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Palma: Cort dará servicio a las urbanizaciones ilegales y pasará la factura a los propietarios |
(El Mundo, 12/05/2005)
Si no hay acuerdo entre los propietarios de fincas sobre el dinero a desembolsar, el Ayuntamiento asfaltará e iluminará las calles y luego lo cobrará
INDALECIO RIBELLES
PALMA.- Las disputas entre propietarios de fincas en urbanizaciones ilegales sobre el reparto de los gastos que implica la legalización de las edificaciones, tiene ya una vía rápida de solución, y un árbitro que pondrá orden en la pelea vecinal: el Ayuntamiento de Palma a través de la Empresa municipal de Obras Públicas (EMOP).
Si, hasta la fecha, todos los propietarios debían constituir la denominada junta de compensación para repartir obligaciones, derechos y facturas a desembolsar por cada uno, desde hoy, el Ayuntamiento de Plama pone en marcha otro sistema urbanístico para legalizar las más de 43 urbanizaciones ilegales que existen en estos momentos en suelo palmesano: la junta de cooperación.
El significado de la misma lo aclaró ayer el teniente de alcalde de Urbanismo, Rodrigo de Santos en el transcurso de la habitual rueda de presa posterior a la gerencia de su concejalía. «Cuando no haya acuerdo entre los propietarios, será el Ayuntamiento de Palma el que hará de árbitro y obligará a poner de acuerdo a los propietarios», señaló el edil de Urbanismo.
Junta de compensación
Rodrigo de Santos dijo que, en ese caso, sería el EMOP la empresa encargada de efectuar los trabajos de asfaltado, alumbrado y el resto de servicios urbanos para normalizar la vida de cualquier barrio.Antes de proceder a constituir la junta de compensación, los propietarios de fincas en urbanizaciones ilegales deben promover la realización del correspondiente Plan Parcial, previa modificación del Plan General. Una vez realizada este cambio y en caso de que en la junta de compensación no haya acuerdo, será cuando se oponga en marca la nueva figura anunciada ayer por el responsable de Urbanismo.
No es una mera intención, sino que ya hay campo de prueba para ponerla en marcha.
Será en la urbanizacíón palmesana de Son Fiol, con más de 180 propietarios de fincas ilegales ubicadas entre los barrios de Son Gibert y El Vivero.
Según el texto de acuerdo aprobado ayer por la Junta de Gobierno se encomienda al EMOP la gestión urbanística para el desarrollo mediante el sistema de cooperación de la reparcelación de los terrenos integrados dentro de esta urbanización, así como la urbanización de los mismos incluyendo los proyectos y la dirección de las obras.
Según lo señalado ayer por el concejal, Rodrigo de Santos, el Consistorio tiene la intención de aplicar y trasladar este novedoso sistema en otras urbanizaciones. Por otro lado señalar que ayer la Junta de Gobierno comenzó el abono de las 19 plazas de parking a las familias militares del Baluard del Prínceps.
Un paso que restaba por finiquitar en el proceso de expropiación de estas viviendas y que afecta a 19 de las 40 familias afectadas por esta actuación urbanísticas. El Ayuntamiento de Palma abonará una media de 8.300 euros a cada uno de los propietarios. Una vez finalizado el pago habrá concluido de forma definitiva el proceso expropiatorio.
Si no hay acuerdo entre los propietarios de fincas sobre el dinero a desembolsar, el Ayuntamiento asfaltará e iluminará las calles y luego lo cobrará
INDALECIO RIBELLES
PALMA.- Las disputas entre propietarios de fincas en urbanizaciones ilegales sobre el reparto de los gastos que implica la legalización de las edificaciones, tiene ya una vía rápida de solución, y un árbitro que pondrá orden en la pelea vecinal: el Ayuntamiento de Palma a través de la Empresa municipal de Obras Públicas (EMOP).
Si, hasta la fecha, todos los propietarios debían constituir la denominada junta de compensación para repartir obligaciones, derechos y facturas a desembolsar por cada uno, desde hoy, el Ayuntamiento de Plama pone en marcha otro sistema urbanístico para legalizar las más de 43 urbanizaciones ilegales que existen en estos momentos en suelo palmesano: la junta de cooperación.
El significado de la misma lo aclaró ayer el teniente de alcalde de Urbanismo, Rodrigo de Santos en el transcurso de la habitual rueda de presa posterior a la gerencia de su concejalía. «Cuando no haya acuerdo entre los propietarios, será el Ayuntamiento de Palma el que hará de árbitro y obligará a poner de acuerdo a los propietarios», señaló el edil de Urbanismo.
Junta de compensación
Rodrigo de Santos dijo que, en ese caso, sería el EMOP la empresa encargada de efectuar los trabajos de asfaltado, alumbrado y el resto de servicios urbanos para normalizar la vida de cualquier barrio.Antes de proceder a constituir la junta de compensación, los propietarios de fincas en urbanizaciones ilegales deben promover la realización del correspondiente Plan Parcial, previa modificación del Plan General. Una vez realizada este cambio y en caso de que en la junta de compensación no haya acuerdo, será cuando se oponga en marca la nueva figura anunciada ayer por el responsable de Urbanismo.
No es una mera intención, sino que ya hay campo de prueba para ponerla en marcha.
Será en la urbanizacíón palmesana de Son Fiol, con más de 180 propietarios de fincas ilegales ubicadas entre los barrios de Son Gibert y El Vivero.
Según el texto de acuerdo aprobado ayer por la Junta de Gobierno se encomienda al EMOP la gestión urbanística para el desarrollo mediante el sistema de cooperación de la reparcelación de los terrenos integrados dentro de esta urbanización, así como la urbanización de los mismos incluyendo los proyectos y la dirección de las obras.
Según lo señalado ayer por el concejal, Rodrigo de Santos, el Consistorio tiene la intención de aplicar y trasladar este novedoso sistema en otras urbanizaciones. Por otro lado señalar que ayer la Junta de Gobierno comenzó el abono de las 19 plazas de parking a las familias militares del Baluard del Prínceps.
Un paso que restaba por finiquitar en el proceso de expropiación de estas viviendas y que afecta a 19 de las 40 familias afectadas por esta actuación urbanísticas. El Ayuntamiento de Palma abonará una media de 8.300 euros a cada uno de los propietarios. Una vez finalizado el pago habrá concluido de forma definitiva el proceso expropiatorio.