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Sant Antoni: Cretu defiende ante el juez la legalidad de su casa y el fiscal mantiene los indicios de delito |
(Diario de Ibiza, 3/12/2005)
Michael Cretu defendió ayer ante el juez Juan Carlos Torres la legalidad de su vivienda de Santa Agnès, con orden judicial de derribo, pero evitó entrar en detalles para justificar la diferencia de superficie existente entre el proyecto aprobado por el Ayuntamiento y la obra finalmente ejecutada. Cretu aseguró no tener conocimientos técnicos suficientes y añadió que «confía» en el arquitecto y los demás expertos que contrató. Tras su declaración y la del arquitecto Josep Torres el día anterior, la Fiscalía afirma que se mantienen los indicios de delito que provocaron la apertura de las diligencias penales.
Eivissa | Joan Lluís Ferrer
El músico rumano y propietario de la vivienda ilegal construida en la cima de un monte de Santa Agnès, Michael Cretu, declaró ayer en calidad de imputado durante apenas tres cuartos de hora ante el juez que instruye las diligencias por un presunto delito sobre la ordenación del territorio y el medio ambiente, Juan Carlos Torres, sin realizar aportaciones novedosas a la investigación penal abierta sobre el caso.
Cretu, acompañado por su abogado, Jaume Roig, y en presencia también de Ascensión Joaniquet, letrada de su arquitecto, dijo ante el magistrado que él carece de conocimientos técnicos, factor en el que se escudó repetidamente para alegar desconocimiento ante determinadas preguntas que le formuló tanto el juez como el fiscal Manuel Campoy.
El promotor de la obra expresó su confianza en la corrección de los trámites realizados para la construcción de la vivienda, puesto que contrató a técnicos competentes en la materia.
El abogado de Cretu declinó ofrecer detalles sobre la declaración de su cliente y se limitó a afirmar que «todo lo construido está perfecto y ha sido autorizado».
Por su parte, el fiscal, tras concluir la comparecencia de ayer y en vista también de lo que declaró el arquitecto de la obra, Josep Torres, el día anterior, aseguró que se mantienen los indicios de delito que provocaron la apertura de diligencias penales. Por ello, consideró «probable» que se practiquen nuevas pruebas periciales, así como otras comparecencias ante el juzgado para seguir indagando sobre las posibles responsabilidades penales por un presunto incumplimiento del proyecto que obtuvo licencia.
En todo caso, Campoy señaló que no se prevé llamar a declarar al ex alcalde de Sant Antoni que concedió la licencia de obras ilegal, Antonio Marí Tur, quien goza del estatuto de aforado por ser diputado autonómico, por lo que su declaración judicial exigiría el traslado de la causa al Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB).
Durante la declaración de Josep Torres, éste aseguró que el exceso de superficie que aparece en el Registro de la Propiedad se debe a un espacio existente bajo la piscina para la ubicación de los depósitos de la misma. Entre la superficie declarada en el Registro y la que aparece en el proyecto hay una diferencia de 200 metros cuadrados.
Michael Cretu defendió ayer ante el juez Juan Carlos Torres la legalidad de su vivienda de Santa Agnès, con orden judicial de derribo, pero evitó entrar en detalles para justificar la diferencia de superficie existente entre el proyecto aprobado por el Ayuntamiento y la obra finalmente ejecutada. Cretu aseguró no tener conocimientos técnicos suficientes y añadió que «confía» en el arquitecto y los demás expertos que contrató. Tras su declaración y la del arquitecto Josep Torres el día anterior, la Fiscalía afirma que se mantienen los indicios de delito que provocaron la apertura de las diligencias penales.
Eivissa | Joan Lluís Ferrer
El músico rumano y propietario de la vivienda ilegal construida en la cima de un monte de Santa Agnès, Michael Cretu, declaró ayer en calidad de imputado durante apenas tres cuartos de hora ante el juez que instruye las diligencias por un presunto delito sobre la ordenación del territorio y el medio ambiente, Juan Carlos Torres, sin realizar aportaciones novedosas a la investigación penal abierta sobre el caso.
Cretu, acompañado por su abogado, Jaume Roig, y en presencia también de Ascensión Joaniquet, letrada de su arquitecto, dijo ante el magistrado que él carece de conocimientos técnicos, factor en el que se escudó repetidamente para alegar desconocimiento ante determinadas preguntas que le formuló tanto el juez como el fiscal Manuel Campoy.
El promotor de la obra expresó su confianza en la corrección de los trámites realizados para la construcción de la vivienda, puesto que contrató a técnicos competentes en la materia.
El abogado de Cretu declinó ofrecer detalles sobre la declaración de su cliente y se limitó a afirmar que «todo lo construido está perfecto y ha sido autorizado».
Por su parte, el fiscal, tras concluir la comparecencia de ayer y en vista también de lo que declaró el arquitecto de la obra, Josep Torres, el día anterior, aseguró que se mantienen los indicios de delito que provocaron la apertura de diligencias penales. Por ello, consideró «probable» que se practiquen nuevas pruebas periciales, así como otras comparecencias ante el juzgado para seguir indagando sobre las posibles responsabilidades penales por un presunto incumplimiento del proyecto que obtuvo licencia.
En todo caso, Campoy señaló que no se prevé llamar a declarar al ex alcalde de Sant Antoni que concedió la licencia de obras ilegal, Antonio Marí Tur, quien goza del estatuto de aforado por ser diputado autonómico, por lo que su declaración judicial exigiría el traslado de la causa al Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB).
Durante la declaración de Josep Torres, éste aseguró que el exceso de superficie que aparece en el Registro de la Propiedad se debe a un espacio existente bajo la piscina para la ubicación de los depósitos de la misma. Entre la superficie declarada en el Registro y la que aparece en el proyecto hay una diferencia de 200 metros cuadrados.
El plazo para el derribo, paralizado
El plazo de 18 meses otorgado el año pasado por los tribunales para el derribo efectivo de la mansión se encuentra paralizado hasta que la sentencia sea firme. Dado que el Ayuntamiento ha interpuesto un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, la ejecución de la sentencia emitida por el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma de Mallorca deberá esperar a que se resuelva dicho recurso. Fuentes relacionadas con el caso recordaron que en unos meses el Tribunal Supremo decidirá si admite a trámite o rechaza analizar el recurso. En el primer caso, la sentencia no llegaría hasta dentro de dos o tres años, pero si no fuera admitido, empezaría a contar el plazo para la ejecución de la demolición.