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Mallorca: el Consell sólo logra cobrar el 9% de las sanciones urbanísticas |
(El Mundo, 16/07/2005)
La corporación insular acumulaba en 2002 un agujero de 2,3 millones de euros por las multas que no logró recaudar en 5 años
M. A. RUIZ / M. A. FONT
PALMA.- La autoridad del Consell para imponer la disciplina urbanística, por encima del criterio particular de los distintos ayuntamientos, en entredicho. Según el informe de la Sindicatura de Comptes, el Consell apenas logra cobrar el 9,5% de las sanciones urbanísticas impuestas por el Departamento de Ordenación Territorial.
Como consecuencia de ello, el Consell acumulaba en 2002 una deuda de 2,3 millones de euros debido a las sanciones urbanísticas que no había logrado cobrar desde el año 1996. De la cifra total, 170.000 euros corresponden al ejercicio 1996, 215.000 euros al año 1998, 169.000 a 1999, 511.000 euros al año 2000. En 2001, el Consell se quedó sin poder recaudar la cifra récord de 1,3 millones de euros por el mismo concepto.
Por tanto, concluyen los auditores de la Sindicatura de Comptes, seguir reflejando estas cantidades en los presupuestos de la institución como ingresos pendientes no es sino un artificio contable: deben ser calificados como ingresos «de dudoso cobro», aumentando en un 20% la provisión de fondos en tesorería para afrontar el consiguiente agujero económico. Y una reflexión adicional: la potestad sancionadora del Consell queda en papel mojado si luego no es capaz de cobrar las multas que ha impuesto a los promotores que han cometido irregularidades.
El informe también destaca el escaso nivel de recaudación por otros conceptos: en 2002, el Consell sólo logró recaudar el 15,4% de los impuestos directos correspondientes a ese ejercicio, si bien había conseguido liquidar, añaden los auditores, la práctica totalidad de las cantidades pendientes de 2001.
La situación es ligeramente mejor en lo que se refiere a las tasas y precios públicos (la corporación insular había logrado cobrar el 65% de lo presupuestado), si bien destaca el escaso nivel de recaudación de las tasas por cédulas de habitabilidad y el canon por la inspección técnica de vehículos (a 31 de diciembre el Consell aún tenía pendiente de cobro 219.000 euros por este último concepto).
Pero los sufridos contribuyentes no son los únicos morosos del Consell. Los presupuestos de 2002 incluían otros 7,6 millones de euros pendientes de cobro, de los cuales 2,4 millones debían ser abonados por el Estado, 3,1 millones por la Comunidad autónoma y 775.000 euros por los ayuntamientos de la isla. Las empresas privadas adeudaban a la institución que preside Maria Antònia Munar 1,3 millones de euros. En su conjunto, el Consell no logró cobrar dentro del ejercicio contable 7,6 millones de euros en el capítulo de transferencias corrientes.
Plan de residuos
Otro tanto ocurre con las denominadas transferencias de capital, que en 2002 dejaron al Consell un agujero de 4,3 millones de euros, pendiente de cobro en ejercicios posteriores. De esta cifra, 1,3 millones de euros debían ser abonados por la Administración central y otros 3 millones por el Govern, en aquel momento en manos del Pacte de Progrés que presidía el socialista Francesc Antich. Por ejemplo, el Consell de Mallorca presupuesto por el Fondo de Insularidad y por el Plan de Gestión de Residuos Sólidos cantidades muy superiores a las que luego logró ingresar.
Sólo el 7% de los ingresos (195 millones de euros) declarados por el Consell en el ejercicio evaluado por la Sindicatura de Comptes corresponde a recursos propios (como los impuestos, tasas y precios públicos que cobra la institución. Otro 12% corresponde al crédito obtenido a través de entidades financieras y el 80% restante procede de las aportaciones de otras Administraciones: el 37% son recursos aportados por el Estado (73 millones de euros), el 39% procede de la Comunidad autónoma (77'8 millones de euros), el 1,4% de los ayuntamientos (2,8 millones de euros) y sólo 169.000 euros (el 0,1% del total) de la Unión Europea.
Y en cualquier caso, indica la Sindicatura de Comptes, el Consell no ha aplicado la normativa vigente a la hora de cuantificar su nivel de endeudamiento.
La corporación insular acumulaba en 2002 un agujero de 2,3 millones de euros por las multas que no logró recaudar en 5 años
M. A. RUIZ / M. A. FONT
PALMA.- La autoridad del Consell para imponer la disciplina urbanística, por encima del criterio particular de los distintos ayuntamientos, en entredicho. Según el informe de la Sindicatura de Comptes, el Consell apenas logra cobrar el 9,5% de las sanciones urbanísticas impuestas por el Departamento de Ordenación Territorial.
Como consecuencia de ello, el Consell acumulaba en 2002 una deuda de 2,3 millones de euros debido a las sanciones urbanísticas que no había logrado cobrar desde el año 1996. De la cifra total, 170.000 euros corresponden al ejercicio 1996, 215.000 euros al año 1998, 169.000 a 1999, 511.000 euros al año 2000. En 2001, el Consell se quedó sin poder recaudar la cifra récord de 1,3 millones de euros por el mismo concepto.
Por tanto, concluyen los auditores de la Sindicatura de Comptes, seguir reflejando estas cantidades en los presupuestos de la institución como ingresos pendientes no es sino un artificio contable: deben ser calificados como ingresos «de dudoso cobro», aumentando en un 20% la provisión de fondos en tesorería para afrontar el consiguiente agujero económico. Y una reflexión adicional: la potestad sancionadora del Consell queda en papel mojado si luego no es capaz de cobrar las multas que ha impuesto a los promotores que han cometido irregularidades.
El informe también destaca el escaso nivel de recaudación por otros conceptos: en 2002, el Consell sólo logró recaudar el 15,4% de los impuestos directos correspondientes a ese ejercicio, si bien había conseguido liquidar, añaden los auditores, la práctica totalidad de las cantidades pendientes de 2001.
La situación es ligeramente mejor en lo que se refiere a las tasas y precios públicos (la corporación insular había logrado cobrar el 65% de lo presupuestado), si bien destaca el escaso nivel de recaudación de las tasas por cédulas de habitabilidad y el canon por la inspección técnica de vehículos (a 31 de diciembre el Consell aún tenía pendiente de cobro 219.000 euros por este último concepto).
Pero los sufridos contribuyentes no son los únicos morosos del Consell. Los presupuestos de 2002 incluían otros 7,6 millones de euros pendientes de cobro, de los cuales 2,4 millones debían ser abonados por el Estado, 3,1 millones por la Comunidad autónoma y 775.000 euros por los ayuntamientos de la isla. Las empresas privadas adeudaban a la institución que preside Maria Antònia Munar 1,3 millones de euros. En su conjunto, el Consell no logró cobrar dentro del ejercicio contable 7,6 millones de euros en el capítulo de transferencias corrientes.
Plan de residuos
Otro tanto ocurre con las denominadas transferencias de capital, que en 2002 dejaron al Consell un agujero de 4,3 millones de euros, pendiente de cobro en ejercicios posteriores. De esta cifra, 1,3 millones de euros debían ser abonados por la Administración central y otros 3 millones por el Govern, en aquel momento en manos del Pacte de Progrés que presidía el socialista Francesc Antich. Por ejemplo, el Consell de Mallorca presupuesto por el Fondo de Insularidad y por el Plan de Gestión de Residuos Sólidos cantidades muy superiores a las que luego logró ingresar.
Sólo el 7% de los ingresos (195 millones de euros) declarados por el Consell en el ejercicio evaluado por la Sindicatura de Comptes corresponde a recursos propios (como los impuestos, tasas y precios públicos que cobra la institución. Otro 12% corresponde al crédito obtenido a través de entidades financieras y el 80% restante procede de las aportaciones de otras Administraciones: el 37% son recursos aportados por el Estado (73 millones de euros), el 39% procede de la Comunidad autónoma (77'8 millones de euros), el 1,4% de los ayuntamientos (2,8 millones de euros) y sólo 169.000 euros (el 0,1% del total) de la Unión Europea.
Y en cualquier caso, indica la Sindicatura de Comptes, el Consell no ha aplicado la normativa vigente a la hora de cuantificar su nivel de endeudamiento.