 |
El Pacto propondrá al pleno de Sant Josep una comisión de investigación para esclarecer el "caso Huerta" |
(Diario de Ibiza, 21/11/2005)
El Pacto Progresista solicitará en el pleno de este jueves que se constituya una comisión de investigación para «restablecer el buen nombre del Ayuntamiento» y esclarecer la actuación del arquitecto municipal
Eivissa | J. Ll. Ferrer
El grupo del Pacto Progresista en el Ayuntamiento de Sant Josep presentará en el pleno ordinario convocado para este jueves una moción en la que solicitará la creación de una comisión de investigación para esclarecer el alcance de las conexiones entre algunos arquitectos que copan gran parte de los proyectos que se aprueban en este municipio y el arquitecto municipal, Antonio Huerta Briz, que dictamina personalmente la viabilidad de dichos proyectos.
El portavoz del grupo Progresista, Josep Marí Ribas, Agustinet, confirmó ayer que tiene previsto presentar esta propuesta como la mejor manera de «devolver el buen nombre al Ayuntamiento» y depurar incluso las responsabilidades que procedan si se demuestra que Antonio Huerta ha incurrido en incompatibilidades profesionales al informar favorablemente proyectos de personas con las que mantiene lazos familiares, de amistad o empresariales.
La propuesta de crear una comisión de investigación se produce después de que este periódico revelara la semana pasada que la nuera de Antonio Huerta, arquitecta de profesión, es la autora de no menos de cuarenta proyectos en el municipio de Sant Josep -no consta que trabaje en ningún otro término municipal- y una parte de ellos han sido autorizados técnicamente por su suegro. Además, algunos de dichos proyectos son totalmente ilegales, como una urbanización prevista en Cala Molí que invadía un área protegida, o presentan serias sospechas de irregularidades, como un edificio en Cala Carbó que fue paralizado inicialmente por tener una planta de más y luego reanudó las obras gracias, precisamente, a un informe de Antonio Huerta.
«Es lamentable»
Marí Ribas explicó ayer que la inusual carga de trabajo conseguida por la nuera de Huerta en el breve espacio de tiempo que lleva colegiada en las Pitiüses (cinco años) demuestra que «si quieres sacar proyectos adelante en Sant Josep has de usar determinados arquitectos que tienen una vinculación, sea por amistad o por lazos familiares, con los técnicos del Ayuntamiento. Es bastante lamentable que esto pase».
Dado que el concejal del Pacto sospecha que los arquitectos relacionados con Huerta no se limitan sólo a Pilar Fernández, sino que puede haber otros en parecidas circunstancias, solicitará la creación de esta comisión de investigación para que aclare hasta dónde llegan estas conexiones, a cuántos profesionales afectan y en qué situación legal se producen.
Álvaro González de la Fuente
Marí Ribas aludió por ejemplo a uno de los arquitectos que acumula una mayor cantidad de proyectos en Sant Josep, Álvaro González de la Fuente, pese a no tener siquiera despacho abierto en la isla de Eivissa. «Por lo visto, no tiene despacho profesional en Eivissa, él es de fuera, aunque el Colegio de Arquitectos permite hacerle una habilitación temporal para que, aunque no tenga despacho aquí, pueda trabajar. Pero es muy sospechoso que, sin tener despacho abierto en Eivissa, se lleve un porcentaje de obras increíble. ¿Qué hacen sus clientes, ir a buscarlo a Madrid?», se preguntó con incredulidad. Y añadió: «Está clarísimo que la vinculación viene a través de Huerta».
Aunque el portavoz del Pacto aseguró desconocer si los hechos desvelados hasta ahora pueden ser constitutivos de ilegalidad alguna, la Fiscalía de Eivissa ha pedido al juzgado que compruebe los lazos familiares entre Pilar Fernández y Antonio Huerta por si éste podría estar incurriendo en un delito de incompatibilidades tipificado en el Código Penal.
Se da la circunstancia de que el aparejador municipal, Julio Blanco, ya fue condenado a finales de la década anterior por un delito de similares características, y tuvo que cumplir un año de inhabilitación en el cargo. Blanco había informado favorablemente la construcción de un familiar directo, lo cual está prohibido por la ley.
Precisamente para suplir la ausencia de Blanco en cumplimiento de su condena, el Ayuntamiento contrató luego a un arquitecto municipal, plaza que correspondió a Antonio Huerta Briz.
Este técnico ha sido objeto de reiteradas críticas desde la oposición y los grupos ecologistas por su actuación en el Ayuntamiento de Sant Josep.
El Pacto Progresista solicitará en el pleno de este jueves que se constituya una comisión de investigación para «restablecer el buen nombre del Ayuntamiento» y esclarecer la actuación del arquitecto municipal
Eivissa | J. Ll. Ferrer
El grupo del Pacto Progresista en el Ayuntamiento de Sant Josep presentará en el pleno ordinario convocado para este jueves una moción en la que solicitará la creación de una comisión de investigación para esclarecer el alcance de las conexiones entre algunos arquitectos que copan gran parte de los proyectos que se aprueban en este municipio y el arquitecto municipal, Antonio Huerta Briz, que dictamina personalmente la viabilidad de dichos proyectos.
El portavoz del grupo Progresista, Josep Marí Ribas, Agustinet, confirmó ayer que tiene previsto presentar esta propuesta como la mejor manera de «devolver el buen nombre al Ayuntamiento» y depurar incluso las responsabilidades que procedan si se demuestra que Antonio Huerta ha incurrido en incompatibilidades profesionales al informar favorablemente proyectos de personas con las que mantiene lazos familiares, de amistad o empresariales.
La propuesta de crear una comisión de investigación se produce después de que este periódico revelara la semana pasada que la nuera de Antonio Huerta, arquitecta de profesión, es la autora de no menos de cuarenta proyectos en el municipio de Sant Josep -no consta que trabaje en ningún otro término municipal- y una parte de ellos han sido autorizados técnicamente por su suegro. Además, algunos de dichos proyectos son totalmente ilegales, como una urbanización prevista en Cala Molí que invadía un área protegida, o presentan serias sospechas de irregularidades, como un edificio en Cala Carbó que fue paralizado inicialmente por tener una planta de más y luego reanudó las obras gracias, precisamente, a un informe de Antonio Huerta.
«Es lamentable»
Marí Ribas explicó ayer que la inusual carga de trabajo conseguida por la nuera de Huerta en el breve espacio de tiempo que lleva colegiada en las Pitiüses (cinco años) demuestra que «si quieres sacar proyectos adelante en Sant Josep has de usar determinados arquitectos que tienen una vinculación, sea por amistad o por lazos familiares, con los técnicos del Ayuntamiento. Es bastante lamentable que esto pase».
Dado que el concejal del Pacto sospecha que los arquitectos relacionados con Huerta no se limitan sólo a Pilar Fernández, sino que puede haber otros en parecidas circunstancias, solicitará la creación de esta comisión de investigación para que aclare hasta dónde llegan estas conexiones, a cuántos profesionales afectan y en qué situación legal se producen.
Álvaro González de la Fuente
Marí Ribas aludió por ejemplo a uno de los arquitectos que acumula una mayor cantidad de proyectos en Sant Josep, Álvaro González de la Fuente, pese a no tener siquiera despacho abierto en la isla de Eivissa. «Por lo visto, no tiene despacho profesional en Eivissa, él es de fuera, aunque el Colegio de Arquitectos permite hacerle una habilitación temporal para que, aunque no tenga despacho aquí, pueda trabajar. Pero es muy sospechoso que, sin tener despacho abierto en Eivissa, se lleve un porcentaje de obras increíble. ¿Qué hacen sus clientes, ir a buscarlo a Madrid?», se preguntó con incredulidad. Y añadió: «Está clarísimo que la vinculación viene a través de Huerta».
Aunque el portavoz del Pacto aseguró desconocer si los hechos desvelados hasta ahora pueden ser constitutivos de ilegalidad alguna, la Fiscalía de Eivissa ha pedido al juzgado que compruebe los lazos familiares entre Pilar Fernández y Antonio Huerta por si éste podría estar incurriendo en un delito de incompatibilidades tipificado en el Código Penal.
Se da la circunstancia de que el aparejador municipal, Julio Blanco, ya fue condenado a finales de la década anterior por un delito de similares características, y tuvo que cumplir un año de inhabilitación en el cargo. Blanco había informado favorablemente la construcción de un familiar directo, lo cual está prohibido por la ley.
Precisamente para suplir la ausencia de Blanco en cumplimiento de su condena, el Ayuntamiento contrató luego a un arquitecto municipal, plaza que correspondió a Antonio Huerta Briz.
Este técnico ha sido objeto de reiteradas críticas desde la oposición y los grupos ecologistas por su actuación en el Ayuntamiento de Sant Josep.
Marí: "¿Ayuntamiento o inmobiliaria?"
El concejal Josep Marí Ribas, Agustinet, lamentó que «el Ayuntamiento de Sant Josep se parezca más a una oficina inmobiliaria donde se dan los permisos que a un servicio técnico que actúe con una cierta neutralidad, que es lo que debería ser». Según afirmó, el equipo de gobierno es el que «está obligado a controlar» la actuación de sus técnicos cuando se producen situaciones como la actual.