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Petra: el PP exige a Font Massot que pague «de su bolsillo» lo que cueste tirar la casa ilegal a la que dio 'luz verde' |
(El Mundo, 10/06/2005)
También pide al alcalde del PSM que corra con los gastos de la indemnización que reclame el dueño ya que éste «siguió el procedimiento adecuado» - La demolición fue ordenada por una sentencia judicial hace dos semanas.
EDUARDO COLOM
PETRA.- Joan Font Rosselló, líder del PP de Petra, anunció ayer las medidas que va a adoptar su partido desde las filas de la oposición tras conocer la sentencia que condenó recientemente al Ayuntamiento por autorizar una obra ilegal. Y que, tal y como anunció el martes este diario, impone la demolición del edificio.
En las próximas fechas, los populares solicitarán conjuntamente con UM la celebración de un Pleno extraordinario para pedirle al alcalde, Joan Font Massot (PSM), que explique cómo afectará esta resolución judicial a las arcas municipales. Y «que asuma que la sentencia no ordena incoar un expediente de disciplina urbanística, como dice el alcalde, sino que obliga al Consistorio a demoler el edificio», enfatizó ayer Font Rosselló.
Pero el PP da un paso más en la depuración de responsabilidades por este episodio urbanístico. Ya ha anunciado que presentará una moción en la que exigirá al alcalde nacionalista que pague de su propio bolsillo todos los costes que finalmente se deriven del dictamen judicial.
En primer lugar, sostuvo ayer el diputado popular, el alcalde debería abonar personalmente y no de las arcas municipales el coste de la demolición, desde el proyecto hasta su ejecución. Y en última instancia, asumir también las posibles indemnizaciones reclamadas por la empresa propietaria de la casa ilegal, Producciones Son Canals. Compensación que, por otra parte, el PP da casi por seguro que será exigida y finalmente estimada por la Justicia.
De 50 m2 a 134 m2
Pese a que el Juzgado contencioso-administrativo número 1 de Palma condenó tanto al Ayuntamiento como a la empresa, de la que dice que hizo un mal uso del permiso de construcción (con una licencia de reforma edificó un inmueble de planta nueva y triplicó la superficie edificada), Font Rosselló recordaba ayer que la propiedad siguió los pasos administrativos correctos y contó en todo momento con la conformidad del Ayuntamiento.
Pidió la licencia de reforma al Consistorio y le fue concedida. Ejecutó unas obras que no se ajustaban al proyecto, pero el alcalde le firmó el final de obra dando por bueno lo edificado. Sólo en última instancia, al solicitar la cédula de habitabilidad al Consell, éste descubrió la irregularidad y pidió al Ayuntamiento que actuara. Tras unos meses sin recibir contestación, la institución insular actuó ante el silencio administrativo y denunció el caso.
En la sentencia no se impone sanción económica alguna para las partes. Pero en documentos expedidos por el propio Ayuntamiento se valora en casi 11 millones de pesetas las obras realizadas y ahora obligadas a derribar.
Font Rosselló destacó el carácter «radical e innovador» de la sentencia por exigir directamente el restablecimiento del orden urbanístico mediante demolición. Y explicó que el alcalde ya tuvo oportunidad de actuar y no lo hizo después de que el Consell le pusiera al tanto de la ilegalidad.
Al hilo de esta última cuestión, Font Rosselló preguntaba ayer retóricamente: «¿Por qué el alcalde concedió un certificado de obra diciendo que se había hecho de acuerdo a lo permitido? ¿A cambio de qué firmó esto? ¿Qué ganó con ello?». Cuestiones que, ante la persistente negativa del alcalde del PSM a atender a este diario, no encontrarán respuesta hasta el próximo Pleno.
También pide al alcalde del PSM que corra con los gastos de la indemnización que reclame el dueño ya que éste «siguió el procedimiento adecuado» - La demolición fue ordenada por una sentencia judicial hace dos semanas.
EDUARDO COLOM
PETRA.- Joan Font Rosselló, líder del PP de Petra, anunció ayer las medidas que va a adoptar su partido desde las filas de la oposición tras conocer la sentencia que condenó recientemente al Ayuntamiento por autorizar una obra ilegal. Y que, tal y como anunció el martes este diario, impone la demolición del edificio.
En las próximas fechas, los populares solicitarán conjuntamente con UM la celebración de un Pleno extraordinario para pedirle al alcalde, Joan Font Massot (PSM), que explique cómo afectará esta resolución judicial a las arcas municipales. Y «que asuma que la sentencia no ordena incoar un expediente de disciplina urbanística, como dice el alcalde, sino que obliga al Consistorio a demoler el edificio», enfatizó ayer Font Rosselló.
Pero el PP da un paso más en la depuración de responsabilidades por este episodio urbanístico. Ya ha anunciado que presentará una moción en la que exigirá al alcalde nacionalista que pague de su propio bolsillo todos los costes que finalmente se deriven del dictamen judicial.
En primer lugar, sostuvo ayer el diputado popular, el alcalde debería abonar personalmente y no de las arcas municipales el coste de la demolición, desde el proyecto hasta su ejecución. Y en última instancia, asumir también las posibles indemnizaciones reclamadas por la empresa propietaria de la casa ilegal, Producciones Son Canals. Compensación que, por otra parte, el PP da casi por seguro que será exigida y finalmente estimada por la Justicia.
De 50 m2 a 134 m2
Pese a que el Juzgado contencioso-administrativo número 1 de Palma condenó tanto al Ayuntamiento como a la empresa, de la que dice que hizo un mal uso del permiso de construcción (con una licencia de reforma edificó un inmueble de planta nueva y triplicó la superficie edificada), Font Rosselló recordaba ayer que la propiedad siguió los pasos administrativos correctos y contó en todo momento con la conformidad del Ayuntamiento.
Pidió la licencia de reforma al Consistorio y le fue concedida. Ejecutó unas obras que no se ajustaban al proyecto, pero el alcalde le firmó el final de obra dando por bueno lo edificado. Sólo en última instancia, al solicitar la cédula de habitabilidad al Consell, éste descubrió la irregularidad y pidió al Ayuntamiento que actuara. Tras unos meses sin recibir contestación, la institución insular actuó ante el silencio administrativo y denunció el caso.
En la sentencia no se impone sanción económica alguna para las partes. Pero en documentos expedidos por el propio Ayuntamiento se valora en casi 11 millones de pesetas las obras realizadas y ahora obligadas a derribar.
Font Rosselló destacó el carácter «radical e innovador» de la sentencia por exigir directamente el restablecimiento del orden urbanístico mediante demolición. Y explicó que el alcalde ya tuvo oportunidad de actuar y no lo hizo después de que el Consell le pusiera al tanto de la ilegalidad.
Al hilo de esta última cuestión, Font Rosselló preguntaba ayer retóricamente: «¿Por qué el alcalde concedió un certificado de obra diciendo que se había hecho de acuerdo a lo permitido? ¿A cambio de qué firmó esto? ¿Qué ganó con ello?». Cuestiones que, ante la persistente negativa del alcalde del PSM a atender a este diario, no encontrarán respuesta hasta el próximo Pleno.
Toleró hacer un chalé nuevo con sólo una licencia de reforma
La sentencia emitida por el juzgado contencioso administrativo número 1 confirma que el Ayuntamiento de Petra permitió que se usara de forma ilegal una licencia de reforma para convertir una casa semiderruída de 50 m2 en una vivienda de 134 m2, casi el triple de la superficie original.
Con ello, la sentencia confirma que se trata de un edificio de nueva planta y no una reforma y establece que el Ayuntamiento debería haber consultado al Consell antes de conceder la licencia.
El dictamen del juez deja claro que la mencionada comisión nunca hubiera autorizado la construcción de este edificio puesto que se encuentra en una parcela de solar rústico de 8.524 metros cuadrados, cuando la superficie mínima para una vivienda de nueva planta en este tipo de suelo es de 14.000 metros cuadrados.
El Consell lo denunció ante el silencio municipal
La denuncia presentada no partió del Ayuntamiento sino del Consell en mayo de 2004. Los técnicos de la institución detectaron la irregularidad del procedimiento urbanístico después de que el propietario les solicitara la cédula de habitabilidad del inmueble.
Fue entonces cuando el Consell se dirigió al Ayuntamiento petrer para advertirle de que se había construido una casa de planta nueva valiéndose sólo de una licencia de reforma.Y pidiéndole la revisión de oficio del expediente. Tres meses más tarde y ante el «silencio administrativo» del Consistorio, el Consell tomó la iniciativa y llevó el expediente urbanístico de la finca de Son Canals -en la parcela 177 del polígono 7- a los tribunales. El juez les dio la razón casi un año más tarde, el 27 de mayo de 2005.