(Diario de Ibiza, 17/01/2006)

EIVISSA | PEDRO PRIETO
La magistrada Clara Ramírez, titular del juzgado de lo Penal número 1 de Eivissa, absolvió ayer a los nueve acusados de un delito de desobediencia por la vulneración del precinto dictado por el Consell Insular a las obras de urbanización de es Pouet en agosto de 2000, tras la entrada en vigor de la moratoria urbanística aprobada por el equipo de gobierno del Pacto Progresista. La juez informó in voce de la sentencia a los nueve acusados a la finalización del juicio oral, e hizo suyos los argumentos de los abogados de la defensa, que se ampararon principalmente en las notificaciones «mal hechas» que hizo el Consell Insular.

Los cuatro letrados de la defensa, a los que la juez dio la razón al finalizar el juicio, argumentaron su petición de absolución en que las notificaciones del precinto a la empresa promotora (Progen S. A.) y constructora (Brues S. A.) estuvieron «mal hechas». En concreto, Progen S. A., que tiene su sede en San Sebastián, recibió «en catalán» el decreto del 16 de agosto de la presidenta del Consell ordenando la paralización y el del 18 de agosto informando del precinto. Tras la recepción de ambos, solicitaron a la institución su traducción al castellano y cuando la recibieron, el 29 de agosto de 2000, «ésta era de imposible cumplimiento porque la orden de precinto era para el día 19», dijeron. Los abogados aseguraron que tampoco constan en ningún lugar las notificaciones a Brues, y agregaron que el precinto de es Pouet fue obra de un «poder mediático y político» y que las promotoras fueron «el chivo expiatorio».

Los letrados también consideran que el Consell Insular no era la institución competente para paralizar las obras. «El primer encargado era el Ayuntamiento [de Santa Eulària] porque fue quien nos dio la licencia. Si no, no tenemos por qué hacer caso a nadie que no sea la autoridad judicial», dijo uno de los letrados, que recordó que el Consistorio consideró que no tenían por qué obedecer la orden del Consell. Los letrados recordaron que la dirección insular del Estado también indicó que las fuerzas de seguridad no tenían competencias para intervenir. «Parece que los únicos interesados en que se notificaran las cosas eran los medios de comunicación», aseguró.

El fiscal encargado del juicio (que no fue el mismo que llevó la instrucción del caso) expresó que no tenía la intención de recurrir el fallo de la juez y explicó que había mantenido la acusación (pedía 10 meses de cárcel para cada uno de los nueve acusados) «por imperativo jerárquico».

Nadie sabía nada

Ocho de los nueve acusados, todos ellos directivos y jefes de obra de las empresas Progen S. A. y Brues S. A., aseguraron durante el juicio que estaban de vacaciones en las fechas en las que se decretó la paralización de las obras, su posterior precinto y su vulneración. Los imputados incluso añadieron que desconocían el revuelo mediático que se organizó, un hecho que motivó la incredulidad del Ministerio Fiscal, que recordó que otra empresa promotora, Wallis 21, sí cumplió los decretos y paralizó sus obras en es Pouet. El fiscal mantuvo que «alguien en la cadena de mando de las empresas tenía que saberlo». De hecho, todos los imputados recordaban el momento en que una juez se hizo cargo del caso y les ordenó que paralizaran los trabajos, orden que sí cumplieron de inmediato.

Sólo un ayudante de jefe de obra admitió que en esos días estaba trabajando en es Pouet, pero también dijo que no le notificaron la orden de parar: «Nadie me dio nunca nada». La propia secretaria del Consell, que acudió al lugar a precintar las obras, explicó que habló con un hombre que dijo ser el encargado de la obra pero éste «no se quiso identificar». La secretaria no logró identificar a esta persona entre los nueve acusados. Esta funcionaria tuvo que dejar el acta del precinto «en una silla, con una piedra encima» debido a que nadie se la quiso firmar. Finalmente, la echaron de la obra porque «no estaba autorizada a estar allí». La Guardia Civil, aunque se encontraba en el lugar, sólo había acudido para evitar problemas de orden público, pero no para efectuar la ejecución forzosa del precinto, aclaró esta funcionaria.

Un acta con pocos detalles y un precinto que nadie vio
EIVISSA | P. P.

El celador de obras del Consell no pudo detallar en qué consistía «la continuación de los trabajos a buen ritmo» que señaló en un acta de apenas medio folio firmada el 21 de agosto. En ella, informaba al Consell de la situación de los trabajos en es Pouet, después de que los medios de comunicación informaran de la rotura del precinto. El celador dijo que había visto a varios trabajadores «trabajando», pero no pudo precisar si se encontraban «abriendo zanjas o simplemente recogiendo las herramientas», tal y como le preguntó la juez, que le reprendió los pocos detalles que ofrecía en su informe. «Estas actas suelen acabar en el juzgado, así que en el futuro intente ser más preciso», le dijo. Nadie llamó a declarar a una testigo que durante la instrucción dijo haber visto cómo continuaban los trabajos y luego se retractó, ni a los periodistas que también lo recogieron en sus informaciones. Los abogados de los acusados se ampararon en que no había quedado acreditada la continuación de las obras.

En el juicio tampoco se logró probar quién era el responsable de la rotura del precinto. Ni el empleado que en esos momentos estaba al cargo de la obra ni ninguno de sus superiores reconocieron haberlo visto, aunque un directivo sí admitió tener noticias de que «se puso uno en una excavadora y otro en una caseta», pero no aclaró el motivo de su rotura. «Tal vez, -dijo- para retirar la excavadora o para que los operarios recogiesen sus cosas».

Un letrado, al que se adhirieron los demás en su informe de defensa, llegó a asegurar que esta ejecución forzosa de la moratoria obedecía a «una campaña mediática y política que finalmente, y afortunadamente, les ha costado las elecciones, porque las perdieron». La ex presidenta, Pilar Costa, también estaba citada en el juzgado, pero tampoco fue llamada a declarar.