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El Consell lleva a la fiscalía al presidente del PP de Mallorca |
(Diario de Mallorca, 2/01/2006)
La institución insular ve indicios de delito en la licencia que el ayuntamiento de Inca otorgó para viviendas protegidas
F. GUIJARRO. PALMA.
El Consell de Mallorca ha remitido a la fiscalía un informe en el que destaca la existencia de indicios de delito en la adjudicación por parte del ayuntamiento de Inca de la licencia para construir viviendas protegidas en unos terrenos que, en ese momento, estaban clasificados como zona verde, según la información facilitada a DIARIO de MALLORCA por fuentes jurídicas. El informe elaborado por el servicio de Disciplina Urbanística del Consell advierte que se ha podido vulnerar el artículo 320 del Código Penal, que fija una pena de hasta dos años de prisión e inhabilitación en el cargo de siete a diez años, por parte de los concejales que votaron a favor de autorizar el citado proyecto, encabezados por el alcalde de Inca, máximo responsable del PP-Mallorca y presidente del Parlament, Pere Rotger.
El origen de este informe hay que buscarlo en la decisión adoptada el pasado mes de julio por la Comisión de Gobierno de Inca de autorizar la construcción de 77 viviendas y 77 plazas de estacionamiento por parte del Institut balear de l?Habitatge en unos terrenos de la calle Mandrava, a pesar de que, en el planeamiento urbanístico entonces en vigor, parte de este suelo estaba clasificado como zona verde, lo que convertía esa autorización en ilegal.
Esta decisión motivó la presentación de denuncias ante el Consell por parte del PSM y de los vecinos afectados por el recorte de una zona de uso público.
Entrada en la fiscalía
Las citadas fuentes jurídicas destacan que el pasado mes de noviembre se registró en la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) el informe remitido por el Consell en el que se informa que, además de la infracción urbanística, existe la posibilidad de que se haya cometido un delito. El artículo 320 del Código Penal señala que "la autoridad o funcionario que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente proyectos de edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas urbanísticas vigentes será castigado con la pena establecida en el artículo 404 de este Código y, además, con la de prisión de seis meses a dos años o la multa de 12 a 24 meses. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas de su injusticia".
La pena del artículo 404 hace referencia a la inhabilitación en el cargo durante un periodo que puede oscilar entre los siete y los diez años.
La institución insular ve indicios de delito en la licencia que el ayuntamiento de Inca otorgó para viviendas protegidas
F. GUIJARRO. PALMA.
El Consell de Mallorca ha remitido a la fiscalía un informe en el que destaca la existencia de indicios de delito en la adjudicación por parte del ayuntamiento de Inca de la licencia para construir viviendas protegidas en unos terrenos que, en ese momento, estaban clasificados como zona verde, según la información facilitada a DIARIO de MALLORCA por fuentes jurídicas. El informe elaborado por el servicio de Disciplina Urbanística del Consell advierte que se ha podido vulnerar el artículo 320 del Código Penal, que fija una pena de hasta dos años de prisión e inhabilitación en el cargo de siete a diez años, por parte de los concejales que votaron a favor de autorizar el citado proyecto, encabezados por el alcalde de Inca, máximo responsable del PP-Mallorca y presidente del Parlament, Pere Rotger.
El origen de este informe hay que buscarlo en la decisión adoptada el pasado mes de julio por la Comisión de Gobierno de Inca de autorizar la construcción de 77 viviendas y 77 plazas de estacionamiento por parte del Institut balear de l?Habitatge en unos terrenos de la calle Mandrava, a pesar de que, en el planeamiento urbanístico entonces en vigor, parte de este suelo estaba clasificado como zona verde, lo que convertía esa autorización en ilegal.
Esta decisión motivó la presentación de denuncias ante el Consell por parte del PSM y de los vecinos afectados por el recorte de una zona de uso público.
Entrada en la fiscalía
Las citadas fuentes jurídicas destacan que el pasado mes de noviembre se registró en la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) el informe remitido por el Consell en el que se informa que, además de la infracción urbanística, existe la posibilidad de que se haya cometido un delito. El artículo 320 del Código Penal señala que "la autoridad o funcionario que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente proyectos de edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas urbanísticas vigentes será castigado con la pena establecida en el artículo 404 de este Código y, además, con la de prisión de seis meses a dos años o la multa de 12 a 24 meses. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas de su injusticia".
La pena del artículo 404 hace referencia a la inhabilitación en el cargo durante un periodo que puede oscilar entre los siete y los diez años.
El alcalde admitió la irregularidad
El informe elaborado por los servicios de Disciplina Urbanística del Consell de Mallorca destaca que los responsables municipales admitieron en diversas ocasiones ser conscientes de que al aprobar el proyecto de 77 viviendas estaban incumpliendo la legalidad, lo que refuerza la posibilidad de que se haya vulnerado el artículo 320 del Código Penal, en el que se determina que esa actuación debe de haberse tomado "a sabiendas de su injusticia".
Como ejemplo, en declaraciones publicadas por DIARIO de MALLORCA el pasado 29 de septiembre, el alcalde de Inca, Pere Rotger, afirmaba: "Sé que di la licencia de obras de las viviendas de Mandrava adelantándome a la aprobación del PGOU y lo volvería a hacer". La explicación dada por el alcalde para justificar esta decisión, en lugar de esperar a que la modificación del planeamiento la hiciera legal, es que en verano era más fácil inicial las obras para construir las viviendas protegidas, ya que en otoño comienzan las lluvias y si hubieran esperado más, "esto se podría haber demorado varios meses".
Una ilegalidad reiterada por parte del consistorio
F. G. PALMA.
La aprobación de proyectos antes de modificar el planeamiento urbanístico de Inca para hacerlos legales no se ha limitado a las viviendas de la calle Mandrava. El 14 de junio de este año, el alcalde Pere Rotger inauguró el nuevo cuartel de la Policía Local situado en una parcela del segundo polígono industrial y en un solar que no estaba clasificado para tener ese uso. Desde el PP se argumentó que el cambio en el Plan General de Ordenación Urbana estaba a punto de aprobarse, con la correspondiente recalificación, y que el proyecto no perjudicaba a nadie y que era beneficioso para Inca.
Un mes más tarde, la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento autorizó la construcción de viviendas protegidas en la calle Mandrava ocupando parte de una zona verde, bajo el mismo argumento del interés general.
La protesta de una veintena de vecinos fue inmediata, al considerar que la sustitución de parte de una zona verde por viviendas de protección oficial devaluaba el valor de los inmuebles. La propuesta de Rotger fue tasar los pisos de estas personas y, en el caso de que se confirmara esa pérdida de valor, adquirirlos por parte del Consistorio, aunque el alcalde precisó su convencimiento de que "nadie va a querer vender".
En septiembre, el conseller insular de Territorio, Bartomeu Vicens, anunció que se iba a abrir una investigación sobre esta presunta ilegalidad.