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Sant Antoni: el GEN pide la demolición «inmediata» de la casa de Cretu |
(Diario de Ibiza, 12/11/2005)
El Pacto exige que se depuren «responsabilidades políticas y económicas» tras confirmar un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Balears que la mansión de Santa Agnès no es legalizable
El Grup d´Estudis de sa Naturalesa, GEN-GOB, exigió ayer al Ayuntamiento de Sant Antoni «que sea coherente con su condición de administración pública que debe defender y garantizar la legalidad», y que «acate de forma inmediata la sentencia» del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) «que obliga a demoler la edificación ilegal» construida por el músico rumano Michael Cretu en la cima de un monte de Santa Agnès.
En el fallo, el TSJB sostiene que la Disposición Adicional que aprobó el Govern en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2004 no es suficiente para legalizar la vivienda, rechazando así sendos recursos presentados por el Consistorio de Sant Antoni y la propiedad.
Los ecologistas recuerdan, en un comunicado, la existencia de un informe elaborado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento (que hizo público Diario de Ibiza a finales del pasado mes de mayo) «que concluye -rememora el GEN- que la demolición de la obra ilegal en realidad no supondría tener que hacer frente a grandes indemnizaciones e, incluso, pone en duda que se tenga que pagar indemnización alguna».
El GEN recrimina al alcalde José Sala que «ha llegado la hora de acabar con el patético papel de bufón del castillo y de cumplir con lo que ordena la justicia». En este sentido, explican que el informe jurídico concluye también que las causas de la ilegalidad de la vivienda «pueden ser íntegramente imputables al promotor, que (...) no se habría ajustado a las condiciones de la licencia y, además, la construcción tampoco correspondería al proyecto autorizado» por el Ayuntamiento.
Además, abundan en el contenido del informe jurídico y critican la actitud del Consistorio: «Con el informe hecho por los propios servicios jurídicos municipales y encargado por el señor Sala, no se entendería que el Ayuntamiento persistiese en defender a quien reconoce como infractor y a quien atribuye la vulneración de la normativa y de las condiciones de la licencia».
En relación a esta posibilidad, el GEN advierte al Consistorio que «podría incurrir en un delito de prevaricación» si sigue defendiendo «aquello que reconoce como una ilegalidad».
Responsabilidades políticas
Por su parte, el Pacto en el Ayuntamiento de Sant Antoni exigirá «la depuración de responsabilidades políticas y económicas a los autores de este desaguisado», en referencia a la confirmación de demolición por parte del TSJB. Los progresistas consideran que la sentencia «hace justicia de una vez por todas» en un caso que representa «una más de las ilegalidades urbanísticas cometidas por los equipos de gobierno del PP» en este municipio.
El Pacto recuerda que «no el actual alcalde ni el anterior, y ni siquiera su partido, el PP, han logrado evitar esta nueva sentencia, a pesar de haber utilizado todas las artimañas posibles para eludir su conducta irresponsable e ilegal».
El Ayuntamiento debe ahora «enfrentarse a un problema que tendrá que tendrán que resolver sin que paguen justos por pecadores». El Pacto pide que «no sean las arcas municipales (...) las que tengan que hacer frente a los gastos que se deriven» de la demolición de la casa.
El Pacto exige que se depuren «responsabilidades políticas y económicas» tras confirmar un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Balears que la mansión de Santa Agnès no es legalizable
El Grup d´Estudis de sa Naturalesa, GEN-GOB, exigió ayer al Ayuntamiento de Sant Antoni «que sea coherente con su condición de administración pública que debe defender y garantizar la legalidad», y que «acate de forma inmediata la sentencia» del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) «que obliga a demoler la edificación ilegal» construida por el músico rumano Michael Cretu en la cima de un monte de Santa Agnès.
En el fallo, el TSJB sostiene que la Disposición Adicional que aprobó el Govern en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2004 no es suficiente para legalizar la vivienda, rechazando así sendos recursos presentados por el Consistorio de Sant Antoni y la propiedad.
Los ecologistas recuerdan, en un comunicado, la existencia de un informe elaborado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento (que hizo público Diario de Ibiza a finales del pasado mes de mayo) «que concluye -rememora el GEN- que la demolición de la obra ilegal en realidad no supondría tener que hacer frente a grandes indemnizaciones e, incluso, pone en duda que se tenga que pagar indemnización alguna».
El GEN recrimina al alcalde José Sala que «ha llegado la hora de acabar con el patético papel de bufón del castillo y de cumplir con lo que ordena la justicia». En este sentido, explican que el informe jurídico concluye también que las causas de la ilegalidad de la vivienda «pueden ser íntegramente imputables al promotor, que (...) no se habría ajustado a las condiciones de la licencia y, además, la construcción tampoco correspondería al proyecto autorizado» por el Ayuntamiento.
Además, abundan en el contenido del informe jurídico y critican la actitud del Consistorio: «Con el informe hecho por los propios servicios jurídicos municipales y encargado por el señor Sala, no se entendería que el Ayuntamiento persistiese en defender a quien reconoce como infractor y a quien atribuye la vulneración de la normativa y de las condiciones de la licencia».
En relación a esta posibilidad, el GEN advierte al Consistorio que «podría incurrir en un delito de prevaricación» si sigue defendiendo «aquello que reconoce como una ilegalidad».
Responsabilidades políticas
Por su parte, el Pacto en el Ayuntamiento de Sant Antoni exigirá «la depuración de responsabilidades políticas y económicas a los autores de este desaguisado», en referencia a la confirmación de demolición por parte del TSJB. Los progresistas consideran que la sentencia «hace justicia de una vez por todas» en un caso que representa «una más de las ilegalidades urbanísticas cometidas por los equipos de gobierno del PP» en este municipio.
El Pacto recuerda que «no el actual alcalde ni el anterior, y ni siquiera su partido, el PP, han logrado evitar esta nueva sentencia, a pesar de haber utilizado todas las artimañas posibles para eludir su conducta irresponsable e ilegal».
El Ayuntamiento debe ahora «enfrentarse a un problema que tendrá que tendrán que resolver sin que paguen justos por pecadores». El Pacto pide que «no sean las arcas municipales (...) las que tengan que hacer frente a los gastos que se deriven» de la demolición de la casa.
«El Consell ayudará al Ayuntamiento»
El presidente del Consell, Pere Palau, reiteró ayer que la institución colaborará con el Ayuntamiento si finalmente tiene que indemnizar a los propietarios de la casa por otorgarles una licencia ilegal. «Estamos al lado de cualquier ayuntamiento para ayudarle en problemas de este tipo, que pueden provocar un elevado coste para los ciudadanos», manifestó. «El Consell ayudará en la medida de sus posibilidades», aunque también cree que el Consistorio debería «buscar todas las posibilidades para evitar hacer frente a unos costes tan elevados». Palau no quiso valorar las críticas del TSJB al artículo de la Ley de Acompañamiento a los presupuestos de 2004, pero aseguró que la sentencia quita la razón a las acusaciones de la oposición de que la norma era un «traje a medida» para salvar la mansión: «Si lo hubiese sido, no habría pasado esto», concluyó. | P. P.