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Lletra menuda. El empeño en apuntalar irregularidades |
(Diario de Mallorca, 6/01/2006)
LLORENÇ RIERA
Los hechos y los comportamientos obligan a incidir una vez y otra sobre la cuestión. Antes que velar por el cumplimiento escrupuloso de la legalidad, como se les suponía cuando confiábamos en ellos, el grueso de los cargos públicos muestran mejor habilidad y mayor empeño en apuntalar la ilegalidad. Si hace falta, hacen palanca con sus propias manos para lograrlo.
Si le quedaba alguna duda de ello, lea la información de arriba a riesgo de decepcionarse otra vez. El alcalde de Deià, Jaume Crespí, no sólo se niega a demoler los chalés que brotaron sin licencia en Llucalcari en 1986 porque no ha recibido la comunicación oficial del Tribunal Supremo para ejecutar la sentencia, sino que ya ha adelantado que, cuando la reciba, no tendrá dinero para desarrollar el proyecto de demolición. Eso se llama previsión y presupuestos reales. Los antecesores de Crespí no tomaron tantas precauciones cuando hicieron la vista gorda con los chalés de Llucalcari.
Y ya que hablamos de previsiones deberemos referirnos necesariamente al alcalde de Inca y presidente del Parlament, Pere Rotger. Él sí que ha sido previsor de verdad al adelantar la licencia de obras para las 77 viviendas de protección oficial de la calle Mandrava antes de la recalificación de los terrenos clasificados como zona verde. El riesgo de convertir las obras en un barrizal, caso de postergarse, ha sido el gran argumento esgrimido por el alcalde de Inca en detrimento de los ciudadanos de su urbe.
Pere Rotger, en su condición de alcalde carismático, desarrolla una especial habilidad en contraponer, hasta el chispazo repelente, hechos con palabras y explicaciones. Lo ocurrido en Mandrava de Inca es otra forma de apuntalar la irregularidad, exactamente al revés de lo practicado por sus correligionarios del PP en Llucalcari, pero con identico objetivo y el mismo resultado capaz de moldearse la legalidad a medida.
La pequeña democracia de cada día, esa que está un tanto distante de las grandes declaraciones y el sillón mayestático de la presidencia del Parlament, tiene todavía bastante camino por recorrer antes de alcanzar la plena madurez. Actuaciones como las de Jaume Crespí en Deià o Pere Rotger en Inca no contribuyen a sanearla. Los alcaldes, en su concepción inmaculada inicial, estaban para salvaguardar y potenciar la legalidad. Dado que muchas veces actúan en sentido contrario, habrá que aplicar reconversiones de reciclaje.
LLORENÇ RIERA
Los hechos y los comportamientos obligan a incidir una vez y otra sobre la cuestión. Antes que velar por el cumplimiento escrupuloso de la legalidad, como se les suponía cuando confiábamos en ellos, el grueso de los cargos públicos muestran mejor habilidad y mayor empeño en apuntalar la ilegalidad. Si hace falta, hacen palanca con sus propias manos para lograrlo.
Si le quedaba alguna duda de ello, lea la información de arriba a riesgo de decepcionarse otra vez. El alcalde de Deià, Jaume Crespí, no sólo se niega a demoler los chalés que brotaron sin licencia en Llucalcari en 1986 porque no ha recibido la comunicación oficial del Tribunal Supremo para ejecutar la sentencia, sino que ya ha adelantado que, cuando la reciba, no tendrá dinero para desarrollar el proyecto de demolición. Eso se llama previsión y presupuestos reales. Los antecesores de Crespí no tomaron tantas precauciones cuando hicieron la vista gorda con los chalés de Llucalcari.
Y ya que hablamos de previsiones deberemos referirnos necesariamente al alcalde de Inca y presidente del Parlament, Pere Rotger. Él sí que ha sido previsor de verdad al adelantar la licencia de obras para las 77 viviendas de protección oficial de la calle Mandrava antes de la recalificación de los terrenos clasificados como zona verde. El riesgo de convertir las obras en un barrizal, caso de postergarse, ha sido el gran argumento esgrimido por el alcalde de Inca en detrimento de los ciudadanos de su urbe.
Pere Rotger, en su condición de alcalde carismático, desarrolla una especial habilidad en contraponer, hasta el chispazo repelente, hechos con palabras y explicaciones. Lo ocurrido en Mandrava de Inca es otra forma de apuntalar la irregularidad, exactamente al revés de lo practicado por sus correligionarios del PP en Llucalcari, pero con identico objetivo y el mismo resultado capaz de moldearse la legalidad a medida.
La pequeña democracia de cada día, esa que está un tanto distante de las grandes declaraciones y el sillón mayestático de la presidencia del Parlament, tiene todavía bastante camino por recorrer antes de alcanzar la plena madurez. Actuaciones como las de Jaume Crespí en Deià o Pere Rotger en Inca no contribuyen a sanearla. Los alcaldes, en su concepción inmaculada inicial, estaban para salvaguardar y potenciar la legalidad. Dado que muchas veces actúan en sentido contrario, habrá que aplicar reconversiones de reciclaje.