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Sant Antoni quiere llevar al Supremo un recurso para salvar la casa Cretu |
(Diario de Ibiza, 25/11/2005)
El recurso se presentó ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears que dictó sentencia contra la legalización de la obra. La misma sala decidirá si procede elevar al Supremo la casación.
Sant Antoni | Pep Ribas
El Ayuntamiento de Sant Antoni presentó ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) un recurso de casación contra la resolución de este tribunal por la que se considera ilegalizable la mansión del músico Michael Cretu en un monte protegido de Santa Agnès de Corona y ratifica las sentencias anteriores que obligaban a demolerla.
El alcalde, José Sala, señaló ayer que el TSJB había admitido el recurso que se presentó ayer mismo, agotando así el plazo máximo para llevar a cabo este trámite. «Ahora quedamos a expensas de lo que decidirá el tribunal», comentó. La misma Sala del TSJB que dictó la sentencia es la que tiene que decidir si es procedente elevar al Supremo la casación. Si la decisión es positiva, «se remite todo el expediente al Tribunal Supremo y éste tendrá que decidir sobre el fondo del asunto», mientras que si la pretensión municipal es desestimada, cabe un recurso de queja, también ante el Supremo, explicó el alcalde.
Mientras tanto, no se suspende el plazo de ejecución de la sentencia para demoler la vivienda del músico rumano. No obstante, el alcalde, avalado por el asesor jurídico municipal, considera que no es el momento de llevar a cabo esta acción, puesto que «resultaría irreversible» si prosperara alguno de los recursos del Ayuntamiento.
Sala recuerda que tras la primera sentencia del TSJB el Ayuntamiento requirió al propietario para que presentase el proyecto de derribo, a lo que Cretu contestó solicitando la legalización. «En este momento se ha reproducido la sentencia y nosotros le haremos un nuevo requerimiento diciéndole que presente el proyecto para que sepa que, de momento, no están suspendidos los plazos de ejecución», anunció. En el trámite del recurso de casación se pide que se suspenda el plazo para ejecutar la sentencia.
Con respecto a la posibilidad de ejercer la acusación popular en la causa penal contra Michael Cretu por haberse excedido en el volumen de construcción permitido por la licencia, el alcalde considera que esta acusación no está suficientemente demostrada y que no consta en ningún documento que se hayan efectuado mediciones para determinar si se produjo o no un exceso. Sala hizo esta afirmación pese a que en el Registro de la Propiedad se inscribió la edificación con una superficie de 1.075 metros cuadrados y el proyecto para el que se otorgó licencia municipal era sólo de 864,31 metros cuadrados.
Al alcalde no le consta que se haya construido más de lo permitido, aunque no dijo si pensaba adoptar alguna medida para verificarlo. Admite que, si se demuestra que así ha sido, el Ayuntamiento obrará en consecuencia y abrirá un expediente de disciplina urbanística.
Por otra parte, el presidente del GEN, Joan Carles Palerm, aseguró ayer que el recurso «es un intento de dilatar lo que no se puede evitar. La licencia es nula y no se puede legalizar». Palerm cree que el Supremo devolverá el recurso alegando que la casa debe ser demolida. Explicó que el alcalde puede tener problemas si no se ejecuta la sentencia dentro de plazo. «Deberemos recurrir al juzgado para que actúe contra el Ayuntamiento por rebeldía», añadió.
El recurso se presentó ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears que dictó sentencia contra la legalización de la obra. La misma sala decidirá si procede elevar al Supremo la casación.
Sant Antoni | Pep Ribas
El Ayuntamiento de Sant Antoni presentó ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) un recurso de casación contra la resolución de este tribunal por la que se considera ilegalizable la mansión del músico Michael Cretu en un monte protegido de Santa Agnès de Corona y ratifica las sentencias anteriores que obligaban a demolerla.
El alcalde, José Sala, señaló ayer que el TSJB había admitido el recurso que se presentó ayer mismo, agotando así el plazo máximo para llevar a cabo este trámite. «Ahora quedamos a expensas de lo que decidirá el tribunal», comentó. La misma Sala del TSJB que dictó la sentencia es la que tiene que decidir si es procedente elevar al Supremo la casación. Si la decisión es positiva, «se remite todo el expediente al Tribunal Supremo y éste tendrá que decidir sobre el fondo del asunto», mientras que si la pretensión municipal es desestimada, cabe un recurso de queja, también ante el Supremo, explicó el alcalde.
Mientras tanto, no se suspende el plazo de ejecución de la sentencia para demoler la vivienda del músico rumano. No obstante, el alcalde, avalado por el asesor jurídico municipal, considera que no es el momento de llevar a cabo esta acción, puesto que «resultaría irreversible» si prosperara alguno de los recursos del Ayuntamiento.
Sala recuerda que tras la primera sentencia del TSJB el Ayuntamiento requirió al propietario para que presentase el proyecto de derribo, a lo que Cretu contestó solicitando la legalización. «En este momento se ha reproducido la sentencia y nosotros le haremos un nuevo requerimiento diciéndole que presente el proyecto para que sepa que, de momento, no están suspendidos los plazos de ejecución», anunció. En el trámite del recurso de casación se pide que se suspenda el plazo para ejecutar la sentencia.
Con respecto a la posibilidad de ejercer la acusación popular en la causa penal contra Michael Cretu por haberse excedido en el volumen de construcción permitido por la licencia, el alcalde considera que esta acusación no está suficientemente demostrada y que no consta en ningún documento que se hayan efectuado mediciones para determinar si se produjo o no un exceso. Sala hizo esta afirmación pese a que en el Registro de la Propiedad se inscribió la edificación con una superficie de 1.075 metros cuadrados y el proyecto para el que se otorgó licencia municipal era sólo de 864,31 metros cuadrados.
Al alcalde no le consta que se haya construido más de lo permitido, aunque no dijo si pensaba adoptar alguna medida para verificarlo. Admite que, si se demuestra que así ha sido, el Ayuntamiento obrará en consecuencia y abrirá un expediente de disciplina urbanística.
Por otra parte, el presidente del GEN, Joan Carles Palerm, aseguró ayer que el recurso «es un intento de dilatar lo que no se puede evitar. La licencia es nula y no se puede legalizar». Palerm cree que el Supremo devolverá el recurso alegando que la casa debe ser demolida. Explicó que el alcalde puede tener problemas si no se ejecuta la sentencia dentro de plazo. «Deberemos recurrir al juzgado para que actúe contra el Ayuntamiento por rebeldía», añadió.