiento en la causa penal que hay abierta para aclarar cómo se otorgó la licencia?

- La próxima semana quiero encargar un informe a un gabinete de abogados externo, distinto a los letrados que han intervenido en el proceso, sobre las posibles responsabilidades en las que hubiesen podido incurrir tanto técnicos como políticos en la concesión de la licencia. Sean patrimoniales o penales. Así saldremos de este tema de una vez por todas, porque se están diciendo muchas cosas. A mí quienes me asesoran, los abogados de aquí y del Consell, me dicen que no aprecian que nadie tenga ninguna responsabilidad. No creo que haya mala fe ni que se hayan hecho informes favorables a sabiendas de que debían ser desfavorables por parte de los técnicos. Y por parte de los políticos, han actuado con informes favorables, no sólo del Ayuntamiento sino también del Consell. En mi modesto entender, no hay nada, pero no quiero prejuzgarlo. Daremos toda la información a un bufete de abogados cualificado y que nos diga si alguien ha incurrido en alguna responsabilidad.

- Sea técnico municipal, político, el anterior alcalde...

- Técnico, político o quien sea.

- Y se le podrían exigir responsabilidades.

- Si resulta que hay, claro.

- Sea quien sea.

- Claro. Es que, además, pedir responsabilidades no está sólo en manos del Ayuntamiento. Cualquier persona podría exigirlas a quien haya incurrido en ellas. De todas formas, en las diligencias penales que hay abiertas sólo se insinúa la imputación del promotor y de sus técnicos, pero nadie se ha dirigido al ex alcalde ni a los técnicos que lo informaron favorablemente.

- El edificio Sol Bahía también tiene una sentencia de demolición y está siguiendo el mismo camino judicial que la casa de Cretu. Ahora que usted está al frente del Ayuntamiento, ¿qué pudo pasar para que se diesen estas licencias ilegales?

- No me atrevo a decir que ha sido el azar, pero casi ha sido así. Hay dos problemas urbanísticos en Sant Antoni: Sol Bahía y Cretu. En el municipio no hay urbanizaciones de dudosa legalidad y hacemos un buen trabajo de disciplina urbanística. ¿Por qué se dan estas situaciones? Creo que no están justificadas, ni una ni la otra, independientemente de su legalidad o ilegalidad. Tal vez porque los posibles afectados han presionado más y los casos han llegado más lejos que otras infracciones ocurridas en otros lugares. No se puede hablar de agravios comparativos, porque legalmente no está establecido. Pero sí se puede comparar, y en Sant Antoni no hay un problema urbanístico latente constante.

- Este año está previsto iniciar la revisión del Plan General de Sant Antoni. ¿Cuáles van a ser los criterios políticos que lo van a inspirar?

- En febrero o marzo se aprobará el avance. El primer objetivo es adaptarlo al PTI, tanto en el suelo rústico como en todo lo demás. No habrá polígonos industriales nuevos, el suelo urbano sólo puede crecer un 1 por ciento anual y, sobre todo, se intentará revitalizar Sant Antoni. El pueblo tiene el sambenito de tener un turismo fiestero y ruidoso, pero queremos potenciar los otros atractivos del municipio, como el mar y los núcleos rurales. A excepción del núcleo urbano, Sant Antoni, junto con Sant Joan, es el municipio más protegido. Sant Rafel, Sant Mateu y Corona nos permiten un turismo de relación con la naturaleza y el senderismo. También se quiere revitalizar comercialmente el núcleo urbano, con reformas de calles como la que se ha hecho en el carrer Ample, y potenciar el turismo náutico. El puerto deportivo vinculado a ses Variades deberá permitir una plataforma que permita el atraque de cruceros. Hay que ser imaginativos y, ahora que se habla del `todo incluido?, no luchar contra unas iniciativas empresariales, sino crear iniciativas para rentabilizar los propios negocios. Además, hay que prever una salida alternativa del puerto, soterrada por el norte o por debajo del Passeig de ses Fonts. Y todas las nuevas construcciones deben ser equilibradas y de calidad, asumibles territorialmente por nuestro municipio.

-¿Qué opina de la movilización popular que se ha generado en algunos puntos de su municipio, como Sant Rafel, contra el proyecto de la nueva carretera de Sant Antoni?

- Pienso que la oposición no ha sido tan popular. Ha habido unos movimientos, pero otros sectores están a favor pero no se hacen ver tanto. Además, el movimiento de oposición ha bajado mucho en intensidad y muchas personas se han marchado al ver la realidad. Esta oposición, que creo que nació de buena fe ante un proyecto que era exagerado, hoy está fuera de lugar. Se han atendido muchas alegaciones que presentó el Pacto del Consell, y el proyecto actual es un simple desdoblamiento, con rotondas en superficie y algún cambio de sentido a distinto nivel porque son necesarios.

-¿Y el túnel?

-Mucha gente de Sant Rafel está de acuerdo y beneficiará al pueblo, porque el motivo es no ampliar la carretera por arriba y no tocar las casas que hay a cada lado. Sin túnel, la afectación sería muy superior. Además, la parte de arriba permitirá conectar mediante una vía urbana, con pasos de peatones y todo esto, el Norte y el Sur de Sant Rafel, que tradicionalmente han estado separados. Querría que no fuese así y, de hecho, no nació con esa voluntad, pero desde hace un tiempo la oposición [a las autovías] tiene mucho de política y poco de objetiva y técnica.