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Querella contra los once alcaldes que emitieron certificados falsos caballistas |
(Diario de Mallorca, 28/12/2005)
Un vecino de Manacor acusa a once políticos de falsedad documental por la sede ilegal de un club hípico
FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA.
Un vecino de Manacor ha interpuesto una querella, por presunta falsedad documental, contra los once alcaldes de otras tantas localidades mallorquinas, pertenecientes todos al Partido Popular (PP), y que emitieron certificados sobre un club hípico antes de su creación. Estos documentos fueron incluidos en el expediente para lograr la declaración de interés general de una vivienda ilegal en ses Salines, que fue presentada como sede de la Agrupació Cavallista local y que, en realidad, era propiedad del entonces alcalde conservador de dicha localidad, Sebastià Vidal.
La querella fue interpuesta hace unos días en los juzgados de instrucción de Palma y en ella se afirma que el caso es competencia de este partido judicial porque uno de los certificados supuestamente falsos fue emitido por el alcalde accidental de Llucmajor.
El vecino de Manacor no explica en su escrito cuál es el motivo que le ha llevado a ejercer acciones penales contra los alcaldes, ni tampoco qué relación tiene con el caso.
La querella relata con precisión la serie de acontecimientos, desvelados por DIARIO de MALLORCA en su edición del 19 de julio de este año, que desembocaron en la declaración de interés general por parte del Consell Insular de Mallorca de una finca rústica con dos edificios sin licencia, inmueble en el que residió hasta hace unos meses el hoy ex alcalde de Ses Salines.
Expediente del Consell
Los querellados emitieron supuestamente una serie de certificaciones falsas que daban fe de diversas actividades de la Agrupació Cavallista de Ses Salines, creada oficialmente en el 2001. Algunos de estos documentos glosaban hechos atribuidos al club hípico a partir de 1995, siete años antes de su constitución.
En el expediente de declaración de interés general figuran once certificados públicos firmados por las siguientes autoridades: Andreu Prohens (Campos); Miquel Vidal (Santanyí); Antoni del Olmo (Santa Margalida); Joan Jaume Mulet (Llucmajor); Antoni Serra (Sa Pobla); Catalina Soler (Felanitx); Joan Rubert (Inca); Joan Jaume Ramis (Lloret); Biel Matas (Montuïri) y Sebastià Vidal (Ses Salines).
Expediente municipal
En la querella también se incluyen otros presuntos delitos que se habrían cometido en torno al caso. Dichas posibles irregularidades ya fueron recogidas en su día por este diario y entre ellas hay algunas relativas a los funcionarios del Ayuntamiento de Ses Salines que participaron en el expediente municipal para legalizar la falsa sede del club hípico.
La querella apunta a los posibles delitos de negociaciones prohibidas para los funcionarios y falsedades documentales que se podrían derivar de las actuaciones administrativas relacionadas con los hechos.
Algunos de los alcaldes salpicados por el caso pidieron disculpas a sus conciudadanos por la situación y atribuyeron lo ocurrido a supuestos engaños de su compañero de partido Sebastià Vidal, que les habría pedido personalmente las certificaciones.
Hasta ahora el juzgado número tres de Manacor había abierto diligencias previas en relación a este escándalo y contra la alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler, como firmante de una de las certificaciones supuestamente falsas.
Denuncias socialistas
Esta primera investigación judicial se abrió a raíz de la denuncia de un vecino de Felanitx contra Catalina Soler, a la que acusó también de presunta falsedad documental.
El Partido Socialista de Felanitx también interpuso otra denuncia contra la alcaldesa.
A nivel insular el PSOE anunció que dejaría en manos de sus agrupaciones locales el ejercicio de acciones penales contra los alcaldes implicados en el caso.
La querella interpuesta en Palma por el vecino de Manacor antes de ser efectiva tiene que ser admitida a trámite.
Para ello es preciso que el firmante se ratifique y probable que el juez le exija una fianza para poder ser acusación particular.
A principios del pasado mes de septiembre Sebastià Vidal presentó su dimisión como alcalde de Ses Salines, acción que el president del Govern Jaume Matas atribuyó al "bien del Partido Popular".
Por su parte, la Agrupació Cavallista agradeció el apoyo que le había dado Sebastià Vidal.
Un vecino de Manacor acusa a once políticos de falsedad documental por la sede ilegal de un club hípico
FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA.
Un vecino de Manacor ha interpuesto una querella, por presunta falsedad documental, contra los once alcaldes de otras tantas localidades mallorquinas, pertenecientes todos al Partido Popular (PP), y que emitieron certificados sobre un club hípico antes de su creación. Estos documentos fueron incluidos en el expediente para lograr la declaración de interés general de una vivienda ilegal en ses Salines, que fue presentada como sede de la Agrupació Cavallista local y que, en realidad, era propiedad del entonces alcalde conservador de dicha localidad, Sebastià Vidal.
La querella fue interpuesta hace unos días en los juzgados de instrucción de Palma y en ella se afirma que el caso es competencia de este partido judicial porque uno de los certificados supuestamente falsos fue emitido por el alcalde accidental de Llucmajor.
El vecino de Manacor no explica en su escrito cuál es el motivo que le ha llevado a ejercer acciones penales contra los alcaldes, ni tampoco qué relación tiene con el caso.
La querella relata con precisión la serie de acontecimientos, desvelados por DIARIO de MALLORCA en su edición del 19 de julio de este año, que desembocaron en la declaración de interés general por parte del Consell Insular de Mallorca de una finca rústica con dos edificios sin licencia, inmueble en el que residió hasta hace unos meses el hoy ex alcalde de Ses Salines.
Expediente del Consell
Los querellados emitieron supuestamente una serie de certificaciones falsas que daban fe de diversas actividades de la Agrupació Cavallista de Ses Salines, creada oficialmente en el 2001. Algunos de estos documentos glosaban hechos atribuidos al club hípico a partir de 1995, siete años antes de su constitución.
En el expediente de declaración de interés general figuran once certificados públicos firmados por las siguientes autoridades: Andreu Prohens (Campos); Miquel Vidal (Santanyí); Antoni del Olmo (Santa Margalida); Joan Jaume Mulet (Llucmajor); Antoni Serra (Sa Pobla); Catalina Soler (Felanitx); Joan Rubert (Inca); Joan Jaume Ramis (Lloret); Biel Matas (Montuïri) y Sebastià Vidal (Ses Salines).
Expediente municipal
En la querella también se incluyen otros presuntos delitos que se habrían cometido en torno al caso. Dichas posibles irregularidades ya fueron recogidas en su día por este diario y entre ellas hay algunas relativas a los funcionarios del Ayuntamiento de Ses Salines que participaron en el expediente municipal para legalizar la falsa sede del club hípico.
La querella apunta a los posibles delitos de negociaciones prohibidas para los funcionarios y falsedades documentales que se podrían derivar de las actuaciones administrativas relacionadas con los hechos.
Algunos de los alcaldes salpicados por el caso pidieron disculpas a sus conciudadanos por la situación y atribuyeron lo ocurrido a supuestos engaños de su compañero de partido Sebastià Vidal, que les habría pedido personalmente las certificaciones.
Hasta ahora el juzgado número tres de Manacor había abierto diligencias previas en relación a este escándalo y contra la alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler, como firmante de una de las certificaciones supuestamente falsas.
Denuncias socialistas
Esta primera investigación judicial se abrió a raíz de la denuncia de un vecino de Felanitx contra Catalina Soler, a la que acusó también de presunta falsedad documental.
El Partido Socialista de Felanitx también interpuso otra denuncia contra la alcaldesa.
A nivel insular el PSOE anunció que dejaría en manos de sus agrupaciones locales el ejercicio de acciones penales contra los alcaldes implicados en el caso.
La querella interpuesta en Palma por el vecino de Manacor antes de ser efectiva tiene que ser admitida a trámite.
Para ello es preciso que el firmante se ratifique y probable que el juez le exija una fianza para poder ser acusación particular.
A principios del pasado mes de septiembre Sebastià Vidal presentó su dimisión como alcalde de Ses Salines, acción que el president del Govern Jaume Matas atribuyó al "bien del Partido Popular".
Por su parte, la Agrupació Cavallista agradeció el apoyo que le había dado Sebastià Vidal.
Dudas sobre la competencia para investigar el caso
La primera querella interpuesta por los supuestos certificados falsos que avalaron a la Agrupació Cavallista de ses Salines va a suscitar una controversia sobre la instancia adecuada para investigar el caso.
El vecino de Manacor querellante postula que uno de los supuestos delitos de falsedad documental se cometió en Llucmajor, donde un alcalde accidental emitió uno de los polémicos certificados. Llucmajor pertenece al partido judicial de Palma y de ahí nacería la competencia de los juzgados de Vía Alemania. Sin embargo, el núcleo del caso se cometió en Ses Salines, del partido judicial de Manacor, y otros posibles delitos se cometieron en pueblos del partido de Inca.