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El Consell iniciará la demolición de obras ilegales en cinco municipios |
(Diario de Mallorca, 3/05/2005)
Las infracciones incluyen dos piscinas o la ampliación de una vivienda en suelo rústico
F. GUIJARRO. PALMA.
El Consell de Mallorca va a iniciar su campaña contra el urbanismo ilegal en cinco municipios de la isla. El primer paquete de demoliciones, que se va a sacar a concurso para adjudicarlo a una constructora, afecta tanto a áreas protegidas como a suelo urbano, donde se han construido piscinas o ampliado viviendas de forma irregular.
El derribo de construcciones ilegales, que previsiblemente se iniciará en septiembre u octubre, tras iniciar ahora los trámites para su adjudicación, se va a poner en marcha en cinco municipios, según señaló el responsable del departamento de Territorio, Bartomeu Vicens.
En Andratx se va a proceder a destruir una piscina y unas dependencias de 28 metros cuadrados que se instalaron en una zona calificada como Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP), mientras que en Llucmajor la demolición se va a ejecutar sobre una casa de aperos de 27 metros cuadrados con una piscina y alberca de 24 metros cuadrados situadas en suelo rústico.
En este paquete de derribos aparece también una ampliación de 44 metros cuadrados de una vivienda rústica de Artà, la cimentación de un camino de 80 metros en una ARIP de Sóller y un porche y una pérgola de 14,5 metros cuadrados en suelo urbano de Pollença.
Ante la pasividad de los respectivos ayuntamientos y la negativa de los propietarios a demoler esas construcciones, pese a que se les dio un plazo adicional para hacerlo, el Consell procederá ahora a realizar estos trabajos de forma subsidiaria, para reclamar posteriormente a los titulares de las obras que cubran el coste que han generado.
Este organismo cuenta en estos momentos con una lista de 39 obras ilegales, repartidas en 22 municipios, cuya demolición se irá adjudicando en paquetes de cuatro o cinco actuaciones a medida que se vaya completando la tramitación de sus expedientes.
Vicens señaló que aunque no se trata de una campaña de "búsqueda y captura", sí se pretende que se respete la legalidad.
Las infracciones incluyen dos piscinas o la ampliación de una vivienda en suelo rústico
F. GUIJARRO. PALMA.
El Consell de Mallorca va a iniciar su campaña contra el urbanismo ilegal en cinco municipios de la isla. El primer paquete de demoliciones, que se va a sacar a concurso para adjudicarlo a una constructora, afecta tanto a áreas protegidas como a suelo urbano, donde se han construido piscinas o ampliado viviendas de forma irregular.
El derribo de construcciones ilegales, que previsiblemente se iniciará en septiembre u octubre, tras iniciar ahora los trámites para su adjudicación, se va a poner en marcha en cinco municipios, según señaló el responsable del departamento de Territorio, Bartomeu Vicens.
En Andratx se va a proceder a destruir una piscina y unas dependencias de 28 metros cuadrados que se instalaron en una zona calificada como Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP), mientras que en Llucmajor la demolición se va a ejecutar sobre una casa de aperos de 27 metros cuadrados con una piscina y alberca de 24 metros cuadrados situadas en suelo rústico.
En este paquete de derribos aparece también una ampliación de 44 metros cuadrados de una vivienda rústica de Artà, la cimentación de un camino de 80 metros en una ARIP de Sóller y un porche y una pérgola de 14,5 metros cuadrados en suelo urbano de Pollença.
Ante la pasividad de los respectivos ayuntamientos y la negativa de los propietarios a demoler esas construcciones, pese a que se les dio un plazo adicional para hacerlo, el Consell procederá ahora a realizar estos trabajos de forma subsidiaria, para reclamar posteriormente a los titulares de las obras que cubran el coste que han generado.
Este organismo cuenta en estos momentos con una lista de 39 obras ilegales, repartidas en 22 municipios, cuya demolición se irá adjudicando en paquetes de cuatro o cinco actuaciones a medida que se vaya completando la tramitación de sus expedientes.
Vicens señaló que aunque no se trata de una campaña de "búsqueda y captura", sí se pretende que se respete la legalidad.