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Sant Josep: la nuera del arquitecto municipal redactó el proyecto ilegal de Cala Molí |
(Diario de Ibiza, 18/10/2005)
Pilar Fernández Pérez ya participó en otro proyecto en el municipio de Sant Josep en 2001. Parte de la urbanización ya consolidada también invade el ANEI
Sant Josep | J. LL. FERRER
El proyecto para la urbanización de la tercera fase del complejo de Cala Molí, cuya licencia ha sido anulada por el Ayuntamiento por invadir un área protegida, fue redactado por la nuera del propio arquitecto municipal, Antonio Huerta Briz.
El proyecto está firmado por la colegiada María del Pilar Fernández Pérez, en representación de la sociedad Keltike SL, y preveía la construcción de 12 apartamentos, 16 estudios, 2 viviendas, 15 piscinas y 2 locales, así como aparcamientos y trasteros.
Keltike SL es una sociedad de la que Pilar Fernández aparece como socia y administradora única y fue constituida en el año 2002, es decir, justo después de que se hiciera público que Fernández firmó el proyecto de construcción de unas viviendas que se vinieron abajo en un acantilado de Cala Vedella a finales de 2001.
La nuera de Antonio Huerta tenía entonces su despacho profesional en la misma dirección donde tenía su sede la empresa Arkirent SL, cuya administradora única en ese momento era la esposa del arquitecto. De hecho, él mismo había ocupado ese puesto hasta mayo de 2000.
Arkirent se dedica a la compraventa, urbanización y construcción de inmuebles.
El arquitecto municipal, pese a ello, aseguró que no guardaba «ninguna relación familiar, ni de despacho, ni de ningún tipo» con Pilar Fernández Pérez.
Invasión del ANEI
Por otra parte, la fase 3 de la urbanización de Cala Molí no es la única parte de este complejo que invade un Área Natural de Especial Interés (ANEI), ya que al menos algunos de los apartamentos que lindan con esa tercera fase penetran también dentro de la zona protegida, según se puede apreciar en la cartografía del Plan Territorial Insular (PTI).
Aunque el Ayuntamiento de Sant Josep aseguró en un principio que esta urbanización era legal y no afectaba a ninguna zona protegida, pese a las denuncias de los ecologistas, finalmente admitió que sí invadía el área ANEI, por lo que ha procedido a suspender los efectos del permiso y a enviar el expediente al juez para que confirme su total nulidad.
Pilar Fernández Pérez ya participó en otro proyecto en el municipio de Sant Josep en 2001. Parte de la urbanización ya consolidada también invade el ANEI
Sant Josep | J. LL. FERRER
El proyecto para la urbanización de la tercera fase del complejo de Cala Molí, cuya licencia ha sido anulada por el Ayuntamiento por invadir un área protegida, fue redactado por la nuera del propio arquitecto municipal, Antonio Huerta Briz.
El proyecto está firmado por la colegiada María del Pilar Fernández Pérez, en representación de la sociedad Keltike SL, y preveía la construcción de 12 apartamentos, 16 estudios, 2 viviendas, 15 piscinas y 2 locales, así como aparcamientos y trasteros.
Keltike SL es una sociedad de la que Pilar Fernández aparece como socia y administradora única y fue constituida en el año 2002, es decir, justo después de que se hiciera público que Fernández firmó el proyecto de construcción de unas viviendas que se vinieron abajo en un acantilado de Cala Vedella a finales de 2001.
La nuera de Antonio Huerta tenía entonces su despacho profesional en la misma dirección donde tenía su sede la empresa Arkirent SL, cuya administradora única en ese momento era la esposa del arquitecto. De hecho, él mismo había ocupado ese puesto hasta mayo de 2000.
Arkirent se dedica a la compraventa, urbanización y construcción de inmuebles.
El arquitecto municipal, pese a ello, aseguró que no guardaba «ninguna relación familiar, ni de despacho, ni de ningún tipo» con Pilar Fernández Pérez.
Invasión del ANEI
Por otra parte, la fase 3 de la urbanización de Cala Molí no es la única parte de este complejo que invade un Área Natural de Especial Interés (ANEI), ya que al menos algunos de los apartamentos que lindan con esa tercera fase penetran también dentro de la zona protegida, según se puede apreciar en la cartografía del Plan Territorial Insular (PTI).
Aunque el Ayuntamiento de Sant Josep aseguró en un principio que esta urbanización era legal y no afectaba a ninguna zona protegida, pese a las denuncias de los ecologistas, finalmente admitió que sí invadía el área ANEI, por lo que ha procedido a suspender los efectos del permiso y a enviar el expediente al juez para que confirme su total nulidad.