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Una docena de ediles populares ante el juez |
(Diario de Mallorca, 2/01/2006)
Las irregularidades urbanísticas y las tensiones entre PP y UM abren incógnitas sobre el futuro mapa municipal
F. GUIJARRO. PALMA.
El urbanismo mallorquín puede terminar por convertirse en el detonante de un notable cambio en el mapa municipal e incluso autonómico que surgirá tras las elecciones de 2007. En este momento hay presentadas querellas en los juzgados de Palma y Manacor contra once alcaldes y concejales del PP; hay un informe entregado a la fiscalía por parte del Consell contra la actuación como alcalde de Inca del presidente del PP de Mallorca y del Parlament, Pere Rotger, y todavía se perciben los rescoldos del enfrentamiento vivido este verano entre populares y UM por las crisis de Calvià y Andratx.
El principal problema al que se deberán enfrentar los responsables del Partido Popular es la posibilidad de llegar dentro de año y medio a unos comicios con una docena de sus alcaldes y concejales con imputaciones pendientes ante la Justicia, una situación que puede recordar la vivida hace algunos años por la que fuera alcaldesa de Calvià, Margarita Nájera.
El caso con repercusiones más graves, en el supuesto de que el fiscal de Medio Ambiente respalde las tesis del Consell, es el de Pere Rotger, por su cargo de presidente del PP de Mallorca y del Parlament autonómico, además de como alcalde de Inca, un contencioso que además puede abrir la puerta a una nueva crisis en las relaciones con UM. Hay que tener en cuenta que el informe remitido a la fiscalía se sustenta en una petición formulada por los servicios de Disciplina Urbanística de la institución insular, por lo que desde este último partido se podría alegar que no se trata de una maniobra política.
Uno de los argumentos esgrimidos ante la fiscalía es que el propio Pere Rotger ha admitido en diferentes ocasiones ser consciente de que estaba vulnerando el planeamiento urbanístico de su municipio. Además, el Código Penal contempla penas de inhabilitación y prisión para todos los cargos públicos y funcionarios que voten a favor de un proyecto a sabiendas de que se comete una injusticia.
En Eivissa existen en este momento varios precedentes en los que la fiscalía ha actuado contra alcaldes por la comisión de presuntas irregularidades en materia urbanística.
Denuncia contra 11 ediles
A este problema, derivado de una presunta irregularidad urbanística -que también recibió público apoyo por parte de la conselleria de Obras Públicas, Mabel Cabrer al favorecer la construcción de viviendas protegidas-, se suma el que implica a otros alcaldes y concejales populares y que ya se ha saldado con la dimisión del que fuera primer edil de ses Salines, Sebastià Vidal, también del PP.
DIARIO de MALLORCA desveló el pasado mes de julio que Vidal había construido su vivienda en suelo rústico haciéndola constar como sede de un club hípico. Para ello, responsables municipales de 11 ayuntamientos gobernados por el PP emitieron certificaciones falsas en las que daban fe de diversas actividades desarrolladas por ese club siete años antes de que se constituyera realmente.
Durante los últimos días se han presentado dos querellas contra esos alcaldes por parte de otros tantos particulares, por presunta falsedad documental. En concreto, en la denuncia interpuesta en Palma afecta a políticos populares de Campos, Santanyí, Santa Margalida, Llucmajor, sa Pobla, Felanitx, Inca, Lloret, Selva, Montuïri y ses Salines.
Hay que tener en cuenta que también los responsables del PSOE de Felanitx y Santanyí han presentado denuncias.
La crisis de Calvià
El urbanismo también actuó como detonante de la crisis vivida en Calvià, después de que el concejal de UM Joan Thomàs abandonara la disciplina de grupo para apoyar al alcalde del PP, Carlos Delgado, en su pretensión de recepcionar la urbanización Nova Santa Ponça.
La postura de Delgado de respaldar a Thomàs frente a la demanda de destitución de todos sus cargos formulada desde UM generó una gravísima crisis entre ambas formaciones políticas, que en algunos ámbitos se ha comparado con el descubrimiento de una infidelidad conyugal: de puertas para fuera, hay apariencia de reconciliación. En el seno del hogar, el ambiente sigue siendo gélido.
La postura de Carlos Delgado no sólo supuso un duro golpe para la imagen del partido de Maria Antònia Munar, sino que acabó convirtiéndose en una piedra en el zapato del presidente del PP balear, Jaume Matas, ante la evidencia de que el alcalde de Calvià no tenía, inicialmente, la menor intención de aceptar las órdenes de su partido. Finalmente, la situación logró reconducirse, al menos en apariencia.
Las irregularidades urbanísticas y las tensiones entre PP y UM abren incógnitas sobre el futuro mapa municipal
F. GUIJARRO. PALMA.
El urbanismo mallorquín puede terminar por convertirse en el detonante de un notable cambio en el mapa municipal e incluso autonómico que surgirá tras las elecciones de 2007. En este momento hay presentadas querellas en los juzgados de Palma y Manacor contra once alcaldes y concejales del PP; hay un informe entregado a la fiscalía por parte del Consell contra la actuación como alcalde de Inca del presidente del PP de Mallorca y del Parlament, Pere Rotger, y todavía se perciben los rescoldos del enfrentamiento vivido este verano entre populares y UM por las crisis de Calvià y Andratx.
El principal problema al que se deberán enfrentar los responsables del Partido Popular es la posibilidad de llegar dentro de año y medio a unos comicios con una docena de sus alcaldes y concejales con imputaciones pendientes ante la Justicia, una situación que puede recordar la vivida hace algunos años por la que fuera alcaldesa de Calvià, Margarita Nájera.
El caso con repercusiones más graves, en el supuesto de que el fiscal de Medio Ambiente respalde las tesis del Consell, es el de Pere Rotger, por su cargo de presidente del PP de Mallorca y del Parlament autonómico, además de como alcalde de Inca, un contencioso que además puede abrir la puerta a una nueva crisis en las relaciones con UM. Hay que tener en cuenta que el informe remitido a la fiscalía se sustenta en una petición formulada por los servicios de Disciplina Urbanística de la institución insular, por lo que desde este último partido se podría alegar que no se trata de una maniobra política.
Uno de los argumentos esgrimidos ante la fiscalía es que el propio Pere Rotger ha admitido en diferentes ocasiones ser consciente de que estaba vulnerando el planeamiento urbanístico de su municipio. Además, el Código Penal contempla penas de inhabilitación y prisión para todos los cargos públicos y funcionarios que voten a favor de un proyecto a sabiendas de que se comete una injusticia.
En Eivissa existen en este momento varios precedentes en los que la fiscalía ha actuado contra alcaldes por la comisión de presuntas irregularidades en materia urbanística.
Denuncia contra 11 ediles
A este problema, derivado de una presunta irregularidad urbanística -que también recibió público apoyo por parte de la conselleria de Obras Públicas, Mabel Cabrer al favorecer la construcción de viviendas protegidas-, se suma el que implica a otros alcaldes y concejales populares y que ya se ha saldado con la dimisión del que fuera primer edil de ses Salines, Sebastià Vidal, también del PP.
DIARIO de MALLORCA desveló el pasado mes de julio que Vidal había construido su vivienda en suelo rústico haciéndola constar como sede de un club hípico. Para ello, responsables municipales de 11 ayuntamientos gobernados por el PP emitieron certificaciones falsas en las que daban fe de diversas actividades desarrolladas por ese club siete años antes de que se constituyera realmente.
Durante los últimos días se han presentado dos querellas contra esos alcaldes por parte de otros tantos particulares, por presunta falsedad documental. En concreto, en la denuncia interpuesta en Palma afecta a políticos populares de Campos, Santanyí, Santa Margalida, Llucmajor, sa Pobla, Felanitx, Inca, Lloret, Selva, Montuïri y ses Salines.
Hay que tener en cuenta que también los responsables del PSOE de Felanitx y Santanyí han presentado denuncias.
La crisis de Calvià
El urbanismo también actuó como detonante de la crisis vivida en Calvià, después de que el concejal de UM Joan Thomàs abandonara la disciplina de grupo para apoyar al alcalde del PP, Carlos Delgado, en su pretensión de recepcionar la urbanización Nova Santa Ponça.
La postura de Delgado de respaldar a Thomàs frente a la demanda de destitución de todos sus cargos formulada desde UM generó una gravísima crisis entre ambas formaciones políticas, que en algunos ámbitos se ha comparado con el descubrimiento de una infidelidad conyugal: de puertas para fuera, hay apariencia de reconciliación. En el seno del hogar, el ambiente sigue siendo gélido.
La postura de Carlos Delgado no sólo supuso un duro golpe para la imagen del partido de Maria Antònia Munar, sino que acabó convirtiéndose en una piedra en el zapato del presidente del PP balear, Jaume Matas, ante la evidencia de que el alcalde de Calvià no tenía, inicialmente, la menor intención de aceptar las órdenes de su partido. Finalmente, la situación logró reconducirse, al menos en apariencia.