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Eivissa: la Guardia Civil registra las empresas del alcalde de Sant Josep por el asfaltado ilegal |
(Diario de Ibiza, 13/01/2006)
En un operativo sin precedentes en la isla de Eivissa, agentes de la Policía Judicial procedieron el pasado día 30 de diciembre a efectuar una serie coordinada de registros en las empresas del alcalde de Sant Josep, José Serra Escandell, y en la sede central de la constructora MAB, en Mallorca, en relación con el asfaltado ilegal realizado por el alcalde en un negocio de su propiedad. La acción se inscribe en las diligencias abiertas por el juzgado de Instrucción número 2 de Eivissa a raíz de la denuncia presentada por el grupo del Pacto Progresista ante la Fiscalía de Eivissa.
Eivissa | Joan Lluís Ferrer
Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Eivissa, siguiendo instrucciones del titular del juzgado de Instrucción número 2 de Eivissa, José Espinosa, han efectuado un registro completo de las principales empresas del alcalde de Sant Josep, José Serra Escandell, en busca de pruebas relacionadas con el asfaltado que a finales del año pasado hizo el responsable municipal en un negocio de su propiedad con aglomerado procedente de la planta de la constructora MAB, que tenía orden de cierre y que siguió funcionando gracias, precisamente, a un decreto firmado por Serra Escandell.
Según confirmaron ayer fuentes de la instrucción a este periódico, los agentes se personaron por sorpresa en la mañana del día 30 de diciembre en las instalaciones de la nave industrial dedicada a náutica donde se produjo el asfaltado. Allí procedieron a registrar los archivos y documentos de la empresa en busca de posibles evidencias de delito. Acto seguido, la acción se trasladó hasta otras empresas del alcalde, ubicadas en la carretera del aeropuerto, donde se repitió la misma acción.
Como consecuencia del operativo, los agentes se incautaron de un disco duro de ordenador, cuyo contenido está siendo examinado en estos momentos por la Policía Judicial.
La acción de la justicia no se limitó sólamente a las empresas del alcalde de Sant Josep, sino que se extendió también a la sede central que la constructora Matías Arrom Bibiloni (MAB) tiene en Binissalem (Mallorca). En esta ocasión, los agentes se incautaron de abundante documentación, que está siendo también examinada.
Esta diligencia había sido acordada por el juzgado de Instrucción número 2 después de que lo hubiera solicitado la Fiscalía de Eivissa, a instancias de la denuncia formulada por el grupo municipal del Pacto Progresista, a raíz de las informaciones publicadas por Diario de Ibiza sobre las obras de asfaltado realizadas por el alcalde.
La apertura de diligencias por un posible delito contenido en el Código Penal no había sido hecha pública hasta ahora porque el magistrado que las instruye había decretado el secreto de las mismas, al objeto de garantizar la reserva y discreción de las acciones policiales y no alertar a los posibles implicados en el caso.
Los hechos que han desencadenado este conjunto de registros empezaron el día 21 de diciembre, cuando este periódico publicó que un negocio de Serra Escandell estaba usando asfalto de la planta de MAB para pavimentar el exterior de la nave. Dicha fábrica debía haber cerrado el 24 de junio de 2005, fecha en que el Ayuntamiento requirió a la empresa para que desmantelara la maquinaria. El día 17 de agosto se envió una nueva notificación otorgando cinco días más para cesar la actividad. El 8 de septiembre el Ayuntamiento ordena el precinto de la planta. Esta decisión fue recurrida judicialmente por la empresa, pero los juzgados desestimaron el recurso.
Fue el día 5 de octubre cuando el alcalde de Sant Josep, mediante un decreto de alcaldía -y, según el Pacto Progresista, sin estar respaldado por informe jurídico alguno- autoriza a la empresa MAB para disponer de diez días más al objeto de vaciar los depósitos de material.
El alcalde justificó su actuación afirmando que aprovechó el vaciado de estos tanques para «tapar algunos agujeros» de la explanada de su negocio y restó importancia a que el material procediera de la planta con orden de cierre. «Como si viene de Rusia», llegó a decir.
«La decisión de desprecintar la planta después de haberla cerrado con un auto judicial no se entiende de ninguna manera ni creemos que sea legal», afirma el Pacto Progresista en el escrito de denuncia que cursó ante la Fiscalía.
En un operativo sin precedentes en la isla de Eivissa, agentes de la Policía Judicial procedieron el pasado día 30 de diciembre a efectuar una serie coordinada de registros en las empresas del alcalde de Sant Josep, José Serra Escandell, y en la sede central de la constructora MAB, en Mallorca, en relación con el asfaltado ilegal realizado por el alcalde en un negocio de su propiedad. La acción se inscribe en las diligencias abiertas por el juzgado de Instrucción número 2 de Eivissa a raíz de la denuncia presentada por el grupo del Pacto Progresista ante la Fiscalía de Eivissa.
Eivissa | Joan Lluís Ferrer
Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Eivissa, siguiendo instrucciones del titular del juzgado de Instrucción número 2 de Eivissa, José Espinosa, han efectuado un registro completo de las principales empresas del alcalde de Sant Josep, José Serra Escandell, en busca de pruebas relacionadas con el asfaltado que a finales del año pasado hizo el responsable municipal en un negocio de su propiedad con aglomerado procedente de la planta de la constructora MAB, que tenía orden de cierre y que siguió funcionando gracias, precisamente, a un decreto firmado por Serra Escandell.
Según confirmaron ayer fuentes de la instrucción a este periódico, los agentes se personaron por sorpresa en la mañana del día 30 de diciembre en las instalaciones de la nave industrial dedicada a náutica donde se produjo el asfaltado. Allí procedieron a registrar los archivos y documentos de la empresa en busca de posibles evidencias de delito. Acto seguido, la acción se trasladó hasta otras empresas del alcalde, ubicadas en la carretera del aeropuerto, donde se repitió la misma acción.
Como consecuencia del operativo, los agentes se incautaron de un disco duro de ordenador, cuyo contenido está siendo examinado en estos momentos por la Policía Judicial.
La acción de la justicia no se limitó sólamente a las empresas del alcalde de Sant Josep, sino que se extendió también a la sede central que la constructora Matías Arrom Bibiloni (MAB) tiene en Binissalem (Mallorca). En esta ocasión, los agentes se incautaron de abundante documentación, que está siendo también examinada.
Esta diligencia había sido acordada por el juzgado de Instrucción número 2 después de que lo hubiera solicitado la Fiscalía de Eivissa, a instancias de la denuncia formulada por el grupo municipal del Pacto Progresista, a raíz de las informaciones publicadas por Diario de Ibiza sobre las obras de asfaltado realizadas por el alcalde.
La apertura de diligencias por un posible delito contenido en el Código Penal no había sido hecha pública hasta ahora porque el magistrado que las instruye había decretado el secreto de las mismas, al objeto de garantizar la reserva y discreción de las acciones policiales y no alertar a los posibles implicados en el caso.
Los hechos que han desencadenado este conjunto de registros empezaron el día 21 de diciembre, cuando este periódico publicó que un negocio de Serra Escandell estaba usando asfalto de la planta de MAB para pavimentar el exterior de la nave. Dicha fábrica debía haber cerrado el 24 de junio de 2005, fecha en que el Ayuntamiento requirió a la empresa para que desmantelara la maquinaria. El día 17 de agosto se envió una nueva notificación otorgando cinco días más para cesar la actividad. El 8 de septiembre el Ayuntamiento ordena el precinto de la planta. Esta decisión fue recurrida judicialmente por la empresa, pero los juzgados desestimaron el recurso.
Fue el día 5 de octubre cuando el alcalde de Sant Josep, mediante un decreto de alcaldía -y, según el Pacto Progresista, sin estar respaldado por informe jurídico alguno- autoriza a la empresa MAB para disponer de diez días más al objeto de vaciar los depósitos de material.
El alcalde justificó su actuación afirmando que aprovechó el vaciado de estos tanques para «tapar algunos agujeros» de la explanada de su negocio y restó importancia a que el material procediera de la planta con orden de cierre. «Como si viene de Rusia», llegó a decir.
«La decisión de desprecintar la planta después de haberla cerrado con un auto judicial no se entiende de ninguna manera ni creemos que sea legal», afirma el Pacto Progresista en el escrito de denuncia que cursó ante la Fiscalía.
Un operativo espectacular y exhaustivo
La irrupción del operativo policial en las empresas de Serra Escandell causó gran sorpresa tanto entre los empleados como en el propio alcalde del municipio, que en esos momentos presidía un pleno de la Corporación municipal, el último de 2005. Testigos indirectos de la operación resaltaron que los agentes realizaron un registro muy exhaustivo de los documentos y archivos que se encontraban tanto en la náutica del polígono industrial de Vila como en las naves de la carretera del aeropuerto. A partir de ahora, el juez instructor continuará investigando los hechos denunciados por el Pacto Progresista y posteriormente deberá decidir si mantiene abierta la instrucción o bien declara el sobreseimiento del caso, en función de si las averiguaciones practicadas confirman los indicios delictivos que justificaron la apertura de las diligencias, o por el contrario demuestran la ausencia de visos de delito. Por su parte, la Fiscalía decidirá también si propone al juez la práctica de nuevas diligencias o declaraciones testificales para continuar aclarando detalles de las circunstancias que rodearon la obra de asfaltado realizada por el alcalde. | J. Ll. F.