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Petra: el alcalde 'protege' a Ferretería Bonany tratando que la multa no la ponga el Consell |
(El Mundo, 28/09/2005)
El instructor del expediente pide una sanción de 59.000 euros, cifra que aumentaría si pasase a manos de la institución insular
J. E.
PETRA.- Sesenta mil euros es la cifra a partir de la cual los expedientes de infracción urbanística sancionados en municipios de menos de 50.000 habitantes pasan a tramitarse a través del Consell de Mallorca y dejan de hacerlo directamente desde el Consistorio. 60.000 euros es la cantidad que el instructor del expediente de la ferretería Bonany, el también teniente de alcalde de Petra, Sebastià Rechach (PSM) -euro abajo, euro abajo- maneja en sus cálculos y tasaciones para evitar que la última decisión sobre el futuro de la ampliación ilegal de la ferretería recaiga en manos de la máxima institución insular.
Así al menos lo entiende la junta local del PP, que en una nota de prensa se refiere a los intentos del alcalde de Petra, Joan Font Massot, por reducir la sanción impuesta a la empresa de la edil Catalina Mas (PSM) hasta dejarla en menos de 60.000 euros. En opinión de los populares Font Massot no hace sino «repetir la misma táctica que utilizó en el escándalo de Son Roca, en el que también rebajaron una multa bastante superior a una cantidad ligeramente inferior a los 10 millones de las antiguas pesetas para que el Consell no impusiera la sanción».
Lo curioso del caso es que el propio Rechach ya ha hecho oficial una estimación de la obra ilegal construida con posterioridad al 25 de agosto de 2004, fecha de la paralización de las obras de la nave, y ésta (119.000 euros) excede con creces los 60.000 euros de margen. Una cifra que por lo demás rebaja en más de 35.000 euros la valoración efectuada por el arquitecto municipal, (154.399, 24 euros), cuantificación, esta última, a su vez desestimada por el secretario municipal, Francisco González, al considerarla muy inferior a la obra ilegal y ampliaciones que se siguieron realizando incumpliendo la suspensión dictada.
Nueva valoración
El propio secretario ha solicitado al arquitecto una nueva valoración ya que, tal y como publicó este periódico semanas atrás, los 154.399 euros propuestos se limitan a actualizar el IPC de 2005 a las ilegalidades de la nave computadas en agosto de 2004, cuando su cierre, ignorando las intervenciones posteriores.
Lejos de atender a las indicaciones del secretario, Sebastià Rechach sugiere ahora sancionar únicamente la mitad de las irregularidades ejecutadas - 59.500 euros (si se dan por buenos los 119.000 euros de la tasación oficial)- esgrimiendo que parte de la obra se realizó en suelo urbano. Por su parte, el secretario manifiesta que «es de cajón» castigar a los infractores en un 100% y no en un 50%, puesto que el adosado ilegal se ha realizado en su mayoría sobre suelo rústico y sólo una pequeña parte en urbano. Añade González que el uso que se le está dando difiere del industrial, «lo que significa que a efectos de sanción tampoco supone ningún atenuante».
De confirmarse las sospechas del secretario y el PP, la maniobra del Ayuntamiento buscaría asegurarse la instrucción del expediente que atañe directamente a una edil del equipo de gobierno y evitar así una posible aplicación más imparcial de la ley en el Consell de Mallorca.
El instructor del expediente pide una sanción de 59.000 euros, cifra que aumentaría si pasase a manos de la institución insular
J. E.
PETRA.- Sesenta mil euros es la cifra a partir de la cual los expedientes de infracción urbanística sancionados en municipios de menos de 50.000 habitantes pasan a tramitarse a través del Consell de Mallorca y dejan de hacerlo directamente desde el Consistorio. 60.000 euros es la cantidad que el instructor del expediente de la ferretería Bonany, el también teniente de alcalde de Petra, Sebastià Rechach (PSM) -euro abajo, euro abajo- maneja en sus cálculos y tasaciones para evitar que la última decisión sobre el futuro de la ampliación ilegal de la ferretería recaiga en manos de la máxima institución insular.
Así al menos lo entiende la junta local del PP, que en una nota de prensa se refiere a los intentos del alcalde de Petra, Joan Font Massot, por reducir la sanción impuesta a la empresa de la edil Catalina Mas (PSM) hasta dejarla en menos de 60.000 euros. En opinión de los populares Font Massot no hace sino «repetir la misma táctica que utilizó en el escándalo de Son Roca, en el que también rebajaron una multa bastante superior a una cantidad ligeramente inferior a los 10 millones de las antiguas pesetas para que el Consell no impusiera la sanción».
Lo curioso del caso es que el propio Rechach ya ha hecho oficial una estimación de la obra ilegal construida con posterioridad al 25 de agosto de 2004, fecha de la paralización de las obras de la nave, y ésta (119.000 euros) excede con creces los 60.000 euros de margen. Una cifra que por lo demás rebaja en más de 35.000 euros la valoración efectuada por el arquitecto municipal, (154.399, 24 euros), cuantificación, esta última, a su vez desestimada por el secretario municipal, Francisco González, al considerarla muy inferior a la obra ilegal y ampliaciones que se siguieron realizando incumpliendo la suspensión dictada.
Nueva valoración
El propio secretario ha solicitado al arquitecto una nueva valoración ya que, tal y como publicó este periódico semanas atrás, los 154.399 euros propuestos se limitan a actualizar el IPC de 2005 a las ilegalidades de la nave computadas en agosto de 2004, cuando su cierre, ignorando las intervenciones posteriores.
Lejos de atender a las indicaciones del secretario, Sebastià Rechach sugiere ahora sancionar únicamente la mitad de las irregularidades ejecutadas - 59.500 euros (si se dan por buenos los 119.000 euros de la tasación oficial)- esgrimiendo que parte de la obra se realizó en suelo urbano. Por su parte, el secretario manifiesta que «es de cajón» castigar a los infractores en un 100% y no en un 50%, puesto que el adosado ilegal se ha realizado en su mayoría sobre suelo rústico y sólo una pequeña parte en urbano. Añade González que el uso que se le está dando difiere del industrial, «lo que significa que a efectos de sanción tampoco supone ningún atenuante».
De confirmarse las sospechas del secretario y el PP, la maniobra del Ayuntamiento buscaría asegurarse la instrucción del expediente que atañe directamente a una edil del equipo de gobierno y evitar así una posible aplicación más imparcial de la ley en el Consell de Mallorca.