 |
Eivissa: la Fiscalía pide al juez la imputación de Xico Tarrés por la cantera de Can Capità |
(Diario de Ibiza, 15/07/2005)
El fiscal de Medio Ambiente ha solicitado al juez Juan Carlos Torres que cite a declarar, en calidad de imputado, al alcalde de Eivissa, Xico Tarrés, por mantener en funcionamiento la cantera de es Canal de Can Capità pese a no tener licencia municipal. El juez ya ha realizado varias pruebas periciales para comprobar los niveles sonométricos y las alteraciones medioambientales que sufre el entorno de esta industria extractiva.
Eivissa | Joan Lluís Ferrer
La Fiscalía de Eivissa ha remitido al juzgado de instrucción número 1 de Eivissa, que dirige el magistrado Juan Carlos Torres, un escrito en el que le solicita que ordene la declaración, en calidad de imputado, del alcalde de Eivissa, Xico Tarrés, por el funcionamiento irregular de la cantera de Can Capità.
El ministerio público confirmó ayer que la petición de esta comparecencia se ha producido a la vista de que, «al parecer, la citada industria carece de licencia municipal y, pese a ello, no se ha paralizado la actividad».
Los hechos, según la Fiscalía, presentan indicios de constituir un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales.
El juzgado de instrucción número 1 ya ha realizado algunas pruebas periciales relacionadas con esta explotación, que funciona desde 1962 sin permiso municipal. En concreto, se han practicado mediciones sonométricas y se han emitido informes biológicos por parte del Servicio de Biodiversidad de la conselleria de Medio Ambiente para determinar el grado de afectación de la cantera sobre el entorno natural.
Ambos dictámenes han demostrado que la explotación causa un impacto apreciable sobre la zona, que está clasificada como Área Natural de Especial Interés (ANEI) por la Ley de Espacios Naturales (LEN).
Se da la circunstancia de que desde hace sólo unos meses ha empezado a tramitarse la concesión de licencia municipal a la cantera de es Canal de Can Capità. Los vecinos de la zona se oponen al otorgamiento del permiso y han denunciado múltiples molestias derivadas tanto de las explosiones como del tráfico de camiones que se produce en los caminos de este paraje.
El fiscal de Medio Ambiente ha solicitado al juez Juan Carlos Torres que cite a declarar, en calidad de imputado, al alcalde de Eivissa, Xico Tarrés, por mantener en funcionamiento la cantera de es Canal de Can Capità pese a no tener licencia municipal. El juez ya ha realizado varias pruebas periciales para comprobar los niveles sonométricos y las alteraciones medioambientales que sufre el entorno de esta industria extractiva.
Eivissa | Joan Lluís Ferrer
La Fiscalía de Eivissa ha remitido al juzgado de instrucción número 1 de Eivissa, que dirige el magistrado Juan Carlos Torres, un escrito en el que le solicita que ordene la declaración, en calidad de imputado, del alcalde de Eivissa, Xico Tarrés, por el funcionamiento irregular de la cantera de Can Capità.
El ministerio público confirmó ayer que la petición de esta comparecencia se ha producido a la vista de que, «al parecer, la citada industria carece de licencia municipal y, pese a ello, no se ha paralizado la actividad».
Los hechos, según la Fiscalía, presentan indicios de constituir un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales.
El juzgado de instrucción número 1 ya ha realizado algunas pruebas periciales relacionadas con esta explotación, que funciona desde 1962 sin permiso municipal. En concreto, se han practicado mediciones sonométricas y se han emitido informes biológicos por parte del Servicio de Biodiversidad de la conselleria de Medio Ambiente para determinar el grado de afectación de la cantera sobre el entorno natural.
Ambos dictámenes han demostrado que la explotación causa un impacto apreciable sobre la zona, que está clasificada como Área Natural de Especial Interés (ANEI) por la Ley de Espacios Naturales (LEN).
Se da la circunstancia de que desde hace sólo unos meses ha empezado a tramitarse la concesión de licencia municipal a la cantera de es Canal de Can Capità. Los vecinos de la zona se oponen al otorgamiento del permiso y han denunciado múltiples molestias derivadas tanto de las explosiones como del tráfico de camiones que se produce en los caminos de este paraje.