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La Fiscalía investiga posibles conductas penales del arquitecto de Sant Josep |
(Diario de Ibiza, 16/11/2005)
La nuera de Antonio Huerta Briz redactó el proyecto ilegal de Cala Molí, que invadía un Área Natural de Especial Interés (ANEI) y fue luego paralizado. El fiscal pide al juez que confirme el grado de parentesco
Eivissa | J. Ll. Ferrer
El fiscal de Medio Ambiente de Eivissa, Manuel Campoy, ha pedido que se investigue la actuación del arquitecto municipal de Sant Josep, Antonio Huerta Briz, ante las sospechas de que pueda haber incurrido en un posible delito de incompatibilidades para funcionarios públicos en el caso de la urbanización ilegal de Cala Molí.
Los hechos tienen su origen en la actuación de la nuera de Huerta, Pilar Fernández Pérez, como arquitecta autora del proyecto de la obra, que invade un Área Natural de Especial Interés (ANEI) y que fue paralizado por el propio Ayuntamiento tras las denuncias del Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN).
El fiscal ya abrió entonces diligencias por un presunto delito sobre la ordenación del territorio por estos hechos, pero ante la aparición de una información en Diario de Ibiza desvelando el parentesco existente entre el arquitecto municipal y la profesional autora de este proyecto, el fiscal ha decidido ampliar las investigaciones por un posible delito de incompatibilidades de funcionarios públicos.
Acompañando un escrito fechado el pasado día 10 enviado al juez que lleva el caso, el fiscal le hace llegar una copia de la citada información periodística para que se compruebe «el grado de parentesco del redactor del proyecto con el arquitecto municipal, a fin de depurar posibles responsabilidades penales por posibles delitos de incompatibilidades de funcionarios públicos del artículo 441 del Código Penal», afirma textualmente.
Invasión de zona protegida
El proyecto en cuestión preveía la construcción de 12 apartamentos, 16 estudios, 2 viviendas, 15 piscinas y 2 locales, así como aparcamientos y trasteros. Todos ellos invadían la ANEI colindante con Cala Molí.
Pilar Fernández Pérez aparece como representante de la sociedad Keltike SL, aunque con anterioridad había llegado a tener su despacho profesional en la misma dirección donde tenía su empresa Arkirent SL, empresa cuya administradora única era en 2001 la esposa de Antonio Huerta. De hecho, él mismo había ocupado ese puesto hasta mayo de 2000.
En esos años, un proyecto que también había sido redactado por Pilar Fernández se vio envuelto también en la polémica, ya que un grupo de viviendas se vino abajo en Cala Vedella como consecuencia de la inestabilidad del terreno y las lluvias caídas a finales de 2001.
Antonio Huerta dijo entonces que no tenía ninguna relación con la profesional autora del proyecto.
La nuera de Antonio Huerta Briz redactó el proyecto ilegal de Cala Molí, que invadía un Área Natural de Especial Interés (ANEI) y fue luego paralizado. El fiscal pide al juez que confirme el grado de parentesco
Eivissa | J. Ll. Ferrer
El fiscal de Medio Ambiente de Eivissa, Manuel Campoy, ha pedido que se investigue la actuación del arquitecto municipal de Sant Josep, Antonio Huerta Briz, ante las sospechas de que pueda haber incurrido en un posible delito de incompatibilidades para funcionarios públicos en el caso de la urbanización ilegal de Cala Molí.
Los hechos tienen su origen en la actuación de la nuera de Huerta, Pilar Fernández Pérez, como arquitecta autora del proyecto de la obra, que invade un Área Natural de Especial Interés (ANEI) y que fue paralizado por el propio Ayuntamiento tras las denuncias del Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN).
El fiscal ya abrió entonces diligencias por un presunto delito sobre la ordenación del territorio por estos hechos, pero ante la aparición de una información en Diario de Ibiza desvelando el parentesco existente entre el arquitecto municipal y la profesional autora de este proyecto, el fiscal ha decidido ampliar las investigaciones por un posible delito de incompatibilidades de funcionarios públicos.
Acompañando un escrito fechado el pasado día 10 enviado al juez que lleva el caso, el fiscal le hace llegar una copia de la citada información periodística para que se compruebe «el grado de parentesco del redactor del proyecto con el arquitecto municipal, a fin de depurar posibles responsabilidades penales por posibles delitos de incompatibilidades de funcionarios públicos del artículo 441 del Código Penal», afirma textualmente.
Invasión de zona protegida
El proyecto en cuestión preveía la construcción de 12 apartamentos, 16 estudios, 2 viviendas, 15 piscinas y 2 locales, así como aparcamientos y trasteros. Todos ellos invadían la ANEI colindante con Cala Molí.
Pilar Fernández Pérez aparece como representante de la sociedad Keltike SL, aunque con anterioridad había llegado a tener su despacho profesional en la misma dirección donde tenía su empresa Arkirent SL, empresa cuya administradora única era en 2001 la esposa de Antonio Huerta. De hecho, él mismo había ocupado ese puesto hasta mayo de 2000.
En esos años, un proyecto que también había sido redactado por Pilar Fernández se vio envuelto también en la polémica, ya que un grupo de viviendas se vino abajo en Cala Vedella como consecuencia de la inestabilidad del terreno y las lluvias caídas a finales de 2001.
Antonio Huerta dijo entonces que no tenía ninguna relación con la profesional autora del proyecto.
Piden la suspensión de Huerta
El Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN), que dio a conocer ayer el escrito de la Fiscalía enviado al juez, señaló que Antonio Huerta Briz «se ha destacado siempre por compaginar sus actividades privadas con su cargo de arquitecto municipal en Sant Josep». «Su nombre está a menudo vinculado a promociones inmobiliarias de dudosa legalidad y gran envergadura y se ha destacado como técnico, desde siempre, por sus informes avalando la legalidad de algunos de los proyectos de más impacto dentro del municipio de Sant Josep», agregan los ecologistas. Huerta fue acreedor del Premi Formigó que el GEN concede todos los años a personas, entidades o instituciones que se han destacado por su labor en contra del medio ambiente de Eivissa y Formentera. Por todo ello, el GEN pide al alcalde que «suspenda a Antonio Huerta de sus funciones como arquitecto municipal mientras se investigan los hechos de Cala Molí y mientras se busca un sustituto de forma urgente».