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Ecotasa rural |
(Diario de Mallorca, 21/09/2005)
SEBASTIÀ VERD
El Consell de Mallorca dio a conocer ayer su particular ecotasa, la que a partir de 2006 gravará todas las construcciones que se hagan en suelo rústico -desde casas a campos de golf- y con la que pretende recaudar un millón de euros al año. Su objetivo, según dijeron, es doble. Se pretende desincentivar las obras en foravila que no estén directamente relacionadas con la agricultura o la ganadería y, además, financiar proyectos vinculados a la recuperación del patrimonio paisajístico e histórico de la isla. Según los dirigentes del Consell se trata de una iniciativa que sólo Unió Mallorquina conocía, a fin de garantizar -se dijo- el efecto sorpresa e impedir una avalancha de proyectos para eludir el pago.
Ha sido, en efecto, una sorpresa. Uno de los problemas más graves de Mallorca es, precisamente, la conversión de la foravila en un inmenso solar urbano. Hasta ahora, para evitarlo, se ha ido restringiendo la posibilidad edificatoria, elevando, por ejemplo, el mínimo para poder construir de 7.000 metros cuadrados a 14.000. El Plan Territorial ha supuesto una vuelta de tuerca contra la ocupación residencial del campo, pero aún así deja muchas puertas abiertas y se sigue construyendo. Cada año el Consell tramita unas trescientas solicitudes, pero es evidente que se edifica bastante más. Va a ocurrir, pues, lo que pasaba con la ecotasa, que sólo la pagaban los turistas que iban a alojamientos autorizados y no los que utilizaban la oferta ilegal o alegal.
La "urbanización" del suelo rústico es un fenómeno bastante más complejo de lo que ayer dejó entrever el conseller insular del Territorio. Vicens dijo que la protección del entorno rural era un factor estratégico "para un país que vive del turismo". Tiene razón, pero ¿qué pasa con la actividad agraria? La tasa grava las construcciones e instalaciones que no tengan relación con ella, pero no la potencia en absoluto. Se quiere proteger el paisaje, se quiere conservar el patrimonio rural, pero ¿cómo conseguirlo al margen de la agricultura?
La tasa puede tener un importante efecto propagandístico, como tuvo la ecotasa, con la que inevitablemente será comparada a pesar de la enorme distancia que las separa. En su presentación se dijo que era una medida inédita en toda España, hasta el punto que sólo el tripartito catalán se atrevió a plantear algo similar aunque finalmente desistió. Lo que ya es más dudoso es que tenga el efecto que se pretende. Levantar una casa en suelo rústico va a encarecerse en unos 450 euros. Pero, ¿de verdad se piensa que va a desincentivar la construcción? Nadie que quiera edificar legalmente va a pararse por eso y, en cambio, no impedirá que se construya ilegalmente. Una vez más quienes se verán favorecidos serán los que obran al margen de la legislación, quienes se aprovechan de la falta de disciplina urbanística que es, o debería ser, la principal preocupación de Consell y ayuntamientos.
Y lo mismo cabe decir de las grandes obras, de aquellas, como los campos de golf, los agroturismos, las estaciones de servicio o determinadas industrias y comercios que, encima, requieren y frecuentemente consiguen declaraciones de interés general. Los matemáticos del Consell han calculado que una nueva instalación golfística deberá pagar por la tasa unos 180.000 euros, unos 30 millones de las antiguas pesetas. Podemos repetir la pregunta: ¿piensan los responsables del Consell que algún promotor va a desistir de su proyecto por esta relativa minucia?
Más importante que la tasa es garantizar la disciplina urbanística y la supresión de todas las operaciones de "urbanismo a la carta" sobre suelo rústico que esconde el Plan Territorial de Mallorca.
SEBASTIÀ VERD
El Consell de Mallorca dio a conocer ayer su particular ecotasa, la que a partir de 2006 gravará todas las construcciones que se hagan en suelo rústico -desde casas a campos de golf- y con la que pretende recaudar un millón de euros al año. Su objetivo, según dijeron, es doble. Se pretende desincentivar las obras en foravila que no estén directamente relacionadas con la agricultura o la ganadería y, además, financiar proyectos vinculados a la recuperación del patrimonio paisajístico e histórico de la isla. Según los dirigentes del Consell se trata de una iniciativa que sólo Unió Mallorquina conocía, a fin de garantizar -se dijo- el efecto sorpresa e impedir una avalancha de proyectos para eludir el pago.
Ha sido, en efecto, una sorpresa. Uno de los problemas más graves de Mallorca es, precisamente, la conversión de la foravila en un inmenso solar urbano. Hasta ahora, para evitarlo, se ha ido restringiendo la posibilidad edificatoria, elevando, por ejemplo, el mínimo para poder construir de 7.000 metros cuadrados a 14.000. El Plan Territorial ha supuesto una vuelta de tuerca contra la ocupación residencial del campo, pero aún así deja muchas puertas abiertas y se sigue construyendo. Cada año el Consell tramita unas trescientas solicitudes, pero es evidente que se edifica bastante más. Va a ocurrir, pues, lo que pasaba con la ecotasa, que sólo la pagaban los turistas que iban a alojamientos autorizados y no los que utilizaban la oferta ilegal o alegal.
La "urbanización" del suelo rústico es un fenómeno bastante más complejo de lo que ayer dejó entrever el conseller insular del Territorio. Vicens dijo que la protección del entorno rural era un factor estratégico "para un país que vive del turismo". Tiene razón, pero ¿qué pasa con la actividad agraria? La tasa grava las construcciones e instalaciones que no tengan relación con ella, pero no la potencia en absoluto. Se quiere proteger el paisaje, se quiere conservar el patrimonio rural, pero ¿cómo conseguirlo al margen de la agricultura?
La tasa puede tener un importante efecto propagandístico, como tuvo la ecotasa, con la que inevitablemente será comparada a pesar de la enorme distancia que las separa. En su presentación se dijo que era una medida inédita en toda España, hasta el punto que sólo el tripartito catalán se atrevió a plantear algo similar aunque finalmente desistió. Lo que ya es más dudoso es que tenga el efecto que se pretende. Levantar una casa en suelo rústico va a encarecerse en unos 450 euros. Pero, ¿de verdad se piensa que va a desincentivar la construcción? Nadie que quiera edificar legalmente va a pararse por eso y, en cambio, no impedirá que se construya ilegalmente. Una vez más quienes se verán favorecidos serán los que obran al margen de la legislación, quienes se aprovechan de la falta de disciplina urbanística que es, o debería ser, la principal preocupación de Consell y ayuntamientos.
Y lo mismo cabe decir de las grandes obras, de aquellas, como los campos de golf, los agroturismos, las estaciones de servicio o determinadas industrias y comercios que, encima, requieren y frecuentemente consiguen declaraciones de interés general. Los matemáticos del Consell han calculado que una nueva instalación golfística deberá pagar por la tasa unos 180.000 euros, unos 30 millones de las antiguas pesetas. Podemos repetir la pregunta: ¿piensan los responsables del Consell que algún promotor va a desistir de su proyecto por esta relativa minucia?
Más importante que la tasa es garantizar la disciplina urbanística y la supresión de todas las operaciones de "urbanismo a la carta" sobre suelo rústico que esconde el Plan Territorial de Mallorca.