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El Consistorio valora a la baja la nave ilegal de Petra para minimizar la sanción urbanística |
(El Mundo, 17/09/2005)
El segundo informe municipal se limita a aplicar el IPC a los 149.178 E de la tasación inicial y obvia los 'añadidos' posteriores. Ferretería Bonany incumplió el parón de obras dictado en agosto de 2004
J. E.
PETRA.- La ampliación ilegal de 774,82 metros cuadrados de la Ferretería Bonany de Petra vuelve a estar en el centro de la polémica un año después de que el Ayuntamiento decretará su paralización el 25 de agosto de 2004. El incumplimiento de esta orden motivó que a finales del año pasado el secretario de Petra, Francisco González, encargara un segundo informe al arquitecto municipal, César González, para evaluar los añadidos ilegales realizados desde el 27 de agosto, fecha en que data la primera cuantificación de la obra ilegal.
El pasado 9 de septiembre salió a la luz la segunda tasación efectuada por César González, en el que se obvian las nueva actuaciones, y en la que se limita a actualizar las valoraciones ya recogidas en 2004 -129.823 euros por la ejecución de la nave y 19.355 en material de pavimentación- al IPC anual -3,5%- (ver documento). De hecho el primer informe hace constar que la obra se encuentra al «50% del estado final», mientras que la situación actual del anexo de la Ferretería Bonany es la de una nave prácticamente terminada, a la que le faltan algunos retoques en la fachada, y que ha sido completamente forrada por una chapa metálica de la que carecía cuando se dictó su paralización.
Desde el PP de Petra creen que el segundo informe no es más que un intento de escurrir el bulto para que la sanción urbanística al marido de la teniente de alcalde, Catalina Mas (PSM), no se ajuste a lo que marca la ley y sea lo más asequible posible. En los casos de naves ilegales e ilegalizables, como es el que concierne aquí, la normativa por lo general impone una multa equivalente al 100% de la obra construida y la posterior demolición del inmueble. La propuesta de resolución, en lo que al expediente de la nave de la Ferretería Bonany respecta, se encuentra en estos momentos totalmente paralizada, comenta el edil popular, Joan Font Rosselló, debido a los desencuentros constantes entre el secretario municipal y el arquitecto, que podría estar actuando a las órdenes del instructor del expediente y también teniente de alcalde Sebastià Reixach (PSM), y el secretario.
Falta el informe jurídico
Las discrepancias sobre el informe técnico aludidas ralentizan a su vez la elaboración del informe jurídico paralelo, el otro requisito indispensable para poder resolver el expediente.
Cabe recordar que el cierre de la nave de la Ferretería Bonany vino precedida de una dudosa concesión de licencia de actividad antes de que estuvieran terminadas las obras, cuya tramitación se simultaneó con la licencia de apertura, en un procedimiento contrario a la normativa en dicha materia.
Un estudio interno del PP sobre la situación de la nave y su actividad, recoge un total de siete infracciones menores que hacen referencia a la ocupación excesiva de suelo en planta baja respecto a las normas subsidiarias, el mantenimiento del suministro eléctrico a la fábrica una vez paralizadas las obras y la concesión de actividad antes de la de instalación, entre otras. El mismo informe concluye que la nueva nave ilegal y la antigua, constituyen una sola unidad de uso, por lo que cabría calificar de «clandestina» la actividad que pudiera estar desarrollándose en estos momentos en la ferretería.
Las obras ilegales que el arquitecto González recoge en su memoria se refieren a toda la estructura, cubierta y cerramiento y parte de las compartimentaciones interiores y acabados en la fachada.
El segundo informe municipal se limita a aplicar el IPC a los 149.178 E de la tasación inicial y obvia los 'añadidos' posteriores. Ferretería Bonany incumplió el parón de obras dictado en agosto de 2004
J. E.
PETRA.- La ampliación ilegal de 774,82 metros cuadrados de la Ferretería Bonany de Petra vuelve a estar en el centro de la polémica un año después de que el Ayuntamiento decretará su paralización el 25 de agosto de 2004. El incumplimiento de esta orden motivó que a finales del año pasado el secretario de Petra, Francisco González, encargara un segundo informe al arquitecto municipal, César González, para evaluar los añadidos ilegales realizados desde el 27 de agosto, fecha en que data la primera cuantificación de la obra ilegal.
El pasado 9 de septiembre salió a la luz la segunda tasación efectuada por César González, en el que se obvian las nueva actuaciones, y en la que se limita a actualizar las valoraciones ya recogidas en 2004 -129.823 euros por la ejecución de la nave y 19.355 en material de pavimentación- al IPC anual -3,5%- (ver documento). De hecho el primer informe hace constar que la obra se encuentra al «50% del estado final», mientras que la situación actual del anexo de la Ferretería Bonany es la de una nave prácticamente terminada, a la que le faltan algunos retoques en la fachada, y que ha sido completamente forrada por una chapa metálica de la que carecía cuando se dictó su paralización.
Desde el PP de Petra creen que el segundo informe no es más que un intento de escurrir el bulto para que la sanción urbanística al marido de la teniente de alcalde, Catalina Mas (PSM), no se ajuste a lo que marca la ley y sea lo más asequible posible. En los casos de naves ilegales e ilegalizables, como es el que concierne aquí, la normativa por lo general impone una multa equivalente al 100% de la obra construida y la posterior demolición del inmueble. La propuesta de resolución, en lo que al expediente de la nave de la Ferretería Bonany respecta, se encuentra en estos momentos totalmente paralizada, comenta el edil popular, Joan Font Rosselló, debido a los desencuentros constantes entre el secretario municipal y el arquitecto, que podría estar actuando a las órdenes del instructor del expediente y también teniente de alcalde Sebastià Reixach (PSM), y el secretario.
Falta el informe jurídico
Las discrepancias sobre el informe técnico aludidas ralentizan a su vez la elaboración del informe jurídico paralelo, el otro requisito indispensable para poder resolver el expediente.
Cabe recordar que el cierre de la nave de la Ferretería Bonany vino precedida de una dudosa concesión de licencia de actividad antes de que estuvieran terminadas las obras, cuya tramitación se simultaneó con la licencia de apertura, en un procedimiento contrario a la normativa en dicha materia.
Un estudio interno del PP sobre la situación de la nave y su actividad, recoge un total de siete infracciones menores que hacen referencia a la ocupación excesiva de suelo en planta baja respecto a las normas subsidiarias, el mantenimiento del suministro eléctrico a la fábrica una vez paralizadas las obras y la concesión de actividad antes de la de instalación, entre otras. El mismo informe concluye que la nueva nave ilegal y la antigua, constituyen una sola unidad de uso, por lo que cabría calificar de «clandestina» la actividad que pudiera estar desarrollándose en estos momentos en la ferretería.
Las obras ilegales que el arquitecto González recoge en su memoria se refieren a toda la estructura, cubierta y cerramiento y parte de las compartimentaciones interiores y acabados en la fachada.