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Maó demolerá parte de un edificio de la Punta del Reloj y abre un precedente para hacer lo mismo con el Estribor |
(El Mundo, 20/05/2005)
El inmueble excedía en las terrazas la edificabilidad permitida en Plan General / Se trata de una sanción ejemplar que podría repercutir en otros escándalos / El PP critica la demora de la actuación y la mala gestión del PSOE
MIREYA ROURA
MAÓ.- El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Maó ha decidido aplicar la mano dura contra los escándalos urbanísticos que ha heredado de la anterior legislatura y del ex arquitecto municipal, Francesc Vilarrubí. Así procederá a demoler las terrazas del segundo edificio de la Punta del Reloj que excedían la edificabilidad permitida.
Se trata de una sanción ejemplar que crea un precedente a la hora de actuar en otros edificios, como en el de Estribor. Este último caso se originó en una promoción inmobiliaria que condujo a una empresa participada por el ex alcalde, Borja Carreras, a adquirir una parcela municipal a un precio 180.000 euros por debajo de su valor real y después exceder en un 31 por ciento la edificabilidad máxima permitida por el Plan General.
Pese a que el perito del Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares determinó que el edificio vulnera el Plan General, el equipo de gobierno todavía no ha procedido a abrir un expediente sancionador y alega que se tiene que esperar a la votación de la comisión especial transitoria que se abrió para este caso.
De hecho, el PP criticó ayer que en el caso del segundo edificio de la Punta del Reloj el equipo de gobierno, «haya tardado dos años en definir posturas y aclara el caso». Asdí justificó Juan Manuel Lafuente, portavoz municipal del PP, la abstención de su grupo en la votación para proceder a demoler las terrazas del inmueble, que finalmente el Pleno de ayer aprobó con los votos a favor del PSOE, el PSM y EM.
«La gente está pendiente de lo que ocurre con este caso emblemático y de saber cuál es la actitud del Ayuntamiento. Esto crea un precedente importante a la hora de juzgar irregularidades», explicó el portavoz de EM, Mateu LLabrés. Por su parte Tomeu Febrer, del PSM, alegó que «esta es una prueba de la línea que hemos de llevar en materia urbanística que es donde la gente cree que se ha de ser más contundente».
Denuncias de los vecinos
El caso del segundo edificio de la Punta del Reloj se originó cuando en 2.003 los vecinos colindantes a la zona denunciaron que se estaba construyendo el inmueble con un exceso de edificabilidad. Tras lo cual, el Ayuntamiento de Maó decretó la paralización cautelar de las obras ya que un técnico acabó constatando que existía un exceso de aprovechamiento en las terrazas. Además, el servicio de inspección municipal abrió un expediente de infracción urbanística.
Poco después, Llabrés, presentó una moción para solicitar una auditoría externa sobre el proyecto de construcción. «Y por entonces, la teniente de alcalde de Ciudad y Medio Ambiente, avaló las obras y dijo que eran legales», recordó Lafuente.
La moción fue presentada en julio y en octubre el equipo de gobierno todavía no la había incluido en la orden del día para ser debatida. Finalmente, el informe de Llabrés confirmó también las irregularidades.
Pese a que el promotor del edificio presentó dos recursos de reposición contra la orden del Ayuntamiento de suspensión cautelar, finalmente la retiró cuando se le ofreció la posibilidad de realizar un estudio de detalle para ajustarse a la legalidad. El que el PP y EM no estuvieron de acuerdo.
La Comisión de Urbanismo ha informado ahora desfavorablemente sobre este estudio, por lo que se procederá a derrumbar las terrazas. «Nuestra posición es que se ha tardado dos años en solucionar la cuestión y se debe a la mala gestión en materia de control de disciplina urbanística», explicó Lafuente quien recordó la poca definición del PSOE respecto al asunto.
Petrus justificó la demora al alegar que un expediente disciplinario es difícil de llevar a cabo y lento. «Es preferible que el estudio de detalle esté mal, que el promotor hubiera llevado el caso ante el juez que podría haber tardado muchos más años en dictaminar», dijo.
El inmueble excedía en las terrazas la edificabilidad permitida en Plan General / Se trata de una sanción ejemplar que podría repercutir en otros escándalos / El PP critica la demora de la actuación y la mala gestión del PSOE
MIREYA ROURA
MAÓ.- El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Maó ha decidido aplicar la mano dura contra los escándalos urbanísticos que ha heredado de la anterior legislatura y del ex arquitecto municipal, Francesc Vilarrubí. Así procederá a demoler las terrazas del segundo edificio de la Punta del Reloj que excedían la edificabilidad permitida.
Se trata de una sanción ejemplar que crea un precedente a la hora de actuar en otros edificios, como en el de Estribor. Este último caso se originó en una promoción inmobiliaria que condujo a una empresa participada por el ex alcalde, Borja Carreras, a adquirir una parcela municipal a un precio 180.000 euros por debajo de su valor real y después exceder en un 31 por ciento la edificabilidad máxima permitida por el Plan General.
Pese a que el perito del Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares determinó que el edificio vulnera el Plan General, el equipo de gobierno todavía no ha procedido a abrir un expediente sancionador y alega que se tiene que esperar a la votación de la comisión especial transitoria que se abrió para este caso.
De hecho, el PP criticó ayer que en el caso del segundo edificio de la Punta del Reloj el equipo de gobierno, «haya tardado dos años en definir posturas y aclara el caso». Asdí justificó Juan Manuel Lafuente, portavoz municipal del PP, la abstención de su grupo en la votación para proceder a demoler las terrazas del inmueble, que finalmente el Pleno de ayer aprobó con los votos a favor del PSOE, el PSM y EM.
«La gente está pendiente de lo que ocurre con este caso emblemático y de saber cuál es la actitud del Ayuntamiento. Esto crea un precedente importante a la hora de juzgar irregularidades», explicó el portavoz de EM, Mateu LLabrés. Por su parte Tomeu Febrer, del PSM, alegó que «esta es una prueba de la línea que hemos de llevar en materia urbanística que es donde la gente cree que se ha de ser más contundente».
Denuncias de los vecinos
El caso del segundo edificio de la Punta del Reloj se originó cuando en 2.003 los vecinos colindantes a la zona denunciaron que se estaba construyendo el inmueble con un exceso de edificabilidad. Tras lo cual, el Ayuntamiento de Maó decretó la paralización cautelar de las obras ya que un técnico acabó constatando que existía un exceso de aprovechamiento en las terrazas. Además, el servicio de inspección municipal abrió un expediente de infracción urbanística.
Poco después, Llabrés, presentó una moción para solicitar una auditoría externa sobre el proyecto de construcción. «Y por entonces, la teniente de alcalde de Ciudad y Medio Ambiente, avaló las obras y dijo que eran legales», recordó Lafuente.
La moción fue presentada en julio y en octubre el equipo de gobierno todavía no la había incluido en la orden del día para ser debatida. Finalmente, el informe de Llabrés confirmó también las irregularidades.
Pese a que el promotor del edificio presentó dos recursos de reposición contra la orden del Ayuntamiento de suspensión cautelar, finalmente la retiró cuando se le ofreció la posibilidad de realizar un estudio de detalle para ajustarse a la legalidad. El que el PP y EM no estuvieron de acuerdo.
La Comisión de Urbanismo ha informado ahora desfavorablemente sobre este estudio, por lo que se procederá a derrumbar las terrazas. «Nuestra posición es que se ha tardado dos años en solucionar la cuestión y se debe a la mala gestión en materia de control de disciplina urbanística», explicó Lafuente quien recordó la poca definición del PSOE respecto al asunto.
Petrus justificó la demora al alegar que un expediente disciplinario es difícil de llevar a cabo y lento. «Es preferible que el estudio de detalle esté mal, que el promotor hubiera llevado el caso ante el juez que podría haber tardado muchos más años en dictaminar», dijo.