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Eivissa: el fiscal ve indicios de tres delitos en el asfaltado de Serra Escandell |
(Diario de Ibiza, 19/01/2006)
El alcalde de Sant Josep podría haber incurrido en prevaricación por haber levantado, mediante un decreto personal, la paralización de la planta asfáltica que había ordenado la Junta de Gobierno
Eivissa | J. Ll. Ferrer
La Fiscalía de Eivissa aprecia indicios de tres delitos diferentes en las obras de asfaltado del alcalde de Sant Josep, José Serra Escandell, y en el funcionamiento de la fábrica de aglomerado que la constructora MAB tenía en la carretera de Sant Josep.
Según el escrito enviado por la Fiscalía a los juzgados de Eivissa, la actuación de Serra Escandell podría ser constitutiva de un delito de prevaricación, tipificado en el Código Penal, dado que el alcalde revocó de forma personal un acuerdo anterior adoptado por la Junta de Gobierno para detener el funcionamiento de la planta asfáltica. La Fiscalía considera que deberá investigarse si hubo una actitud de condescendencia y tolerancia del Ayuntamiento sobre MAB en relación a esta planta con orden de cierre reiteradamente desoida.
En segundo lugar, el ministerio público opina que con esta actuación, Serra Escandell podría haber incurrido en un delito de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios y autoridades públicas, tipificado en el artículo 439 del Código Penal. Dicho artículo estipula textualmente: «La autoridad o funcionario que, debiendo informar, por razón de su cargo, en cualquier clase de contrato, asunto, operación o actividad, se aproveche de tal circunstancia para forzar o facilitarse cualquier forma de participación, directa o por persona interpuesta, en tales negocios o actuaciones, incurrirá en la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años».
Por último, el fiscal de Eivissa también aprecia indicios de delito de desobediencia a la autoridad en la actuación de la empresa MAB, por haberse negado a desmantelar sus instalaciones en la carretera de Sant Josep, tal y como se lo había ordenado el Ayuntamiento antes de que Serra Escandell le permitiera seguir funcionando diez días más.
Mientras tanto, la Policía Judicial sigue investigando la documentación hallada en las empresas de Serra Escandell y en MAB, aunque el resultado final de esta prueba no se considera crucial en el desarrollo de la instrucción de la causa.
La Fiscalía tiene previsto solicitar nuevas pruebas periciales al juzgado.
El alcalde de Sant Josep podría haber incurrido en prevaricación por haber levantado, mediante un decreto personal, la paralización de la planta asfáltica que había ordenado la Junta de Gobierno
Eivissa | J. Ll. Ferrer
La Fiscalía de Eivissa aprecia indicios de tres delitos diferentes en las obras de asfaltado del alcalde de Sant Josep, José Serra Escandell, y en el funcionamiento de la fábrica de aglomerado que la constructora MAB tenía en la carretera de Sant Josep.
Según el escrito enviado por la Fiscalía a los juzgados de Eivissa, la actuación de Serra Escandell podría ser constitutiva de un delito de prevaricación, tipificado en el Código Penal, dado que el alcalde revocó de forma personal un acuerdo anterior adoptado por la Junta de Gobierno para detener el funcionamiento de la planta asfáltica. La Fiscalía considera que deberá investigarse si hubo una actitud de condescendencia y tolerancia del Ayuntamiento sobre MAB en relación a esta planta con orden de cierre reiteradamente desoida.
En segundo lugar, el ministerio público opina que con esta actuación, Serra Escandell podría haber incurrido en un delito de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios y autoridades públicas, tipificado en el artículo 439 del Código Penal. Dicho artículo estipula textualmente: «La autoridad o funcionario que, debiendo informar, por razón de su cargo, en cualquier clase de contrato, asunto, operación o actividad, se aproveche de tal circunstancia para forzar o facilitarse cualquier forma de participación, directa o por persona interpuesta, en tales negocios o actuaciones, incurrirá en la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años».
Por último, el fiscal de Eivissa también aprecia indicios de delito de desobediencia a la autoridad en la actuación de la empresa MAB, por haberse negado a desmantelar sus instalaciones en la carretera de Sant Josep, tal y como se lo había ordenado el Ayuntamiento antes de que Serra Escandell le permitiera seguir funcionando diez días más.
Mientras tanto, la Policía Judicial sigue investigando la documentación hallada en las empresas de Serra Escandell y en MAB, aunque el resultado final de esta prueba no se considera crucial en el desarrollo de la instrucción de la causa.
La Fiscalía tiene previsto solicitar nuevas pruebas periciales al juzgado.