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El Ayuntamiento de Petra propone ahora demoler la nave ilegal del marido de la teniente de alcalde |
(El Mundo, 16/11/2005)
El 'número 3' del gobierno del PSM ha elaborado una propuesta en la que ordena derruir la ampliación ilegal de la Ferreteria Bonany y multa con 58.608 E a los promotores - Aún está pendiente de ser ratificada
EDUARDO COLOM
PETRA.- El culebrón de la Ferretería Bonany de Petra está llegando a su desenlace. Según fuentes consultadas por este diario, el Ayuntamiento ha puesto sobre la mesa una propuesta de resolución encaminada a zanjar uno de los mayores escándalos urbanísticos vividos en el municipio en los últimos meses.
Un episodio que ha salpicado directamente a uno de los miembros del gobierno del PSM, la edil Caterina Mas Bennassar, cuyo marido ordenó ejecutar una obra de ampliación sin la licencia pertinente.
Un documento elaborado por Sebastià Rechach, segundo teniente de alcalde e instructor del caso, ordena ahora demoler parte de la nave que alberga el citado comercio.
Además de consignar la demolición, Rechach fija en su propuesta la sanción que debería ser impuesta a los tres responsables de la obra. Los dos promotores y el constructor desembolsarían cada uno 58.608,5 euros. Lo que equivale al 50% del valor de las obras realizadas ilegalmente. Eso sí, la cifra ha sido calculada sobre la tasación de un arquitecto ajeno al Ayuntamiento y no sobre la del arquitecto municipal, para quien el valor de la obra es de 149.178 euros y no de los 117.217 que se han tomado como referencia.
Este baile de cifras, sobre el que ha venido informando prolijamente este diario, ha sido duramente criticado tanto por miembros del PP local como por cualificados funcionarios municipales. Según ellos, cotejando los informes del arquitecto municipal con la Ley Balear de Disciplina Urbanística, la infracción de la Ferretería Bonany debería ser multada con el 100% del coste de la obra. Y no con el 50%.
El cuerpo legal
No en vano, aseguran, la infracción cometida corresponde a un uso inadecuado del suelo. Falta tipificada en el artículo 44 de la Ley Balear de Disciplina Urbanística, que es clara en su parte punitiva: demolición y sanción equivalente al 100% del coste de la obra. Pero el Ayuntamiento se acoge al artículo 45, que contempla infracciones de menor rango, para multar con un 50%.
La propuesta de Rechach aún no es definitiva ya que no ha sido ratificada por el alcalde. Todavía debe ser puesta a disposición de los afectados para que realicen las alegaciones que consideren oportunas. Algo que, lógicamente, sólo podría variar a la baja la cuantía de la sanción.
Joan Font Massot, alcalde y compañero de filas de la mujer del infractor, se negó ayer por enésima vez a ofrecer explicaciones sobre los hechos a este periódico. El historial de la nave se remonta al año pasado. Ferretería Bonany amplió su superficie y el secretario municipal denunció que se había hecho en un solar rústico. El alcalde ordenó parar la obra pero los trabajos siguieron. Hasta ahora, el comercio ha seguido funcionando con la parte ilegal abierta al público.
El 'número 3' del gobierno del PSM ha elaborado una propuesta en la que ordena derruir la ampliación ilegal de la Ferreteria Bonany y multa con 58.608 E a los promotores - Aún está pendiente de ser ratificada
EDUARDO COLOM
PETRA.- El culebrón de la Ferretería Bonany de Petra está llegando a su desenlace. Según fuentes consultadas por este diario, el Ayuntamiento ha puesto sobre la mesa una propuesta de resolución encaminada a zanjar uno de los mayores escándalos urbanísticos vividos en el municipio en los últimos meses.
Un episodio que ha salpicado directamente a uno de los miembros del gobierno del PSM, la edil Caterina Mas Bennassar, cuyo marido ordenó ejecutar una obra de ampliación sin la licencia pertinente.
Un documento elaborado por Sebastià Rechach, segundo teniente de alcalde e instructor del caso, ordena ahora demoler parte de la nave que alberga el citado comercio.
Además de consignar la demolición, Rechach fija en su propuesta la sanción que debería ser impuesta a los tres responsables de la obra. Los dos promotores y el constructor desembolsarían cada uno 58.608,5 euros. Lo que equivale al 50% del valor de las obras realizadas ilegalmente. Eso sí, la cifra ha sido calculada sobre la tasación de un arquitecto ajeno al Ayuntamiento y no sobre la del arquitecto municipal, para quien el valor de la obra es de 149.178 euros y no de los 117.217 que se han tomado como referencia.
Este baile de cifras, sobre el que ha venido informando prolijamente este diario, ha sido duramente criticado tanto por miembros del PP local como por cualificados funcionarios municipales. Según ellos, cotejando los informes del arquitecto municipal con la Ley Balear de Disciplina Urbanística, la infracción de la Ferretería Bonany debería ser multada con el 100% del coste de la obra. Y no con el 50%.
El cuerpo legal
No en vano, aseguran, la infracción cometida corresponde a un uso inadecuado del suelo. Falta tipificada en el artículo 44 de la Ley Balear de Disciplina Urbanística, que es clara en su parte punitiva: demolición y sanción equivalente al 100% del coste de la obra. Pero el Ayuntamiento se acoge al artículo 45, que contempla infracciones de menor rango, para multar con un 50%.
La propuesta de Rechach aún no es definitiva ya que no ha sido ratificada por el alcalde. Todavía debe ser puesta a disposición de los afectados para que realicen las alegaciones que consideren oportunas. Algo que, lógicamente, sólo podría variar a la baja la cuantía de la sanción.
Joan Font Massot, alcalde y compañero de filas de la mujer del infractor, se negó ayer por enésima vez a ofrecer explicaciones sobre los hechos a este periódico. El historial de la nave se remonta al año pasado. Ferretería Bonany amplió su superficie y el secretario municipal denunció que se había hecho en un solar rústico. El alcalde ordenó parar la obra pero los trabajos siguieron. Hasta ahora, el comercio ha seguido funcionando con la parte ilegal abierta al público.
La cuantía de la multa impide que el Consell ponga un 'castigo' mayor
Se confirma lo que ya adelantó hace unas semanas este diario. La multa que el Ayuntamiento de Petra pretende imponer al marido de la teniente de alcalde no supera los 60.000 euros. Cantidad a partir de la cual pasaría a ser competencia del Consell de Mallorca resolver el expediente disciplinario -la Ley lo fija así para los municipios con menos de 50.000 habitantes-. La cifra propuesta por el segundo teniente de alcalde se queda en 58.608,5 euros, lo que evita que el Consell se subrogue las competencias [Nota de Disúrbia: no es tracta d'un supòsit de subrogació, sinó de competència per raó de la quantia de la multa].
El PP de Petra considera que esto apunta a un presunto intento de proteger al infractor, ya que «sin duda la sanción del Consell sería más dura». No sólo eso; también denuncian que el modo en que se ha llegado a esa cifra es una auténtica «chapuza» porque «se ha hecho la media aritmética entre la tasación del arquitecto municipal y la de un arquitecto externo, con lo que se les condonará más de la mitad de la suma real».