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Juicio a un ex alcalde de Santa Margalida por estafar a un alemán en la venta de una finca rústica |
(Diario de Mallorca, 7/07/2005)
B. P. PALMA.
Hoy está previsto que la Audiencia de Palma inicie el juicio contra un ex alcalde de Santa Margalida, Jaume R. P., y tres personas más, acusadas de estafar a un ciudadano alemán en la venta de una finca rústica.
Los hechos se remontan al 25 de junio de 1997 cuando los cuatro encausados adquirieron una finca en Santa Margalida por el precio de 15.000 euros, después de tener conocimiento de que un ciudadano alemán estaba interesado en comprar un terreno, según mantiene el fiscal. Luego, supuestamente le revendieron la finca por 42.000 euros a sabiendas de que estaba calificada como rústica y que no se podían construir nuevas edificaciones en la parcela. La fiscalía recalca que en aquellos momentos Jaume R. P. era el concejal de obras públicas del ayuntamiento. Los acusados presuntamente escondieron la calificación del terreno y ofrecieron a la víctima construirle una vivienda, sabiendo que aquello no estaba permitido. Las dos partes formalizaron la contratación de la construcción por más de 159.000 euros y, una vez finalizada la obra, el Consell sancionó a la víctima con 28.000 euros. El fiscal pide tres años de prisión a los acusados.
B. P. PALMA.
Hoy está previsto que la Audiencia de Palma inicie el juicio contra un ex alcalde de Santa Margalida, Jaume R. P., y tres personas más, acusadas de estafar a un ciudadano alemán en la venta de una finca rústica.
Los hechos se remontan al 25 de junio de 1997 cuando los cuatro encausados adquirieron una finca en Santa Margalida por el precio de 15.000 euros, después de tener conocimiento de que un ciudadano alemán estaba interesado en comprar un terreno, según mantiene el fiscal. Luego, supuestamente le revendieron la finca por 42.000 euros a sabiendas de que estaba calificada como rústica y que no se podían construir nuevas edificaciones en la parcela. La fiscalía recalca que en aquellos momentos Jaume R. P. era el concejal de obras públicas del ayuntamiento. Los acusados presuntamente escondieron la calificación del terreno y ofrecieron a la víctima construirle una vivienda, sabiendo que aquello no estaba permitido. Las dos partes formalizaron la contratación de la construcción por más de 159.000 euros y, una vez finalizada la obra, el Consell sancionó a la víctima con 28.000 euros. El fiscal pide tres años de prisión a los acusados.