(Diario de Ibiza, 26/05/2005)

La Fiscalía de Eivissa ha pedido finalmente la convocatoria de juicio contra la responsable de cinco de las siete falsas ruinas levantadas en es Amunts para construir luego chalets sobre ellas. Para la autora de estas cinco construcciones, Concepción M. M., el fiscal pide un total de siete años de prisión y multas que suman 45.900 euros, además de varias penas de inhabilitación. El ministerio público pide también la demolición de las obras y la supresión de los viales abiertos en el bosque.


Eivissa | Joan Lluís Ferrer
La Fiscalía de Eivissa pide un total de siete años de prisión para Concepción M. M. -propietaria de la promotora Rústicas Ibicencas SL-, así como multas por valor conjunto de 45.900 euros e inhabilitación especial al considerarla autora de un delito sobre la ordenación del territorio, otro de falsedad documental, otro de estafa y uno de daño grave al medio ambiente al haber construido cinco falsas ruinas y varios viales en una zona protegida de es Amunts, concretamente en es Camp Vell de Sant Mateu, todo ello sin licencia de ningún tipo. Esta es la pena más elevada solicitada en los últimos años para un caso de este tipo, y si el juez la aceptara podría suponer el ingreso efectivo en prisión de la acusada.

El año pasado fue condenado el autor de otras dos falsas ruinas levantadas en la misma zona.
Los hechos se remontan a principios de 2001, cuando Concepción M. M. abrió tres caminos a través de la masa forestal y construyó cinco edificaciones simulando la apariencia de antiguas ruinas con la previsible intención de construir sobre ellas. La acusada clavó placas municipales sobre algunas de estas ruinas «con la intención de aparentar la preexistencia de las construcciones referidas», afirma el escrito de la Fiscalía.

El ministerio público recuerda que estas construcciones se encuentran en el interior de un Área Natural de Especial Interés (ANEI), y «han sido realizadas sin la previa y preceptiva licencia municipal exigida por la Ley de Disciplina Urbanística». Además, «los nuevos caminos se han construido y abierto sin contar con la preceptiva autorización en caso de justificada necesidad», como exige la Ley de Espacios Naturales.

El presunto delito sobre la ordenación del territorio tendría su origen en la ausencia de los citados permisos, mientras que el de daños graves al medio ambiente se produciría por el carácter estrictamente protegido de la zona, que además está declarada como Lugar de Interés Comunitario por la Unión Europea. El delito de estafa se habría producido al intentar vender el terreno la acusada.

El fiscal pide además que Concepción M. derribe «directamente o a su cargo» las construcciones y ejecute la repoblación forestal y la eliminación de caminos y explanadas.

Sorprendida por la Guardia Civil al intentar vender

Eivissa | J. Ll. Ferrer
De los siete años y 45.900 euros que solicita el fiscal para la dueña de esta promotora urbanística una parte corresponde a un presunto delito de estafa, por el que se piden diez meses de prisión y multa de 4.500 euros.

Según explica el escrito del fiscal, el día 26 de junio de 2002, «la acusada, con ánimo de obtener beneficio ilícito, y tras anunciarlo en periódicos locales, y explicar que se trataba de una finca con una construcción rústica centenaria para la que se podía solicitar licencia de reforma para construir una vivienda mayor, ofreció la compra de una de las fincas y construcciones por un precio de 180.000 euros» a un grupo de cuatro personas, «siendo sorprendida en el lugar de los hechos por agentes del Seprona de la Guardia Civil de Eivissa mientras les mostraba la misma».

El escrito del fiscal, en el que se solicita también apertura de juicio oral, pide el sobreseimiento de las diligencias abiertas contra otro implicado, al no haberse podido deducir «indicios racionales suficientes que permitan afirmar que intervino personalmente ni que tuviera conocimiento cierto de los hechos».
La acusada, desde el primer momento en que las instituciones empezaron a actuar contra estas ruinas, ha interpuesto todo tipo de recursos y obstáculos legales para la culminación del proceso administrativo contra estas construcciones.

El fiscal ha pedido también que se ofrezca al Ayuntamiento de Sant Antoni y al Consell Insular la posibilidad de ofrecer acciones legales en este caso, al haber intervenido directamente en el mismo.

El juez debe acordar ahora la fecha del juicio.