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Alaró: un juez autoriza las obras del polémico chalé que el PSM paralizó y demandó |
(Diario de Mallorca, 17/09/2005)
Según el fallo, la licencia, otorgada por el PSOE en 1997, debe regirse por la normativa antigua
BARTOMEU NOGUERA. ALARÓ.
El juzgado de lo contencioso-administrativo ha desestimado la denuncia que presentó el año pasado el PSM contra la resolución del gobierno local (PSOE-UM) por la que se concedió una licencia para finalizar un chalé que incumplía la normativa urbanística del momento. Esta obra fue paralizada durante el mandato PSM-PP al considerarla de gran impacto visual y la licencia estuvo en suspenso hasta la autorización de julio de 2004. La construcción está situada en la parte alta de un monte y cuenta con una plataforma de hormigón de ocho metros, visible desde la carretera que une Consell y Alaró.
La sentencia considera que la decisión municipal se ajusta a derecho a pesar de haberse tomado en contra de los informes técnicos, puesto que entiende que la obra debe regirse por la norma urbanística que estaba en vigor en 1997, año en el que se concedió el permiso original. Actualmente, esta construcción no podría autorizarse porque la normativa vigente prohíbe edificar en pendientes superiores a un 20 por ciento de desnivel.
El portavoz del PSM, Josep Gomila, asegura que a pesar de la sentencia -que no recurrirán por su elevado coste- sigue pensando que "esta obra no debe permitirse y eso está en manos del Ayuntamiento, que debe demostrar sentido común y anular el permiso". Para Gomila, en el juez ha influido "una artimaña de la defensa, que ha argumentado que la licencia actual está relacionada con la de 1997, cuando se trata de un proyecto totalmente nuevo". En ese año el propietario de la finca obtuvo la autorización para construir una vivienda unifamiliar y una piscina. Pasadas las elecciones de 1999, el gobierno PSM-PP detectó que la ejecución incumplía el proyecto y paralizó las obras. El propietario intentó legalizarlas, pero, finalmente, el arquitecto municipal informó que la obra cumplía la norma, pero no se adecuaba a su entorno.
Tras las elecciones de 2003, el nuevo consistorio PSOE-UM llegó a un acuerdo para legalizar la situación, exigiendo al dueño que tomara medidas para reducir el impacto visual. Entonces, el PSM decidió demandar al consistorio por permitir "una obra ilegal".
El edil de Urbanismo hasta hace unos meses, Jordi Amengual (PSOE) se muestra muy satisfecho por la sentencia: "Demuestra que teníamos razón y que sólo buscábamos una solución legal a un problema que nos encontramos".
Según el fallo, la licencia, otorgada por el PSOE en 1997, debe regirse por la normativa antigua
BARTOMEU NOGUERA. ALARÓ.
El juzgado de lo contencioso-administrativo ha desestimado la denuncia que presentó el año pasado el PSM contra la resolución del gobierno local (PSOE-UM) por la que se concedió una licencia para finalizar un chalé que incumplía la normativa urbanística del momento. Esta obra fue paralizada durante el mandato PSM-PP al considerarla de gran impacto visual y la licencia estuvo en suspenso hasta la autorización de julio de 2004. La construcción está situada en la parte alta de un monte y cuenta con una plataforma de hormigón de ocho metros, visible desde la carretera que une Consell y Alaró.
La sentencia considera que la decisión municipal se ajusta a derecho a pesar de haberse tomado en contra de los informes técnicos, puesto que entiende que la obra debe regirse por la norma urbanística que estaba en vigor en 1997, año en el que se concedió el permiso original. Actualmente, esta construcción no podría autorizarse porque la normativa vigente prohíbe edificar en pendientes superiores a un 20 por ciento de desnivel.
El portavoz del PSM, Josep Gomila, asegura que a pesar de la sentencia -que no recurrirán por su elevado coste- sigue pensando que "esta obra no debe permitirse y eso está en manos del Ayuntamiento, que debe demostrar sentido común y anular el permiso". Para Gomila, en el juez ha influido "una artimaña de la defensa, que ha argumentado que la licencia actual está relacionada con la de 1997, cuando se trata de un proyecto totalmente nuevo". En ese año el propietario de la finca obtuvo la autorización para construir una vivienda unifamiliar y una piscina. Pasadas las elecciones de 1999, el gobierno PSM-PP detectó que la ejecución incumplía el proyecto y paralizó las obras. El propietario intentó legalizarlas, pero, finalmente, el arquitecto municipal informó que la obra cumplía la norma, pero no se adecuaba a su entorno.
Tras las elecciones de 2003, el nuevo consistorio PSOE-UM llegó a un acuerdo para legalizar la situación, exigiendo al dueño que tomara medidas para reducir el impacto visual. Entonces, el PSM decidió demandar al consistorio por permitir "una obra ilegal".
El edil de Urbanismo hasta hace unos meses, Jordi Amengual (PSOE) se muestra muy satisfecho por la sentencia: "Demuestra que teníamos razón y que sólo buscábamos una solución legal a un problema que nos encontramos".