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Valldemossa: Munar desobedece por tercera vez a un juez y se niega a derribar una antena de telefonía móvil en una zona verde |
(El Mundo, 20/11/2005)
La presidenta del Consell se niega a ejecutar la orden de derribar la estación de telefonía ubicada en plena urbanización George Sand / El repetidor, que da cobertura a la Costa Norte y a los barcos, no tiene licencia
ESTEBAN URREIZTIETA
VALLDEMOSSA.- El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Palma ha vuelto a ordenar -y esta es ya la tercera vez- el derribo de una antena de telefonía móvil ubicada en la urbanización George Sand de Valldemossa. El motivo, que está construida en una zona verde y carece de los preceptivos permisos municipales así como del visto bueno de la Comisión de Patrimonio del Consell Insular.
A pesar de que el juez se ha pronunciado ya varias ocasiones de manera contundente y en el mismo sentido, el Consell que preside Maria Antònia Munar continúa sin ejecutar la decisión. Mientras, la antena ilegal continúa funcionando a pleno rendimiento en un emplazamiento, que como reconoció un técnico del Consell ante el magistrado que ha juzgado el caso, es «ilegalizable».
Los técnicos de esta institución fueron los primeros que se opusieron a la estación de telefonía móvil. De hecho ordenaron el 23 de enero de 2003 su demolición.
Esta decisión tuvo lugar después de que la Comisión de Patrimonio Histórico denegara el 19 de enero de 2000 la instalación de la mencionada antena al levantarse en un «paraje pintoresco», y por lo tanto, protegido. Desde ese momento, Vodafone ha interpuesto una batería de recursos en los que argumenta, primero, que para montar la antena no tenía por qué pedir permiso a la Comisión Insular de Patrimonio Histórico.
La defensa
Y es que, según la defensa de la antigua Airtel, «la solicitud de licencia se realizó el 13 de julio de 1998, antes de la entrada en vigor de la Ley 12/1998». Por lo que, insiste la compañía que en este caso «no es necesaria la autorización del Consell». Pero es que, además, sostiene la multinacional que «el acuerdo de la Comisión de Patrimonio no se basa en un informe técnico» y subraya que «no existe un impacto visual por la estación de telefonía diferente al que puedan producir las propias construcciones del entorno».
Ante estos argumentos, el magistrado Francisco Pleite le recuerda a Vodafone que la autorización del Consell es imprescindible «para la protección de los bienes afectados» al encontrarse la estación de telefonía en una zona protegida. Y recalca su sentencia que «consta en el expediente administrativo un informe técnico de fecha 10 de enero de 2000 que manifiesta que la antena supone un impacto visual y paisajístico considerable». En este sentido, apostilla la decisión judicial que «dicho informe, elaborado por un técnico de la Administración no ha sido desvirtuado por las alegaciones de la mercantil recurrente -Vodafone-».
La empresa de telefonía móvil esgrime además que tiene derecho a conseguir la licencia por silencio administrativo. Es decir, aprovechándose de que la Administración, en este caso el Ayuntamiento de Valldemossa, no se ha pronunciado al respecto.
El juez desmonta también esta tesis señalando que «en modo alguno podrá aceptarse que el cruzamiento de brazos del ayuntamiento dentro del plazo legalmente marcado proporciona los materiales adecuados para que haya lugar a la génesis de presuntos actos generadores de licencias».
Y añade que «en el caso que nos ocupa, la propia parte demandante debe reconocer que no denunció la mora tal y como previene la ley, por lo que no cabe silencio positivo sin ésta».
Otros incumplimientos
De esta manera, continúa el juez, «no se han cumplido los requisitos formales» y recuerda que «en ningún caso se podrán adquirir por silencio facultades en contra de las prescripciones de las leyes, planos y demás normativa urbanística».
Otro de los casos de desobediencia judicial protagonizado por Maria Antònia Munar tiene como objeto el control de las cuentas del Consell. La presidenta del Consell se niega a dejar las cuentas de la institución que preside en manos del único funcionario que reúne todos los requisitos legales de cuantos tiene a su cargo.
Miquel Ramón Picó aprobó las oposiciones para acceder a la Jefatura del Servicio de Fiscalización del Area de Economía y Hacienda el 2 de julio de 2001. Desde entonces lleva librando una dura batalla judicial para lograr lo que ya se ganó a pulso. Y por tercera vez, la jueza le ha dado la razón y obliga a la institución que preside Munar a cumplir la ley.
Pero la magistrada ha ido en este caso más allá. Considera la actuación del Consell como «un grave atentado contra el Estado de Derecho». Y recalca que «la ejecución de sentencias constituye, sin duda alguna, el cierre imprescindible del derecho a la tutela judicial efectiva». Algo que, según la titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Palma, «está reconocido con carácter de derecho fundamental en el artículo 24 de la Constitución». En el caso de la antena, la desobediencia de Munar también se produce por triplicado.
Nota de Disúrbia: publicam aquesta notícia com altres relacionades amb l'urbanisme il·legal a les Balears, però resta ben clar que no és res més que una nova mostra d'utilització perversa de la disciplina urbanística amb finalitats polítiques. Qualsevol persona que la llegeixi pot comprendre perfectament que la sentència a la qual fa referència no és contra el Consell de Mallorca, sinó contra l'empresa infractora, que és la principal interessada en evitar la demolició i la que fa tot el possible per retardar-la. De fet, l'ordre de demolició ara confirmada (els jutges, a veure si n'aprenem d'una vegada, no ordenen directament res) fou dictada pel Consell Insular i anava adreçada contra Vodafone, qui ara l'haurà d'executar abonant-ne les despeses. O és que el Sr. Urreiztieta voldria que el Consell retiràs l'antena estant pendent de resolució un recurs judicial i sense esperar que Vodafone complís amb l'ordre dictada?
La presidenta del Consell se niega a ejecutar la orden de derribar la estación de telefonía ubicada en plena urbanización George Sand / El repetidor, que da cobertura a la Costa Norte y a los barcos, no tiene licencia
ESTEBAN URREIZTIETA
VALLDEMOSSA.- El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Palma ha vuelto a ordenar -y esta es ya la tercera vez- el derribo de una antena de telefonía móvil ubicada en la urbanización George Sand de Valldemossa. El motivo, que está construida en una zona verde y carece de los preceptivos permisos municipales así como del visto bueno de la Comisión de Patrimonio del Consell Insular.
A pesar de que el juez se ha pronunciado ya varias ocasiones de manera contundente y en el mismo sentido, el Consell que preside Maria Antònia Munar continúa sin ejecutar la decisión. Mientras, la antena ilegal continúa funcionando a pleno rendimiento en un emplazamiento, que como reconoció un técnico del Consell ante el magistrado que ha juzgado el caso, es «ilegalizable».
Los técnicos de esta institución fueron los primeros que se opusieron a la estación de telefonía móvil. De hecho ordenaron el 23 de enero de 2003 su demolición.
Esta decisión tuvo lugar después de que la Comisión de Patrimonio Histórico denegara el 19 de enero de 2000 la instalación de la mencionada antena al levantarse en un «paraje pintoresco», y por lo tanto, protegido. Desde ese momento, Vodafone ha interpuesto una batería de recursos en los que argumenta, primero, que para montar la antena no tenía por qué pedir permiso a la Comisión Insular de Patrimonio Histórico.
La defensa
Y es que, según la defensa de la antigua Airtel, «la solicitud de licencia se realizó el 13 de julio de 1998, antes de la entrada en vigor de la Ley 12/1998». Por lo que, insiste la compañía que en este caso «no es necesaria la autorización del Consell». Pero es que, además, sostiene la multinacional que «el acuerdo de la Comisión de Patrimonio no se basa en un informe técnico» y subraya que «no existe un impacto visual por la estación de telefonía diferente al que puedan producir las propias construcciones del entorno».
Ante estos argumentos, el magistrado Francisco Pleite le recuerda a Vodafone que la autorización del Consell es imprescindible «para la protección de los bienes afectados» al encontrarse la estación de telefonía en una zona protegida. Y recalca su sentencia que «consta en el expediente administrativo un informe técnico de fecha 10 de enero de 2000 que manifiesta que la antena supone un impacto visual y paisajístico considerable». En este sentido, apostilla la decisión judicial que «dicho informe, elaborado por un técnico de la Administración no ha sido desvirtuado por las alegaciones de la mercantil recurrente -Vodafone-».
La empresa de telefonía móvil esgrime además que tiene derecho a conseguir la licencia por silencio administrativo. Es decir, aprovechándose de que la Administración, en este caso el Ayuntamiento de Valldemossa, no se ha pronunciado al respecto.
El juez desmonta también esta tesis señalando que «en modo alguno podrá aceptarse que el cruzamiento de brazos del ayuntamiento dentro del plazo legalmente marcado proporciona los materiales adecuados para que haya lugar a la génesis de presuntos actos generadores de licencias».
Y añade que «en el caso que nos ocupa, la propia parte demandante debe reconocer que no denunció la mora tal y como previene la ley, por lo que no cabe silencio positivo sin ésta».
Otros incumplimientos
De esta manera, continúa el juez, «no se han cumplido los requisitos formales» y recuerda que «en ningún caso se podrán adquirir por silencio facultades en contra de las prescripciones de las leyes, planos y demás normativa urbanística».
Otro de los casos de desobediencia judicial protagonizado por Maria Antònia Munar tiene como objeto el control de las cuentas del Consell. La presidenta del Consell se niega a dejar las cuentas de la institución que preside en manos del único funcionario que reúne todos los requisitos legales de cuantos tiene a su cargo.
Miquel Ramón Picó aprobó las oposiciones para acceder a la Jefatura del Servicio de Fiscalización del Area de Economía y Hacienda el 2 de julio de 2001. Desde entonces lleva librando una dura batalla judicial para lograr lo que ya se ganó a pulso. Y por tercera vez, la jueza le ha dado la razón y obliga a la institución que preside Munar a cumplir la ley.
Pero la magistrada ha ido en este caso más allá. Considera la actuación del Consell como «un grave atentado contra el Estado de Derecho». Y recalca que «la ejecución de sentencias constituye, sin duda alguna, el cierre imprescindible del derecho a la tutela judicial efectiva». Algo que, según la titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Palma, «está reconocido con carácter de derecho fundamental en el artículo 24 de la Constitución». En el caso de la antena, la desobediencia de Munar también se produce por triplicado.