Menorca: la "policía urbanística" detecta cada tres días una obra presuntamente ilegal |
(El Mundo, 15/12/2005)
M.R.
MAÓ.- Tras dos meses de funcionamiento, el Consorcio para la Disciplina en Suelo Rústico ya tiene motivos para existir. A grandes rasgos, los cuatro miembros que forman parte de esta especie de policía urbanística detectan cada tres días una obra con síntomas de ilegalidad en el campo. La gran mayoría de presuntas infracciones han sido derivadas al Consorcio desde los mismos ayuntamientos que, a pesar de haber transferido sus competencias al Consell en esta materia, seguirán velando por el cumplimiento de la legalidad.
La «policía urbanística», que sólo actúa en dos tercios del territorio menorquín, pues ni Ferreries ni Ciutadella quisieron sumarse a la iniciativa, ha recibido de las administraciones locales 23 escritos. Tras la revisión de los casos por parte de los dos inspectores, el abogado y el administrativo, se ha detectado que 10 de ellos no tienen licencia y dos no se ajustan a la legalidad.
El conseller de Ordenación del Territorio, Marc Pons, destacó además que dos edificaciones de nueva planta sin licencia han sido «inmediatamente paralizadas». Se ha abierto un procedimiento administrativo que da un espacio de tiempo a los propietarios para que puedan legalizar las obras.
El proyecto estrella de la presidenta Joana Barceló para esta legislatura tiene sus raíces en la sobresaturación de los inspectores municipales que les impedía realizar un control eficaz en suelo rústico. Aunque el presupuesto para 2005 es de 128.000 euros, la intención es que el organismo, que tiene potestad sancionadora propia, se autofinancie a base de recaudación de multas.
El PP critica la iniciativa y recuerda los «escándalos urbanísticos» cometidos, como el del silencio administrativo de las bodegas de Binifadet, el visto bueno por parte del Consell de la ampliación de la cantera de Santa Bárbara, a pesar de que la operación afecta un ANEI; o la mutilación e un informe que desaconsejaba ubicar la planta de escombros en Alaior.
M.R.
MAÓ.- Tras dos meses de funcionamiento, el Consorcio para la Disciplina en Suelo Rústico ya tiene motivos para existir. A grandes rasgos, los cuatro miembros que forman parte de esta especie de policía urbanística detectan cada tres días una obra con síntomas de ilegalidad en el campo. La gran mayoría de presuntas infracciones han sido derivadas al Consorcio desde los mismos ayuntamientos que, a pesar de haber transferido sus competencias al Consell en esta materia, seguirán velando por el cumplimiento de la legalidad.
La «policía urbanística», que sólo actúa en dos tercios del territorio menorquín, pues ni Ferreries ni Ciutadella quisieron sumarse a la iniciativa, ha recibido de las administraciones locales 23 escritos. Tras la revisión de los casos por parte de los dos inspectores, el abogado y el administrativo, se ha detectado que 10 de ellos no tienen licencia y dos no se ajustan a la legalidad.
El conseller de Ordenación del Territorio, Marc Pons, destacó además que dos edificaciones de nueva planta sin licencia han sido «inmediatamente paralizadas». Se ha abierto un procedimiento administrativo que da un espacio de tiempo a los propietarios para que puedan legalizar las obras.
El proyecto estrella de la presidenta Joana Barceló para esta legislatura tiene sus raíces en la sobresaturación de los inspectores municipales que les impedía realizar un control eficaz en suelo rústico. Aunque el presupuesto para 2005 es de 128.000 euros, la intención es que el organismo, que tiene potestad sancionadora propia, se autofinancie a base de recaudación de multas.
El PP critica la iniciativa y recuerda los «escándalos urbanísticos» cometidos, como el del silencio administrativo de las bodegas de Binifadet, el visto bueno por parte del Consell de la ampliación de la cantera de Santa Bárbara, a pesar de que la operación afecta un ANEI; o la mutilación e un informe que desaconsejaba ubicar la planta de escombros en Alaior.