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Sant Josep: Huerta autoriza reanudar una obra de su nuera en Cala Vedella paralizada en 2001 |
(Diario de Ibiza, 7/12/2005)
El arquitecto municipal realiza hasta tres informes en favor de la promoción redactada por su pariente. El Ayuntamiento pidió el mes pasado al juez que permita reiniciar los trabajos de urbanización en el solar de `El Balcón de Cala Vedella´
Sant Josep | J. Ll. Ferrer
El arquitecto municipal de Sant Josep, Antonio Huerta Briz, emitió entre 2002 y 2005 al menos tres informes en los que dictamina a favor de la reanudación de unas obras correspondientes a una promoción urbanística de Cala Vedella proyectada por su nuera, la arquitecta Pilar Fernández Pérez, que fueron paralizadas en 2001 por causar el derrumbe de unas viviendas vecinas. Pilar Fernández es la misma que proyectó un edificio envuelto en irregularidades en Cala Carbó -dictaminado también por su suegro- y una urbanización ilegal en zona protegida en Cala Molí.
Según consta en el expediente 266/01 del Ayuntamiento de Sant Josep, una promoción para la construcción de dos edificios de 20 apartamentos, 28 estudios, locales, piscina, aparcamientos y terminación de la urbanización de la zona obtuvo licencia el 11 de julio de 2001. La arquitecta autora del proyecto es Pilar Fernández Pérez y en aquella época incluso compartía despacho con Huerta.
Durante las obras de excavación de los cimientos se produjo en diciembre el derrumbe de unas viviendas vecinas, lo que provocó la suspensión de los trabajos por parte del Ayuntamiento. En concreto, la suspensión se ordenó el 11 de diciembre de 2001 mediante un decreto de Alcaldía. A partir de entonces sólo se autorizó la construcción de un muro de contención para asegurar la estabilidad del terreno.
Sin embargo, en diciembre de 2002, cuando todavía se estaban ejecutando esas obras de consolidación el arquitecto municipal ya emitió un informe en el que instaba al equipo de gobierno a permitir la reanudación de las obras de uno de los dos edificios proyectados. «No existe inconveniente en que pueda autorizarse el comienzo de las obras del bloque dos, todo ello y con independencia de las resoluciones judiciales que sobre la citada obra existen», afirmaba el dictamen de Huerta, que no llegó a fructificar en resolución alguna.
Dos años después, el 16 de diciembre de 2004, Antonio Huerta Briz vuelve a interceder a favor de la promoción inmobiliaria de su nuera, al redactar un nuevo informe en el que afirma: «Procedería el levantamiento de la paralización de las obras de referencia, requiriéndose a la promotora la ejecución de manera urgente de las obras de urbanización y aparcamiento de la zona afectada, a los efectos de su utilización por los usuarios de la playa e instalaciones de Cala Vedella la próxima temporada turística».
El 30 de noviembre, basándose en ese informe -que, paradójicamente, fue emitido al mes siguiente-, la Junta de Gobierno municipal acuerda levantar la paralización de las obras del expediente 266/01, pero éstas siguieron sin reanudarse porque permanecía la suspensión dictada por el juzgado.
Más recientemente, hace sólo veinticinco días, Huerta Briz volvió a dictaminar al respecto. Su informe alude al acuerdo de la Junta de Gobierno para levantar la suspensión, pero «a fecha de hoy, once meses después, dichas obras no se han ejecutado, y al parecer, según se nos ha informado, debido a que la paralización de las obras no ha sido levantada en vía judicial». El arquitecto invoca los «graves perjuicios» que para la imagen de Cala Vedella provocaría la no urbanización del solar, por lo cual «deberá requerirse a la autoridad judicial competente para que, con independencia de que continúen paralizadas las obras correspondientes a la edificación de la licencia 266/01, sea levantada la suspensión de las obras a realizar en la urbanización y que corresponden al vial perimetral de la parcela, aceras, aparcamientos y alumbrado público».
El mismo día en que Huerta emitió este último informe, la Junta de Gobierno acordó dirigirse a los juzgados para que procedan a levantar la suspensión de las obras de urbanización.
El arquitecto municipal realiza hasta tres informes en favor de la promoción redactada por su pariente. El Ayuntamiento pidió el mes pasado al juez que permita reiniciar los trabajos de urbanización en el solar de `El Balcón de Cala Vedella´
Sant Josep | J. Ll. Ferrer
El arquitecto municipal de Sant Josep, Antonio Huerta Briz, emitió entre 2002 y 2005 al menos tres informes en los que dictamina a favor de la reanudación de unas obras correspondientes a una promoción urbanística de Cala Vedella proyectada por su nuera, la arquitecta Pilar Fernández Pérez, que fueron paralizadas en 2001 por causar el derrumbe de unas viviendas vecinas. Pilar Fernández es la misma que proyectó un edificio envuelto en irregularidades en Cala Carbó -dictaminado también por su suegro- y una urbanización ilegal en zona protegida en Cala Molí.
Según consta en el expediente 266/01 del Ayuntamiento de Sant Josep, una promoción para la construcción de dos edificios de 20 apartamentos, 28 estudios, locales, piscina, aparcamientos y terminación de la urbanización de la zona obtuvo licencia el 11 de julio de 2001. La arquitecta autora del proyecto es Pilar Fernández Pérez y en aquella época incluso compartía despacho con Huerta.
Durante las obras de excavación de los cimientos se produjo en diciembre el derrumbe de unas viviendas vecinas, lo que provocó la suspensión de los trabajos por parte del Ayuntamiento. En concreto, la suspensión se ordenó el 11 de diciembre de 2001 mediante un decreto de Alcaldía. A partir de entonces sólo se autorizó la construcción de un muro de contención para asegurar la estabilidad del terreno.
Sin embargo, en diciembre de 2002, cuando todavía se estaban ejecutando esas obras de consolidación el arquitecto municipal ya emitió un informe en el que instaba al equipo de gobierno a permitir la reanudación de las obras de uno de los dos edificios proyectados. «No existe inconveniente en que pueda autorizarse el comienzo de las obras del bloque dos, todo ello y con independencia de las resoluciones judiciales que sobre la citada obra existen», afirmaba el dictamen de Huerta, que no llegó a fructificar en resolución alguna.
Dos años después, el 16 de diciembre de 2004, Antonio Huerta Briz vuelve a interceder a favor de la promoción inmobiliaria de su nuera, al redactar un nuevo informe en el que afirma: «Procedería el levantamiento de la paralización de las obras de referencia, requiriéndose a la promotora la ejecución de manera urgente de las obras de urbanización y aparcamiento de la zona afectada, a los efectos de su utilización por los usuarios de la playa e instalaciones de Cala Vedella la próxima temporada turística».
El 30 de noviembre, basándose en ese informe -que, paradójicamente, fue emitido al mes siguiente-, la Junta de Gobierno municipal acuerda levantar la paralización de las obras del expediente 266/01, pero éstas siguieron sin reanudarse porque permanecía la suspensión dictada por el juzgado.
Más recientemente, hace sólo veinticinco días, Huerta Briz volvió a dictaminar al respecto. Su informe alude al acuerdo de la Junta de Gobierno para levantar la suspensión, pero «a fecha de hoy, once meses después, dichas obras no se han ejecutado, y al parecer, según se nos ha informado, debido a que la paralización de las obras no ha sido levantada en vía judicial». El arquitecto invoca los «graves perjuicios» que para la imagen de Cala Vedella provocaría la no urbanización del solar, por lo cual «deberá requerirse a la autoridad judicial competente para que, con independencia de que continúen paralizadas las obras correspondientes a la edificación de la licencia 266/01, sea levantada la suspensión de las obras a realizar en la urbanización y que corresponden al vial perimetral de la parcela, aceras, aparcamientos y alumbrado público».
El mismo día en que Huerta emitió este último informe, la Junta de Gobierno acordó dirigirse a los juzgados para que procedan a levantar la suspensión de las obras de urbanización.
El Ayuntamiento denuncia a la arquitecta y luego se retira
Sant josep | J. Ll. F.
Justo después del derrumbe de unas viviendas junto al solar de la promoción proyectada por Pilar Fernández, el Ayuntamiento de Sant Josep abrió un expediente sancionador contra esta profesional por haber incumplido determinados preceptos de la licencia y terminó imponiéndole una sanción de 9.000 euros, que aparece efectivamente abonada en las arcas de la Administración.
Sin embargo, Pilar Fernández acudió luego a los tribunales para tratar de eludir esta sanción. Aunque el Ayuntamiento de Sant Josep se personó en este procedimiento judicial para defender la sanción que había impuesto, terminó allanándose -es decir, desistiendo de continuar personado en el procedimiento y seguir defendiendo su actuación- y pidiendo que se dictara sentencia a favor de Pilar Fernández. El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma de Mallorca aceptó el recurso interpuesto por la arquitecta contra su sanción y aceptó también el allanamiento del Ayuntamiento en su favor.
El motivo del desestimiento municipal consiste en el hecho de que el instructor del expediente sancionador era el concejal de Urbanismo, que al mismo tiempo formaba parte del equipo que resolvió dicha sanción. Sant Josep admitió que simultanear la instrucción y la resolución quebrantaba el principio de imparcialidad.
Sin embargo, el Ayuntamiento no ha reanudado el proceso solventando este problema, con lo que parece haber renunciado a defender sus propias tesis y la actuación seguida por el Consistorio.