Piden un año de cárcel por desobedecer el cierre de la Carpintería Alba de Sant Josep |
El martes se celebra el juicio contra el propietario del establecimiento, que mantiene abierto el negocio incumpliendo sentencias judiciales
eivissa | j. ll. ferrer
La Fiscalía de Eivissa y la acusación particular piden un año de prisión para el propietario de la Carpintería Alba, situada en la carretera de Sant Josep, que está acusado de un delito de desobediencia continuada por haber desoído de forma reiterada las sentencias y órdenes de cierre de este establecimiento, que funcionaba pese a habérsele denegado la licencia municipal. La vista oral tendrá lugar el martes a partir de las diez en el juzgado de lo Penal número 2 de Eivissa.
Los hechos comenzaron en 1989, cuando los vecinos de la zona denunciaron a esta carpintería por las molestias que ocasionaba. La licencia de actividad no fue solicitada hasta años después y en 1993 fue denegada por la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Sant Josep.
La empresa recurrió judicialmente esta denegación, pero los tribunales fueron dando la razón al Consistorio, que estimaba que esta industria no cumplía la normativa aplicable. Primero el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) y después el Tribunal Supremo confirmaron la ilegalidad de Carpintería Alba y ordenaron su clausura, pero el dueño ha ido ignorando de forma sistemática la orden de cierre.
Ilegales e ilegalizables
Las resoluciones judiciales emitidas en relación con este caso consideran «ilegales e ilegalizables» las obras realizadas, por lo que la acusación exige la inmediata clausura de las instalaciones, que además tienen otra sentencia de demolición parcial.
El juicio por este presunto delito de desobediencia continuada iba a celebrarse el año pasado, pero tuvo que ser desconvocado cuando ya había comenzado porque no se había dado al Ayuntamiento de Sant Josep la oportunidad de personarse en la causa, pese a ser parte interesada.
Ahora, la Corporación municipal se ha sumado a las peticiones de imposición de penas contra el acusado, Francisco A. M., y pide nueve meses de prisión para él.
El abogado de la acusación, Eduard Clavell, afirmó que no le consta que esta industria haya sido legalizada por decisión de la anterior Comisión Insular de Urbanismo (CIU). «Leímos algo al respecto, pero los vecinos se opusieron a ello y, como no se nos ha comunicado nada desde entonces, entendemos que no hay nada legalizado», señaló Clavell.
Se da la circunstancia de que en los últimos meses el empresario de Carpintería Alba ha ampliado todavía más sus instalaciones, mediante grandes explanadas junto a la carretera, que han sido habilitadas como exposición de muebles.