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Sant Antoni: Michael Cretu y el arquitecto de su mansión, imputados por el juez en un presunto delito contra el territorio |
(Diario de Ibiza, 22/11/2005)
El músico rumano y Josep Torres deberán comparecer ante el juez Juan Carlos Torres el 1 de diciembre para explicar las diferencias entre el proyecto aprobado y las obras finalmente realizadas
Eivissa | Joan Lluís Ferrer
El músico rumano Michael Cretu, promotor de la mansión construida en la cima de un monte protegido de Santa Agnès de Corona, y el arquitecto autor de dicho proyecto han sido citados por el magistrado juez del juzgado de instrucción número 1 de Eivissa, Juan Carlos Torres, en calidad de imputados, por un presunto delito contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente, según confirmaron ayer a este periódico fuentes judiciales.
La decisión del juez se produce pocos días después de que el fiscal de Medio Ambiente, Manuel Campoy, solicitara por tercera vez la imputación de estas y otras personas relacionadas con dicha obra, al entender que pueden existir indicios de delito por parte del promotor. La construcción de Cretu presenta diferencias con relación al proyecto que fue autorizado por el Ayuntamiento en su día.
El fiscal Manuel Campoy indicó ayer a este periódico que por parte del juez «se ha acordado la declaración como imputados del promotor de la obra y los integrantes de la dirección técnica de la misma, además de hacer un ofrecimiento de acciones al Ayuntamiento de Sant Antoni, como posible perjudicado por la obra».
La declaración de Cretu y del arquitecto responsable del proyecto -Josep Torres- se producirá el próximo 1 de diciembre y en dicho acto los imputados deberán aclarar cuáles son las dimensiones exactas de la vivienda y por qué en el Registro de la Propiedad aparecen unas superficies que no concuerdan con las que se autorizaron en su día en la licencia de obras.
Hace algo más de una semana, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) confirmó la ilegalidad de la licencia otorgada por el Ayuntamiento y la imposibilidad de legalizar la mansión a través de la Disposición Adicional 18 de la Ley de Acompañamiento de Presupuestos de 2004, como pretendía el Partido Popular. Nada más confirmarse la necesidad de derribar la vivienda, la Fiscalía de Eivissa solicitó al juzgado de instrucción número 1 que acordara estas comparecencias.
El fiscal ya había hecho esta misma petición hace más de un año, pero el juez descartó citar a Cretu hasta que el TSJB emitiera su sentencia.
Diferencias de superficie
Según publicó este periódico en 2001 tras consultar los expedientes municipales de la mansión de Cretu y la inscripción de la misma ante el Registro de la Propiedad, ésta excede en 212 metros cuadrados el total autorizado en la licencia. Mientras el proyecto autorizado tenía 864,31 metros cuadrados, la obra inscrita en el Registro tiene 1.075,75 metros cuadrados. El equipo de gobierno respondió diciendo que «hubo un exceso insignificante y previsto por la ley» y que, además, «el promotor inscribió lo que quiso en el Registro de la Propiedad», según declaró el entonces primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sant Antoni, José Juan Ferrer, cuando fue preguntado por este periódico al respecto.
El músico rumano y Josep Torres deberán comparecer ante el juez Juan Carlos Torres el 1 de diciembre para explicar las diferencias entre el proyecto aprobado y las obras finalmente realizadas
Eivissa | Joan Lluís Ferrer
El músico rumano Michael Cretu, promotor de la mansión construida en la cima de un monte protegido de Santa Agnès de Corona, y el arquitecto autor de dicho proyecto han sido citados por el magistrado juez del juzgado de instrucción número 1 de Eivissa, Juan Carlos Torres, en calidad de imputados, por un presunto delito contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente, según confirmaron ayer a este periódico fuentes judiciales.
La decisión del juez se produce pocos días después de que el fiscal de Medio Ambiente, Manuel Campoy, solicitara por tercera vez la imputación de estas y otras personas relacionadas con dicha obra, al entender que pueden existir indicios de delito por parte del promotor. La construcción de Cretu presenta diferencias con relación al proyecto que fue autorizado por el Ayuntamiento en su día.
El fiscal Manuel Campoy indicó ayer a este periódico que por parte del juez «se ha acordado la declaración como imputados del promotor de la obra y los integrantes de la dirección técnica de la misma, además de hacer un ofrecimiento de acciones al Ayuntamiento de Sant Antoni, como posible perjudicado por la obra».
La declaración de Cretu y del arquitecto responsable del proyecto -Josep Torres- se producirá el próximo 1 de diciembre y en dicho acto los imputados deberán aclarar cuáles son las dimensiones exactas de la vivienda y por qué en el Registro de la Propiedad aparecen unas superficies que no concuerdan con las que se autorizaron en su día en la licencia de obras.
Hace algo más de una semana, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) confirmó la ilegalidad de la licencia otorgada por el Ayuntamiento y la imposibilidad de legalizar la mansión a través de la Disposición Adicional 18 de la Ley de Acompañamiento de Presupuestos de 2004, como pretendía el Partido Popular. Nada más confirmarse la necesidad de derribar la vivienda, la Fiscalía de Eivissa solicitó al juzgado de instrucción número 1 que acordara estas comparecencias.
El fiscal ya había hecho esta misma petición hace más de un año, pero el juez descartó citar a Cretu hasta que el TSJB emitiera su sentencia.
Diferencias de superficie
Según publicó este periódico en 2001 tras consultar los expedientes municipales de la mansión de Cretu y la inscripción de la misma ante el Registro de la Propiedad, ésta excede en 212 metros cuadrados el total autorizado en la licencia. Mientras el proyecto autorizado tenía 864,31 metros cuadrados, la obra inscrita en el Registro tiene 1.075,75 metros cuadrados. El equipo de gobierno respondió diciendo que «hubo un exceso insignificante y previsto por la ley» y que, además, «el promotor inscribió lo que quiso en el Registro de la Propiedad», según declaró el entonces primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sant Antoni, José Juan Ferrer, cuando fue preguntado por este periódico al respecto.
«Esto es indigno», clama el abogado de Cretu
Eivissa | J. Ll. Ferrer
El abogado de Michael Cretu, Jaume Roig, aseguró que ayer por la tarde todavía no había recibido la notificación de la resolución judicial y que desconocía la imputación de su patrocinado. Sin embargo, manifestó: «Si esto es así, me parecería una barbaridad». «Criminalizar o penalizar la eventual conducta del perjudicado me parece, simple y llanamente, una barbaridad. Me preocupa porque no veo por qué se hace».
«No sólo es una barbaridad, sino que incluso es indigno e impropio de un Estado de Derecho», señaló el letrado.
Habrá recurso ante el Supremo
Por otra parte, Jaume Roig confirmó a Diario de Ibiza que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, dado que todavía existe plazo legal para ello y es viable jurídicamente la interposición de ese recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) recientemente emitida.
Roig declinó detallar cuál será la argumentación sobre la que basará el recurso, pero sí señaló que éste tardará en resolverse, dada la tradicional lentitud en este tipo de procedimientos en el alto tribunal. «Desde luego, no estamos hablando de meses», indicó Jaume Roig.
El abogado afirmó que su recurso será independiente del que pueda presentar el Ayuntamiento de Sant Antoni, y dijo desconocer si la Corporación tiene decidido presentarlo o no. El alcalde, sin embargo, afirmó la semana pasada que es probable que se interponga.