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Santa Eulària: el fiscal pedirá el archivo de una de las tres causas penales de Vicente Guasch |
(Diario de Ibiza, 21/07/2005)
eivissa | j. ll. f.
La Fiscalía de Eivissa pedirá al juzgado el archivo de las diligencias penales que se siguen contra el alcalde de Santa Eulària, Vicente Guasch, y el aparejador municipal, Vicente Marí, por un presunto delito sobre la ordenación del territorio en el caso de Can Castelló, el grupo de siete viviendas para las que el Ayuntamiento otorgó licencia de obra menor pese a que eran completamente ilegales.
Vicente Guasch y Vicente Marí declararon ayer por la mañana en calidad de imputados ante la juez Susana González de la Varga, por espacio de una hora y cuarto cada uno de ellos. A la salida, ninguno de los dos quiso hacer declaraciones y el alcalde se limitó a afirmar que había contestado a «todo lo que me han pedido».
El fiscal Manuel Campoy, sin embargo, aclaró luego a los periodistas: «Hay que estudiar las declaraciones que han realizado los dos, pero de momento no está muy claro que el asunto tenga relevancia penal respecto de alguno de los imputados, en concreto, de los que acaban de declarar», en alusión al alcalde y al aparejador municipal de Santa Eulària.
«Puede haber ilegalidades, pero no ilegalidades penales, las cuales requieren saber a conciencia que se está produciendo una ilegalidad», señaló el fiscal, quien agregó: «Cuando sólo es una ilegalidad objetiva, lo correcto es lo que hizo el Ayuntamiento: incoar un expediente sancionador y terminarlo con la posible demolición de las obras».
Sin embargo, «como había un procedimiento penal incoado, el Ayuntamiento paralizó los expedientes administrativos sancionadores mientras durara el procedimiento penal, que es lo que procede. En consecuencia, ellos no han podido continuar los expedientes sancionadores porque aquí teníamos un expediente penal abierto», continuó Campoy.
Aunque el fiscal de Medio Ambiente consideró prescritas las posibles responsabilidades penales de los primeros propietarios de los terrenos, no opinó lo mismo en relación con quienes los compraron, un ciudadano extranjero que está al frente de una sociedad inmobiliaria.
eivissa | j. ll. f.
La Fiscalía de Eivissa pedirá al juzgado el archivo de las diligencias penales que se siguen contra el alcalde de Santa Eulària, Vicente Guasch, y el aparejador municipal, Vicente Marí, por un presunto delito sobre la ordenación del territorio en el caso de Can Castelló, el grupo de siete viviendas para las que el Ayuntamiento otorgó licencia de obra menor pese a que eran completamente ilegales.
Vicente Guasch y Vicente Marí declararon ayer por la mañana en calidad de imputados ante la juez Susana González de la Varga, por espacio de una hora y cuarto cada uno de ellos. A la salida, ninguno de los dos quiso hacer declaraciones y el alcalde se limitó a afirmar que había contestado a «todo lo que me han pedido».
El fiscal Manuel Campoy, sin embargo, aclaró luego a los periodistas: «Hay que estudiar las declaraciones que han realizado los dos, pero de momento no está muy claro que el asunto tenga relevancia penal respecto de alguno de los imputados, en concreto, de los que acaban de declarar», en alusión al alcalde y al aparejador municipal de Santa Eulària.
«Puede haber ilegalidades, pero no ilegalidades penales, las cuales requieren saber a conciencia que se está produciendo una ilegalidad», señaló el fiscal, quien agregó: «Cuando sólo es una ilegalidad objetiva, lo correcto es lo que hizo el Ayuntamiento: incoar un expediente sancionador y terminarlo con la posible demolición de las obras».
Sin embargo, «como había un procedimiento penal incoado, el Ayuntamiento paralizó los expedientes administrativos sancionadores mientras durara el procedimiento penal, que es lo que procede. En consecuencia, ellos no han podido continuar los expedientes sancionadores porque aquí teníamos un expediente penal abierto», continuó Campoy.
Aunque el fiscal de Medio Ambiente consideró prescritas las posibles responsabilidades penales de los primeros propietarios de los terrenos, no opinó lo mismo en relación con quienes los compraron, un ciudadano extranjero que está al frente de una sociedad inmobiliaria.