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Un informe concluye que la nave ilegal de Petra ha abierto de forma «clandestina» |
(El Mundo, 19/09/2005)
Sostiene que la ferretería del marido de la regidora del PSM se beneficia de una ampliación ilegal - Acusa al alcalde de permitir otras 6 irregularidades en el proyecto
EDUARDO COLOM
PETRA.- La armería-ferretería Bonany, propiedad del marido de la teniente de alcalde del PSM Catalina Mas está ejerciendo su actividad de forma «clandestina». Así lo determina un informe interno que obra en poder del PP de Petra elaborado por un experto en materia urbanística.
Según dicho documento, esto se deriva del hecho de que el comercio está haciendo uso de una ampliación «ilegal e ilegalizable», vendiendo en ella cuando en realidad «no tiene la oportuna licencia de apertura y funcionamiento».
El análisis de las circunstancias que rodean a esta nave ubicada en la calle Jaime II de Mallorca de Petra determina que la ampliación realizada en agosto de 2004 no es legal.
«El 9 de agosto de 2004 el secretario del Ayuntamiento pone en conocimiento al alcalde que se está construyendo una nave que carece de licencia urbanística. El 27 de agosto el arquitecto municipal emite un informe sobre la inspección especificando que se trata de la ampliación de una nave ya existente en 774'8 metros cuadrados y que la totalidad de la obra sin licencia se encuentra en suelo rústico, poniendo de relieve que las obras no son legalizables», detalla el informe.
Demolición
El alcalde ordenó entonces la paralización de las obras y otorgó dos meses para solicitar la legalización. Ahora bien, nunca se ordenó a la compañía suministradora de electricidad Gesa el corte de suministro, tal y como establece la Ley de disciplina urbanística.
En la actualidad, y tras esa ampliación ilegal, la ferretería ejerce su actividad. Haciendo uso de la superficie ampliada sin licencia, por lo que está ejerciendo el negocio de forma «clandestina». Pero no es esa la única irregularidad que ha detectado el documento técnico que manejan los populares. Figuran hasta seis más.
Primero, «la licencia de obra mayor otorgada a Ferretería Bonany SL para la construcción de un edificio de uso comercial sin uso definido fue otorgada con una ocupación excesiva respecto del parámetro de ocupación que establece el planeamiento municipal en la planta baja». Algo que reflejó el informe técnico pero que no impidió que la licencia se otorgase.
Segundo, la licencia de instalación, apertura y funcionamiento fueron otorgadas en un mismo acto administrativo cuando lo correcto es otorgar primero la de instalación y, después de ejecutadas las obras, otorgar la licencia de funcionamiento o apertura.
Tercero, y siempre según el informe, que la paralización de las obras dictada por el alcalde no reunía las condiciones que exige la Ley de disciplina urbanística, que entre otras cosas ordena el corte de suministro eléctrico, cosa que no se hizo.
Cuarto, que no se han impuesto multas por el hecho de no haber paralizado las obras tras la resolución de Alcaldía.
Quinto, que debería haberse decretado la orden de suspensión de actividad después de que el Consell denegara la cédula de habitabilidad para el loca comercial.
Y sexto, que al no haberse solicitado la legalización de las obras de ampliación objeto de la infracción, la alcaldía ha incumplido su deber de ordenar la demolición de las obras efectuadas sin licencia, así como impedir el uso clandestino de la nave infractora, cosa que no se ha ordenado.
Sostiene que la ferretería del marido de la regidora del PSM se beneficia de una ampliación ilegal - Acusa al alcalde de permitir otras 6 irregularidades en el proyecto
EDUARDO COLOM
PETRA.- La armería-ferretería Bonany, propiedad del marido de la teniente de alcalde del PSM Catalina Mas está ejerciendo su actividad de forma «clandestina». Así lo determina un informe interno que obra en poder del PP de Petra elaborado por un experto en materia urbanística.
Según dicho documento, esto se deriva del hecho de que el comercio está haciendo uso de una ampliación «ilegal e ilegalizable», vendiendo en ella cuando en realidad «no tiene la oportuna licencia de apertura y funcionamiento».
El análisis de las circunstancias que rodean a esta nave ubicada en la calle Jaime II de Mallorca de Petra determina que la ampliación realizada en agosto de 2004 no es legal.
«El 9 de agosto de 2004 el secretario del Ayuntamiento pone en conocimiento al alcalde que se está construyendo una nave que carece de licencia urbanística. El 27 de agosto el arquitecto municipal emite un informe sobre la inspección especificando que se trata de la ampliación de una nave ya existente en 774'8 metros cuadrados y que la totalidad de la obra sin licencia se encuentra en suelo rústico, poniendo de relieve que las obras no son legalizables», detalla el informe.
Demolición
El alcalde ordenó entonces la paralización de las obras y otorgó dos meses para solicitar la legalización. Ahora bien, nunca se ordenó a la compañía suministradora de electricidad Gesa el corte de suministro, tal y como establece la Ley de disciplina urbanística.
En la actualidad, y tras esa ampliación ilegal, la ferretería ejerce su actividad. Haciendo uso de la superficie ampliada sin licencia, por lo que está ejerciendo el negocio de forma «clandestina». Pero no es esa la única irregularidad que ha detectado el documento técnico que manejan los populares. Figuran hasta seis más.
Primero, «la licencia de obra mayor otorgada a Ferretería Bonany SL para la construcción de un edificio de uso comercial sin uso definido fue otorgada con una ocupación excesiva respecto del parámetro de ocupación que establece el planeamiento municipal en la planta baja». Algo que reflejó el informe técnico pero que no impidió que la licencia se otorgase.
Segundo, la licencia de instalación, apertura y funcionamiento fueron otorgadas en un mismo acto administrativo cuando lo correcto es otorgar primero la de instalación y, después de ejecutadas las obras, otorgar la licencia de funcionamiento o apertura.
Tercero, y siempre según el informe, que la paralización de las obras dictada por el alcalde no reunía las condiciones que exige la Ley de disciplina urbanística, que entre otras cosas ordena el corte de suministro eléctrico, cosa que no se hizo.
Cuarto, que no se han impuesto multas por el hecho de no haber paralizado las obras tras la resolución de Alcaldía.
Quinto, que debería haberse decretado la orden de suspensión de actividad después de que el Consell denegara la cédula de habitabilidad para el loca comercial.
Y sexto, que al no haberse solicitado la legalización de las obras de ampliación objeto de la infracción, la alcaldía ha incumplido su deber de ordenar la demolición de las obras efectuadas sin licencia, así como impedir el uso clandestino de la nave infractora, cosa que no se ha ordenado.